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A través de una acción de tutela, 12 familias cocaleras de Puerto Asís (Putumayo) e Ipiales (Nariño) quieren frenar su expulsión del Programa Nacional de Sustitución de cultivos ilícitos (PNIS), creado con el Acuerdo de Paz con la guerrilla de las Farc. Según los demandantes, la decisión de la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, en cabeza de Emilio Archila, de excluirlos del proceso de dejación de la coca por otro tipo de cultivos, vulneró sus derechos fundamentales, por lo que ahora le piden a un juez que le ordene al Gobierno volver a recibirlos en el proyecto.
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La demanda ahora está en estudio de un juzgado civil de Bogotá, que deberá estudiar las pruebas y pedir la respuesta de las entidades demandadas. Los casos de los campesinos excluidos, que han recibido el acompañamiento del Centro de Estudios Jurídicos Dejusticia, son similares: la Dirección para la Sustitución de Cultivos Ilícitos decidió excluirlos, luego de que la oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (Unodc), en el monitoreo que hace usualmente, concluyera en actas que los campesinos tenían más coca en sus fincas de la que se habían comprometido a tener para la fecha, tras haber firmado los acuerdo de sustitución.
Según Dejusticia y los campesinos, no se les permitió apelar estas actas de la Unodc, y, además, el Gobierno nunca los notificó debidamente de la expulsión. Por otro lado, al tomar estas medidas, que para ellos son una sanción, no se tuvieron en cuenta las condiciones particulares de los campesinos. Se trata de personas, dice la acción de tutela, con bajo nivel de escolaridad, habitantes de municipios afectados por la presencia de actores armados, cuyas viviendas no cuentan con acceso a servicios básicos y, generalmente, están alejadas de los cascos urbanos.
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Por todo esto, piden que se declare que, con la expulsión, Presidencia, la Consejería Presidencial para la Estabilización, la Agencia para la Renovación del Territorio y la Dirección para la Sustitución de Cultivos Ilícitos, vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, al mínimo vital y a la igualdad material. En primer lugar, sostienen que la expulsión fue “indebidamente” notificada, o no se tuvo en cuenta diferentes pruebas allegadas para evitarla.
Asimismo, aseguran que la decisión de expulsarlos se tomó “sin tener en cuenta las condiciones de desigualdad estructural de la población campesina cocalera”. Por ejemplo, como aducen en la tutela, que viven en regiones dominadas por actores armados. Pero quizá lo más grave es que, según la demanda, con la expulsión del Programa estas doce familias se encuentran en una profunda vulnerabilidad, pues los subsidios y apoyos que recibían el PNIS eran su único ingreso.
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En concreto, las familias quieren volver al Programa. Por eso, piden que se les reintegre al PNIS de manera temporal mientras se realiza una segunda verificación de la coca que hay en sus predios y, por último, que se les permita acceder al dinero que dejaron de percibir por haber sido excluidos este periodo. Por otro lado, le pidieron al juez medidas más generales para que no se repitan circunstancias así, tales como: actualizar los protocolos del Programa con enfoque diferencial para poblaciones rurales en desigualdad socioeconómica; que se ordene implementar un proceso de revisión de las expulsiones; entre otras.