Si el expresidente Juan Manuel Santos quiere dar su versión ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) de los dineros que recibió su campaña presidencial en 2014 -en la que derrotó a Óscar Iván Zuluaga, del Centro Democrático-, tendrá que hacerlo en persona. Así se lo notificó el organismo en una carta enviada a su abogado, Alfonso Portela Herrán, el pasado 17 de octubre.
El exmandatario estaba citado para declarar en versión libre el pasado 4 de octubre. Lo estaban también el tesorero de la campaña, Gilberto Contreras; la auditora de la campaña, Aracely Rojas; el secretario general y representante del Partido de la U para esa fecha, Óscar Rueda, y el gerente de la campaña, Roberto Prieto Uribe, preso en la cárcel Modelo.
::La lupa del Consejo Nacional Electoral a la campaña Santos::
Pero Santos no llegó. Desde el 17 de agosto de este año había hecho llegar una comunicación al CNE a través de su abogado Portela, en la que se solicitó que se tuviera en consideración “el fuero constitucional con el que contaba Juan Manuel Santos Calderón al momento de la campaña presidencial de 2014”. Lo que el CNE indaga es si Odebrecht hizo o no aportes irregulares a esa campaña.
Con base en ese argumento, Santos, quien siempre ha sostenido que él no tuvo conocimiento de ninguna irregularidad en las finanzas de sus campañas, pidió responder la versión libre “mediante cuestionario que remitan por medio de su apoderado”. Dos meses más tarde, y 13 días después de la fecha en la que estaba programada la diligencia, el CNE le respondió.
“En efecto, nos encontramos con una persona frente a la cual la Constitución establece la garantía de fuero, sin embargo, se le aclara al peticionario que en el marco del (radicado) 3860-19, se abrió indagación preliminar (el pasado 13 de agosto) frente a hechos ocurridos en el marco de la campaña presidencial del año 2014”.
La CNE sostuvo que lo que está bajo indagación es que “presuntamente ingresaron dineros ($4.000 millones) de manera irregular e ilegal a la campaña del candidato Juan Manuel Santos Calderón” de parte de la multinacional Odebrecht. Es decir, “no se está investigando hecho alguno relacionado con el ejercicio del cargo presidencial de Santos Calderón, sino (…) en calidad de candidato presidencial”.
Así las cosas, la Comisión Especial que se conformó en el CNE para llevar adelante esta indagación concluyó “que no hará reconocimiento de la calidad de aforado constitucional de Juan Manuel Santos Calderón, por lo que se le invita a presentarse en diligencia de versión libre (…) es un derecho del investigado para el ejercicio de su derecho a la defensa”.