Alfredo Correa de Andreis fue capturado injustamente: Consejo de Estado

El 18 de junio de 2004, Alfredo Correa de Andreis, sociólogo y catedrático de las universidades del Norte y Simón Bolívar, en Barranquilla, fue detenido por la Fiscalía, señalado de ser un ideólogo de las Farc. Para justificar su arresto, el entonces Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) usó dos testimonios de exguerrilleros y consideró su trabajo en comunidades como un indicio de actividades subversivas. Tres meses más tarde, una alianza perversa entre el DAS y grupos paramilitares condujo a su asesinato. El Consejo de Estado encontró que la captura de Correa de Andreis fue injusta e ilegal. Y por ello condenó a la nación.

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Dedicado a la labor social, el profesor Correa de Andreis fue una de las víctimas que dejó la asociación criminal entre integrantes del DAS y el bloque Norte de las Autodefensas, para señalar de tener nexos con la guerrilla a activistas, sindicalistas, profesores y estudiantes, ejecutarlos y así legitimar sus muertes. Al estudiar una demanda que presentaron los familiares del profesor, el Consejo de Estado cuestionó severamente al DAS en su labor investigativa, que terminó identificándolo como alias Eulogio, y sentenció que sus labores de inteligencia “fueron utilizadas con fines oscuros”.

La estrategia en el caso del profesor Correa de Andreis consistió en no cuestionar los testimonios de Mayerlin Torres y Javier Larrazábal, exguerrilleros de las Farc, sobre la supuesta presencia de Correa en campamentos a finales de 1998 y 2001. Con estas declaraciones, el DAS sustentó una orden de detención que la Fiscalía hizo efectiva pero que revocó en menos de un mes, tras analizar documentos y fotos que lo ubicaban en otros lugares para las fechas citadas. El fallo del Consejo de Estado, en poder de El Espectador, asegura que la Fiscalía ni siquiera tuvo en cuenta que los testimonios eran prácticamente iguales, como un libreto.

Según la sentencia, la Fiscalía buscó estigmatizarlo por su trabajo como docente y con poblaciones víctimas de desplazamientos en Atlántico y Bolívar, como si eso probara la pertenencia a la guerrilla. Para el alto tribunal, lo que hizo este organismo es simplemente inadmisible: “El hecho de que alguien tenga condición de docente y labore en actividades de orden social con grupos marginados no puede servir de excusa para predicar que tal labor no puede valer más que para el ocultamiento de una actividad ilícita (…) Tal modo de proceder no puede calificarse más que de un trato discriminatorio y prejuicioso”, dice el fallo.

Si bien Correa quedó libre el 14 de julio de 2004, fue asesinado a tiros el 14 de septiembre de ese mismo año en Barranquilla, junto con su escolta Edelberto Ochoa. En 2011, la Corte Suprema de Justicia condenó a 25 años de prisión al exdirector del DAS Jorge Noguera Cotes, por poner esa institución a disposición del bloque Norte de las Autodefensas, que lideraba Rodrigo Tovar Pupo y del cual hacía parte Édgar Ignacio Fierro, alias Don Antonio, quien dio la orden de matar al profesor.

“Mientras el primero (el DAS), a través de sus funciones de inteligencia y de policía judicial, fabricó un montaje para hacerlo ver como subversivo (a Correa de Andreis), el segundo (el bloque Norte de las Auc) ejecutó a un falso guerrillero”, sentenció la Corte Suprema en su momento. Y aunque la demanda solo cuestionaba la detención injusta del profesor, el Consejo de Estado fue más allá y ratificó que el DAS identificó a Correa como un guerrillero conocido con el alias Eulogio y pidió a la Fiscalía su detención, hecho que resultó ser la antesala de su asesinato.

Fue el director del DAS en Magdalena, Javier Valle Anaya, quien hizo seguimientos ilegales al profesor Correa y emitió el informe de inteligencia con los testimonios de los dos exguerrilleros. Después se supo que Anaya tenía nexos con Don Antonio y fue condenado en 2017 a cuarenta años de prisión. Se encuentra preso en los Estados Unidos desde octubre de 2018.

Fue el DAS el que desconoció los derechos de Correa de Andreis al tacharlo de subversivo y así justificar “a nivel ideológico su asesinato a través de un grupo paramilitar”. Para el Consejo de Estado, esto es “una manifiesta e infausta vulneración a los derechos a la dignidad, vida y honra de dicha persona”.

“El DAS se extralimitó de manera grosera en sus funciones de inteligencia, de defensa y seguridad nacional, se apartó de sus obligaciones (...), pues actuó de manera ilegítima e ilegal con el hecho de suministrar información, falsa y tergiversada, respecto de las actividades que desempeñaba el profesor Alfredo Correa de Andreis”, sentenció la corporación, con ponencia del magistrado Ramiro Pazos.

Por esa razón, el Consejo de Estado ordenó indemnizar a la familia del profesor y condenó al extinto DAS (que en procesos es ahora la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado) por la violación de los derechos al buen nombre, la dignidad y la honra de Correa de Andreis. Además ordenó que se elaboren dos placas para conmemorar su trabajo como defensor de derechos humanos y con las poblaciones víctimas de desplazamiento y de despojo de tierras. Esas placas se deberán instalar en las universidades del Norte y Simón Bolívar de Barranquilla.

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Finalmente, se ordenó al Estado que garantice el desarrollo y la culminación de un proyecto de investigación sobre la defensa de los derechos humanos que llevará el nombre del profesor Alfredo Correa de Andreis. En diálogo con El Espectador, el abogado de la familia, José Humberto Torres, celebró la decisión, ya que el alto tribunal hizo alusión a la responsabilidad del DAS e impuso medidas para restablecer el nombre del profesor. “Yo estoy muy satisfecho”, dijo.

Además anunció que le pedirá a la Fiscalía que interponga una acción ante el Consejo de Estado para que sean los fiscales que llevaron el caso inicialmente los que paguen con su propio dinero por las irregularidades que cometieron, entre ellos uno que hoy es magistrado del Tribunal Superior de Barranquilla, quien ordenó la captura del profesor. El abogado Torres explicó que aún falta avanzar en procesos judiciales en contra de otros funcionarios del extinto DAS, como Giancarlo Auque de Silvestri, exdirector de inteligencia del DAS, y Rómulo Betancur, exdirector del DAS en Bolívar, y anunció que pedirán la deportación a Colombia de Javier Valle Anaya.