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La primera condena que emitió la nueva Sala Especial de Primera Instancia fue en contra del actual gobernador de La Guajira, Wílmer David González Brito, por fraude electoral. La decisión del pasado 24 de octubre la tomó el magistrado titular Ramiro Marín y un conjuez, ya que los otros dos juristas que integran esa sala estaban impedidos. Con un mes de funcionamiento, tras la posesión de los magistrados que faltaban, por fin es una realidad la doble instancia para la investigación y el juzgamiento de congresistas, gobernadores y generales. Y la presentación de impedimentos ya empieza a marcar su puesta en marcha.
La Sala de Primera Instancia la integran, junto con Marín, los magistrados Ariel Augusto Torres y Jorge Emilio Caldas Vera, quien hasta su designación se desempeñaba como procurador delegado ante la Corte Suprema. La sala recibió el pasado 8 de octubre 133 procesos que llevaba la Sala Penal, entre los cuales hay 100 juicios y 30 preclusiones. Entre ellos está el juicio en contra del exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos, por presuntos vínculos con paramilitares, y la decisión sobre el exmagistrado de la Corte Constitucional Jorge Pretelt, procesado por supuestamente pedir $500 millones para direccionar una tutela en favor Fidupetrol.
La Sala de Primera Instancia empezó a funcionar con Marín y Torres el 19 de julio, pero tuvo que suspender términos ante la imposibilidad de funcionar debidamente por la falta del tercer magistrado, Caldas, quien se posesionó el pasado 8 de octubre. Desde entonces, los magistrados han empezado a presentar impedimentos en algunos procesos, lo que tiene grandes implicaciones. Ya que como solo son tres juristas, y la mayoría se adopta con dos votos, los conjueces tendrán una labor importante en el funcionamiento de la sala. En el caso del gobernador González Brito, al magistrado Torres se le aceptó el impedimento porque su cónyuge fue perito de la Fiscalía en el caso. Caldas también se apartó del caso y fue designado Julio Andrés Sampedro como conjuez.
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No obstante, Sampedro es actual conjuez de la Sala Penal. Desde la Corte Suprema se comentó a El Espectador que podría ser problemático que la nueva sala tenga que recurrir a alguno de los 26 conjueces que tiene la Sala Penal, porque le genera un impedimento a futuro. Y en este caso, como en muchos otros, la Sala Penal actual tendrá que declararse impedida para estudiar la apelación, si se presenta, porque fue la que adelantó la investigación y el juicio. Fuentes explicaron a este diario que la Sala de Primera Instancia está en proceso de elegir conjueces, aunque no se ha especificado si serán nuevos juristas. El proceso es clave, porque de eso depende el futuro de los casos y porque, usualmente, los conjueces también litigan ante la Corte.
Por ejemplo, entre los 26 conjueces de la Sala Penal está Pedro Aguilar, abogado del exjefe anticorrupción de la Fiscalía Luis Gustavo Moreno; Mauricio Pava Lugo, abogado del excongresista David Char Navas; Raúl Cadena Lozano, quien apoderó al exsenador Plinio Olano, o Hugo Quintero Bernate, quien representó a la nación en el juicio a Jorge Pretelt. En ese sentido, es claro que para evitar que los procesos se conviertan en un laberinto de impedimentos, la Sala de Primera Instancia deberá hacer una acertada elección.
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El magistrado Caldas se declarará impedido en el proceso contra Pretelt, ya que como procurador solicitó a la Sala Penal que lo condenara, y también en el caso contra el excongresista Óscar Suárez Mira por enriquecimiento ilícito, en el que pidió su absolución. Igualmente, pedirá ser apartado de los juicios en contra de la excongresista Aída Merlano por fraude electoral, y el de Plinio Olano y Bernardo Miguel Elías Vidal, por Odebrecht.
Caldas se declaró impedido en el caso de la exfiscal Hilda Niño Farfán, por presuntos favorecimientos a paramilitares, pero le fue negado. Ante esto, Niño lo recusó. Entre tanto, Ariel Torres Rojas se declaró impedido -y fue aceptado- en el juicio contra Óscar Suárez Mira, porque fue auxiliar de Eugenio Fernández Carlier, quien tenía el caso.
La decisión de aceptar su impedimento se tomó con apoyo del conjuez Juan Carlos Prías Bernal, quien es parte de los conjueces de la Sala Penal, que deberá, si fuere el caso, retomar este proceso en segunda instancia. Por el lado del magistrado Marín Vásquez se ha hecho público un impedimento en el caso de Aída Merlano, porque el abogado de la congresista es pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad de su cónyuge. El impedimento fue aceptado con el apoyo de Francisco José Sintura como conjuez. De esta manera, la sala arrancó funciones.
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En el caso de la Sala de Instrucción, que recibió 443 indagaciones previas y 21 en fase de instrucción, se acordó suspender términos hasta el próximo 8 de noviembre por no contar con el personal suficiente para comenzar los estudios. Entre los casos destacados están procesos contra Armando Benedetti, Dilian Francisca Toro, Miguel de la Espriella, Otto Bula, Juan Manuel Corzo, Yahir Acuña, Néstor Iván Moreno, Nilton Córdoba Manyoma, José Obdulio Gaviria y más de 10 indagaciones previas en contra del expresidente y senador de la República Álvaro Uribe. Una de estas tiene que ver con la presunta responsabilidad en los delitos de fraude procesal y soborno, relacionados con una supuesta intención de manipular al testigo Juan Guillermo Monsalve, quien ha señalado al exmandatario de tener supuestas relaciones con el paramilitarismo