El argumento de la extorsión de Musa Besaile es exótico: Corte Suprema de Justicia

Musa Besaile se entregó el pasado 5 de octubre en Córdoba, después de estar 11 días prófugo de la justicia. / Cristian Garavito

La Sala de Instrucción 2 de la Corte Suprema de Justicia le dio una cátedra de derecho penal básico al ingeniero civil y senador, Musa Besaile Fayad. En un documento de 34 páginas, en el que el alto tribunal ordenó la captura del congresista el pasado 13 de octubre, quedó claro que para la Corte el hecho de que Besaile se haya presentado como una víctima de una extorsión por parte del exfiscal Gustavo Moreno, es una excusa inaudita, precaria y exótica. Con esas palabras, el alto tribunal desvirtuó el argumento que presentó el senador y su abogado, Julián Quintana al comienzo del escándalo del cartel de la toga.(Lea: Senador Musa Besaile es enviado a la cárcel La Picota)

Según la versión de Besaile, Moreno lo contactó a finales de 2014 para contarle que en la Corte Suprema estaba lista una orden de captura en su contra en un caso de parapolítica y que, a cambio de $2.000 millones él iba a detener su detención. El senador dijo además de sentirse intimidado, tuvo miedo de lo que podía pasar si no le pagaba la millonaria suma al hoy detenido exfiscal. La Corte explicó que su historia ha estado plagada de contradicciones pues fue el propio Besaile el que le dijo al alto tribunal que sabía que en su expediente no había ningún elemento en su contra que pudiera ocasionar su captura. (“Gustavo Moreno era un extorsionista profesional": Musa Besaile) 

Por eso, la Corte señala que “resulta exótico que ahora justifique su comportamiento con una explicación inadmisible en esa y en cualquier otra circunstancia (…) La coacción para pagar una suma de dinero con el fin de detener una decisión judicial es una disculpa inaudita. Por principio, la coacción supone el empleo de la violencia para impedir a la persona realizar un acto que la ley no prohíbe, que es precisamente lo que acá no ocurre”, explica el alto tribunal, que además hizo una minuciosa tarea de detallar qué es una extorsión y en qué circunstancias se da. En el caso de Besaile, señaló la Corte, no se cumple. (En contexto: Investigación contra Gustavo Moreno por corrupción aterrizó en la Corte Suprema)

“El acto de pagar a los jueces es un acto ilegal y desestabilizador de un Estado cuya legitimidad se sustenta en la construcción del orden justo, algo que seguramente un senador no puede ignorar. De modo que hacer de la intervención de la justicia la razón de ser de un pago ilícito será siempre inaceptable en cualquier circunstancia y más aún por quien tiene, dada su posición social y política, el deber de acatar las órdenes judiciales”, resaltó el alto tribunal. (¿Hasta dónde llegó la corrupción en la justicia?)

En la providencia de la Corte Suprema, los magistrados Luis Antonio Hernández, Fernando Alberto Castro y José Luis Barceló, tuvieron en cuanta la declaración que rindió el exfiscal Moreno en el alto tribunal. “Las precisiones de Moreno, plenamente documentadas, permiten inferir que la relación entre él y Besaile no fue fortuita, ni el resultado de ocasionales coincidencias, y que sus sórdidos pactos no fueron el producto de la ‘coacción’ de un fugaz conocido, sino la concertada negociación entre personas con indiscutible grado de confianza”, explicó la Corte. (El enredo en que terminó el congresista Musa Besaile por haber confesado su soborno)

Otro de los puntos que tocó el alto tribunal en su providencia es la manera en que Musa Besaile recolectó el dinero para pagarle al cartel de la toga. La Corte Suprema recopiló los testimonios que aseguraron que quien le dio el dinero al senador, fue un empresario de Córdoba, Miguel Ramírez Gómez. Sin embargo, también tuvo en cuenta las versiones de quienes aseguraron, como el abogado Leonardo Pinilla y el exgobernador Alejandro Lyons, que parte de los $2.000 millones los obtuvo de dineros del desfalco de la gobernación de Córdoba. (El cara a cara entre Gustavo Moreno y Musa Besaile)

“Las manifestaciones de Leonardo Pinilla (abogado) y la declaración de Alejandro Lyons se articulan de manera perfecta en torno a dos circunstacnias: la necesidad que tenía Musa de pagar una fuerte suma de dinero a Gustavo Moreno y la convicción cierta de que ese dinero no tenía por qué afectar sus finanzas personales, debido a que podía obetenerlo de los créditos que le había dejado su alianza con el exgobernador de Córdoba en los convenios criminales realizados para apropiarse de recursos públicos a través de la contratación”, explica la providencia de la Corte Suprema.

Lo que dice la Corte del magistrado Gustavo Malo

“Que el caso de Besaile durmiera el ‘sueño de los justos’, como lo dijo Moreno, solo se podía garantizar con la indispensable intervención del magistrado Malo, amigo del doctor Ricaurte, quien decidió por fuerza de la desconfianza con la red de intermediarios, pactar directamente con el senador el pago y garantizar el relativo éxito de la ilícita gestión”,  señaló la Corte Suprema que asimismo no titubeó en afirmar que, para eviar la captura de Besaile, el senador habría pagado una importante suma de dinero a través del abogado Luis Gustavo Moreno Rivera, entre otros, al magistrado Gustavo Malo Fernández, responsable de esa investigación". (Magistrado Gustavo Malo solicitó apartarse de su cargo por dos meses para defenderse)

Que hoy la justicia colombiana esté investigando la peor crisis por la que haya tenido que pasara la Corte Suprema de Justicia en su historia, es el resultado de la interceptaciones de una llamadas en las que se escucharon "los secretos de los involucrados que solamente podían saber sus artífices y que se dieron a conocer gracias a la ambición desmedida de sus protagonistas”. Para el alto tribunal, es claro que Musa Besaile no tenía ninguna intención de “concurrir al proceso y su entrega no fue producto de su voluntad de colaborar con la justicia, sino consecuencia de la presión y esfuerzos desplegados por el CTI”.

Aunque el senador trató por todos los medios detener la orden de captura por este caso, recurriendo al argumento de que se debe respetar su derecho a la presunción de inocencia, para la Corte, en esta situación, debe prevalecer el interés social que, en este caso, es el derecho de los colombianos a conocer con certeza qué fue lo que pasó dentro del alto tribunal en relación con el cartel de la toga.