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En Estados Unidos, la Ley de Atención Médica Asequible (Obamacare) llevó el control de natalidad a mujeres pobres y de clase trabajadora. La mayoría de las aseguradoras deben cubrir el costo total de los métodos anticonceptivos, algo que también aplica para aquellas que cuentan con cobertura privada por medio de sus empleadores. Una medida a la que Donald Trump le declaró la guerra desde que llegó a la Casa Blanca. El magnate inmobiliario ganó la Presidencia de Estados Unidos gracias al voto evangélico: más del 80 % de los blancos de ese grupo votaron por él. Y por eso Trump está en deuda.
“El presidente más provida de la historia de Estados Unidos”, como lo llama Mike Pence, su vicepresidente, definió una agenda social en temas de mujeres, derechos reproductivos, homosexuales y aborto muy restrictiva. Trump —quien no encaja en el perfil del buen cristiano, pues tiene tres divorcios encima y muchos escándalos sexuales— ha obstaculizado el acceso al aborto en varios estados promulgando restricciones amparadas en derechos religiosos.
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Por eso Trump cambió a dos jueces del Supremo con dos candidatos críticos con el derecho al aborto. Alegando la religión, Trump prohibió el acceso al aborto en varios estados, prohibió el uso de fondos públicos para financiar a organizaciones que practiquen la interrupción del embarazo y el Departamento de Salud propuso una normativa que supone el corte de fondos federales a cualquier clínica que los practique o comparta instalaciones con entidades que lo hagan.
El año pasado, Trump comenzó a atacar un punto de la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible (Obamacare), proclamada en 2010, que asegura el cubrimiento de la anticoncepción para miles de mujeres. De acuerdo con The New York Times, más de 55 millones de mujeres se han beneficiado del Obamacare y han recibido anticonceptivos gratuitos, además de que el número de embarazos no planeados se ha reducido drásticamente.
Datos que tienen sin cuidado a la actual administración estadounidense, que emitió una legislación que permite a los empleadores y a las aseguradoras negarse a proporcionar cobertura gratuita de métodos de control de natalidad si al hacerlo violan sus “creencias religiosas” o “convicciones morales”. Esa nueva norma, emitida el año pasado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos, busca limitar la cobertura de natalidad en los planes de salud que se ofrecen a los trabajadores.
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De acuerdo con altos funcionarios del Departamento de Salud y Servicios Humanos, la norma de Trump solo dejaría sin acceso gratuito a los anticonceptivos a 120.000 mujeres. La Unión para las Libertades Civiles en América (ACLU) y el Centro Nacional de Leyes de la Mujer trabajan para interponer una demanda contra Trump por discriminar a las mujeres y violar las cláusulas de la Constitución que garantizan la igualdad de derechos y la separación entre Iglesia y Estado. “Esta es una afrenta a los derechos de las mujeres y vamos a ver al gobierno en los tribunales”, advirtió Brigitte Amiri, abogada de ACLU a la prensa estadounidense.
Pero varios jueces del país levantaron un muro. Uno más sólido que el que el mandatario pretende levantar en la frontera con México. La norma, que estaba lista para entrar en vigor el lunes 14 de enero, sufrió varios bloqueos. El juez de distrito de Estados Unidos Haywood Gilliam, en Oakland (California), emitió el domingo una orden judicial preliminar contra las reglas para la nueva exención en California, otros 12 estados y Washington DC.
Pero Gilliam no pudo bloquear la norma en todo el país, lo que deja a millones de mujeres desprotegidas. “La ley no podría ser más clara: los empleadores no tienen interés alguno en interferir en las decisiones de salud de las mujeres”, dijo el fiscal general de California, Xavier Becerra, en una declaración. Y agregó: “El fallo detiene otro intento de la administración Trump de pisotear el acceso de las mujeres a la atención reproductiva básica”.
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El Departamento de Justicia de EE. UU. ha señalado en documentos que las reglas “protegen a una clase estrecha de sinceros objetores religiosos y morales de ser obligados a facilitar prácticas que entren en conflicto con sus creencias”.
Opinión que tampoco comparte una jueza de Filadelfia. Wendey Beetlestone dictaminó esta semana que las nuevas reglas dificultarían que muchas mujeres obtengan anticonceptivos sin costo y esa sería una carga excesiva para los diferentes estados del país. “Ningún estadounidense debe ser obligado a violar su propia conciencia para cumplir con las leyes de nuestro sistema de salud”, dijo Caitlin Oakley, portavoz del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos.
La batalla continúa, pues estas decisiones pueden ser apeladas por el presidente Trump, aunque los jueces argumentan que la exención de “convicciones morales” creada por el gobierno de Trump no implica las protecciones de la Constitución para la libertad religiosa y es “incoherente con el lenguaje y el propósito del Obamacare”.
En medio de este debate se realizará este viernes 18 de enero la marcha Provida en Washington, que se ha realizado los últimos 45 años. A pesar del cierre parcial del gobierno, sus organizadores dijeron que el evento no se detendría. El evento, uno de los mayores mítines políticos anuales en EE. UU., convocó a varias ciudades del país a celebrar misas y otros eventos religiosos, para rechazar también la decisión de la Corte Suprema sobre el caso Roe v. Wade.
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Se temía que Trump echara para atrás ese histórico fallo de 1973, que legalizó el aborto en Estados Unidos. Pero expertos consideran que es muy difícil revertirlo. “La anticoncepción es una necesidad médica para las mujeres durante cerca de treinta años de sus vidas. Mejora la salud de las mujeres, los niños y sus familias, así como de su más amplio entorno, reduciendo la mortalidad materna y mejorando su estabilidad económica”, señaló Haywood L. Brown, presidente del Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos (ACOG).
La marcha de este viernes respaldará estos intentos de Trump para acabar con la obligación de las aseguradoras de hacerse cargo de la contracepción. En 2014 la Corte Suprema falló a favor de dos compañías que se negaban a cumplir con esta disposición del Obamacare, alegando convicciones religiosas.