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Las calles de las ciudades catalanas están en ebullición desde que el lunes el Tribunal Supremo impusiera penas de entre 9 y 13 años de cárcel a nueve líderes independentistas, implicados en el intento fallido de secesión en octubre de 2017.
Las protestas de los soberanistas, que denuncian un juicio “político” contra sus líderes, terminaron en disturbios en las principales ciudades catalanas; en Barcelona se vieron barricadas ardiendo y cargas policiales. Una situación tensa que ha puesto de nuevo de relieve la distancia entre los separatistas, que controlan el gobierno y el parlamento catalanes, y los constitucionalistas.
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Uno de los escenarios de tensión se encuentra en las universidades, donde se convocó una huelga estudiantil el jueves y el viernes en repudio a la sentencia del Supremo. El filólogo y crítico literario catalán, Jordi Amat Fusté, hace un análisis de la actualidad.
¿Por qué España no ha podido resolver el asunto de Cataluña?
Permíteme una respuesta obvia: porque es un problema de una enorme complejidad. Afecta a la identidad nacional sobre la que se funda una comunidad política hasta el reparto del poder. La propuesta que mayoritariamente se planteó desde Cataluña al Estado para resolver el asunto fue rechazada y, al no haber sido ofrecidas alternativas a la demanda, la crisis constitucional ha desembocado en un conflicto de Estado.
¿Existe una solución que satisfaga a independentistas y no independentistas?
No, si lo planteamos en términos maniqueos. Una solución blanca o negra no puede ser compartida. Pero conformarnos con este pesimismo tampoco nos lleva a ninguna parte, sería aceptar la “antipolítica” como norma y, por el contrario, necesitamos encontrar un camino para llegar a la salida del conflicto. No hay otra alternativa que la cesión mutua.
¿Cómo cambió Cataluña después del referéndum del 1.° de octubre y todo lo que esto desató?
Fue un día muy extraño. No fue un referéndum, y los políticos lo sabían, pero al mismo tiempo fue un acto donde escenificando una votación confluyó la desobediencia civil y la institucional creando un vacío de poder que se ha llenado con una regresión democrática. Digamos que polarizó las posiciones en Cataluña y la pérdida de consentimiento de una parte de la ciudadanía con el Estado aumentó.
¿La cuestión catalana rompió la convivencia en España?
No. El conjunto de España reafirmó el nacionalismo español —porque la nación fue puesta en cuestión— y tensó la convivencia en Cataluña, porque no puede ser de otra manera: vivimos en un conflicto instalado en nuestra cotidianidad desde hace años.
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Cataluña en el eje de la campaña electoral de nuevo; sin embargo, sin a priori propuestas de solución...
Efectivamente: las únicas propuestas, por ahora, son las medidas punitivas tanto en el plano penal como el institucional. Es decir, propuestas de empeoramiento de la crisis constitucional y el conflicto político.
Esta parece ser una historia de nunca acabar. ¿Por qué?, ¿qué falta para solucionar el conflicto?
Coraje y responsabilidad de todos los actores implicados para pactar el desacuerdo.
Si las manifestaciones tras la sentencia se descontrolan, ¿volvemos al punto de 2017, cuando se celebró el referéndum y se declaró de manera simbólica la Independencia de Cataluña?
No. Retrocederíamos más porque las instituciones ahora tienen menor capacidad para encauzar la situación.
¿Existe una solución real mientras los líderes del ‘procés’ estén en prisión?
Diría que no, es decir, emprender un diálogo político necesita unas condiciones de normalidad que no existirán mientras los líderes del ‘procés’ —yo creo que son presos políticos— estén encarcelados.
El presidente catalán, Quim Torra, incita las manifestaciones tras el fallo judicial y en paralelo envía la policía para cargar contra ellos... ¿se puede mantener en el tiempo esa contradicción?
El intento de mantener esta contradicción habla de la situación paradójica en la que estamos y de la incapacidad del presidente para gestionar una situación altamente compleja. Lo ha intentado, sin duda, pero en último término es imposible ser el principal representante del Estado en Cataluña y al mismo tiempo trabajar de una manera sostenida para resquebrajarlo por vías unilaterales.
¿Podría ser el indulto un punto de partida para negociar una solución pactada entre Cataluña y el resto de España?
Aunque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmó que su propósito era que los presos cumplieran íntegramente las penas, creo que una decisión valiente como el indulto —impopular en el resto de España— le permitiría conquistar una autoridad que es necesaria para poder intentar encauzar el conflicto.
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El tercer grado de los presos parece cercano ya que las competencias para la concesión de beneficios penitenciarios pertenece al Govern. Por su parte, las defensas ya han comunicado que van a recurrir para conseguir la nulidad de la sentencia condenatoria. ¿Qué puede pasar?
Este proceso penal no ha sido un proceso convencional y sus consecuencias son también políticas. El juez del Tribunal Supremo ha dictado sentencias y ahora llega el tiempo de los recursos, primero en el Constitucional y después en Estrasburgo. Al mismo tiempo, para destensar la situación, será positivo que los presos puedan acogerse a los beneficios penitenciarios. Lo que pueda pasar, más allá de los deseos, lo dirá el futuro y la capacidad de la democracia española para salir fortalecida de una crisis política que mientras no se solucione gangrenará el Estado.
¿Qué escenarios se pueden abrir si continúa la tensión en las movilizaciones? ¿Podría el Estado invocar el artículo 155 de la Constitución (suspensión de la autonomía) o incluso el 116 (estado de excepción)?
No es fácil saberlo. Por ahora la estrategia de la Generalitat ha sido ceder a la calle la respuesta a la sentencia. Así se evita el 155. Es una decisión que sitúa a los Mossos en una situación imposible. Y sí, esa situación puede degenerar más y provocar una intervención mas drástica del Estado central. Desde un punto de vista político, seamos claros, estamos atrapados.