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Desde el pasado 27 de septiembre, el magistrado Gustavo Malo Fernández, uno de los togados salpicados por el escándalo del cartel de la toga, dejó de asistir a la Corte Suprema de Justicia. En ese momento, el magistrado de la Sala Penal pidió una licencia no remunerada de dos meses con el propósito de defenderse de las acusaciones que lo involucran con la peor crisis que haya enfrentado la Corte en su historia. Auque Malo debía regresar el 1 de diciembre de 2017, presentó lo que sería la primera de una serie de incapacidades médicas para no presentarse ante la justicia.
La última que llegó al alto tribunal, fue negada por los compañeros de sala de Malo y, por eso, se espera que el magistrado se presente en la Corte a las ocho de la mañana de este lunes 20 de marzo. La Sala Penal lo citó con el propósito de escucharlo y decidir, a partir de su declaración, si es suspendido de su puesto, o si puede seguir desempeñándose como magistrado mientras se adelanta la investigación en su contra en la Cámara de Acusación de la Cámara de Representantes.
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La Corte Suprema de Justicia lleva casi seis meses en la tarea de definir si Malo puede seguir haciendo su trabajo, teniendo en cuenta que se le señala de haber participado de manera directa en el cartel de la toga. Sus compañeros de tribunal se reunieron el año pasado en una sala extraordinaria para promover un cambio clave en su reglamento interno. La Corte Suprema consigno el nuevo punto de su libro de reglas en el Diario Oficial del pasado 24 de noviembre, y explicó que, en casos donde los magistrados estuvieran invesigados penalmente, la Sala Penal tenía la opción de suspenderlo mientras se resuelve el caso.
"Con el fin de garantizar la legitimidad, la moralidad y la éticaen la función administrar justicia y para salvaguardar la legitimidad, la credibilidad, el buen nombre y prestigio de la Corporación" la Sala Plena deberá escuchar al implicado, en este caso el magistrado Malo Fernández, para tomar las decisiones administrativas correspondientes, es decir, evaluar si lo releva de si cargo por el término que dure la investigación.
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Entre las medidas que puede tomar esta Corporación durante el relevo temporal de las funciones se encuentran: suspender el reparto de expedientes al despacho del magistrado relevado o proponer al la Sala Plena el encargo de funciones a un servidor de la misma Corte por el tiempo que se estime necesario. En todo caso, explica el alto tribunal, se trata de sanciones administrativas, preventivas y no sancionatorias.
Aunque la última excusa fue negada por la Corte, Malo presentó por lo menos dos excusas más para esquivar su regreso al Palacio de Justicia. Una de ellas empezó a regir desde 13 de enero de este año, tras la vacancia judicial de diciembre. Al acabarse el plazo, es decir el 31 de enero, Malo Fernández pidió permiso para asistir a su médico, el cual determinó que Malo presentaba un “shock de estrés” por lo que se prorrogó su incapacidad 20 días más.
Ante las ausencias del togado, el magistrado Fernando Bolaños se mantuvo en su cargo. La última de las excusas de Gustavo Malo llegó a los escritorios de la Corte Suprema el 27 de febrero de este año, con la que obtuvo el permiso de seguir ausente de su despacho hasta el pasado sábado 17 de marzo. Con los días contados, la semana pasada el cuestionado magistrado hizo llegar a la secretaría de la Corte otra excusa para evitar el llamado de sus compañeros y seguir ausente hasta el 23 de marzo.
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La excusa fue negada por los magistrados, quienes están desde el año pasado tratando de resolver la situación de Malo dentro del alto tribunal. Con esta decisión, a Malo no le queda otra opción que presentarse hoy en las salas de audiencias de la Corte, en donde sus compañeros lo esperan con expectativa. La razón por la que el magistrado Malo suspendió sus labores en septiembre pasado y se ha rehusado a regresar, tiene que ver con las declaraciones que ha hecho el exfiscal anticorrupción, Luis Gustavo Moreno,
Según su versión, Malo hizo parte del grupo de abogados y magistrados que, a cambio de dinero, desviaron sentencias y decisiones judiciales. El exfiscal, quien está preso por estos mismos hechos y está a punto de ser extraditado a Estados Unidos, explicó que la información que le daba Malo sobre procesos en la Corte fue clave para concretar negocios ilícitos con políticos. Fue así como, explicó el exfiscal, le pidió dinero al senador Musa Besaile para detener una orden de captura en su contra. Este caso estaba, precisamente, en el despacho de Malo.
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Finalmente, en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes ya esta lista la ponencia en contra del magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Gustavo Malo Fernández, en la que se afirma que existirían serios indicios de que el togado tuvo vínculos con el llamado cartel de la toga. Al magistrado se le acusa de los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio, tráfico de influencias, prevaricato y utilización de asunto sometido a secreto o reserva.