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La implementación del Acuerdo de Paz enfrenta sus momentos más oscuros. Con el aumento de asesinatos de líderes sociales y guerrilleros desmovilizados, el incremento de hombres en los bandos de disidencias y paramilitarismo, la falta de curules en el Congreso para las víctimas y un panorama incierto por lo que pueda ocasionar la elección del nuevo presidente, la situación no es nada fácil. El escenario está empeorando por cuenta de los cuestionamientos sobre el manejo del dinero que varios países europeos le han entregado al Estado para apoyar programas ambientales, económicos y sociales en territorios en los que la guerra dejó huella. A las dudas sobre qué ha pasado con por lo menos US$200 millones, la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría ya pusieron sus lupas sobre el tema.
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Los primeros en elevar su voz de preocupación fueron los embajadores de Noruega, Suiza y Suecia. Los diplomáticos le enviaron una carta al viceministro técnico de Hacienda, Andrés Velasco, expresándole sus inquietudes por la decisión de no renovarle el contrato a Marcela Huertas, quien se había desempeñado como directora de la unidad técnica consultiva del Fondo Colombia Sostenible (FCS), un organismo que hace parte del Fondo Colombia en Paz (FCP), el grupo que recibe todo el dinero para la implementación del Acuerdo. En la comunicación, le pidieron al funcionario que les explicara por qué no seguirían trabajando con Huertas y le señalaron que era necesario “abrir un espacio para discutir las cualificaciones que se requieren para un funcionamiento óptimo”.
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Además, los embajadores explicaron que existe una necesidad de “reforzar el funcionamiento del Fondo y el cumplimiento del reglamento”, y le solicitaron a Velasco la vinculación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en la selección transparente de los proyectos. El contenido de la carta se conoció el pasado 2 de abril, en las páginas del diario El Tiempo. Fiscalía, Procuraduría y Contraloría no tardaron mucho tiempo en salirle al paso a la publicación y advertir que sus respectivos despachos tenían también varias dudas sobre el manejo del dinero. Según las declaraciones del ente investigador, desde hace un tiempo está tras la pista de lo que ha ocurrido dentro del Fondo por varias denuncias. Lo que ha dicho la Fiscalía podría ser el comienzo de otro escándalo de corrupción en el país.
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“De acuerdo con las evidencias obtenidas mediante controles técnicos y seguimientos legales, se advierte la existencia de una red de intermediarios que estarían interesados en la adjudicación de proyectos a determinados empresarios o contratistas, a cambio de beneficios económicos indebidos que se traducen en porcentajes sobre el valor de los mismos”, le explicó el fiscal, Néstor Humberto Martínez, al presidente Juan Manuel Santos, a través de una carta que ya está en poder del primer mandatario. El ente investigador ya tiene en su poder videos, audios y pruebas documentales que probarían el esquema de corrupción que se estaría armando en el fondo que recibe el dinero de extranjeros como ayuda para implementar el Acuerdo de Paz.
El fiscal Martínez y el procurador, Fernando Carrillo, han sido enfáticos en que apuntan a evitar que se desvíen los recursos. Por su parte, el contralor, Edgardo Maya, anunció que su entidad ya tiene su lupa sobre 1.800 contratos que ha ejecutado la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y que tiene todo listo para ampliar sus tareas de control a lo que ha hecho el FCP. En dos cartas, Maya le pidió al FCP que le enviara un documento en el que le explicara cómo se han ejecutado los recursos y a quiénes se les han entregado. En respuesta, el Fondo —según lo que divulgó la Contraloría— solo documentó lo que se ha invertido para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que entre 2017 y 2018 recibió $44.493 millones que ingresaron directamente al patrimonio autónomo del FCP como recursos presupuestales.
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El Fondo relató que gran parte de ese dinero se destinó a asuntos logísticos, como el arrendamiento de la oficina para que la jurisdicción pudiera arrancar sus labores y la contratación de profesionales para apoyar los temas jurídicos, en especial los procesos de selección y contratación que requiriera la JEP. El Gobierno también ha tenido que salir a dar explicaciones por la situación. Después de que se conociera la carta de los embajadores europeos, el comité directivo del FCP les contestó a los diplomáticos y explicó que todas sus dudas ya se habían resuelto en una reunión con ellos mismos.
Mediante un comunicado de prensa publicado por la Alta Consejería Presidencial para el Posconflicto, el Ejecutivo aclaró que todo su trabajo estaba enfocado en implementar los diferentes proyectos que quedaron estipulados en el Plan Operativo Anual del Fondo, y que estaban en constante diálogos con los europeos, pues hacen parte del comité directivo. Sin embargo, no les explicaron por qué dejaron por fuera a Marcela Huertas y tampoco se pronunciaron sobre la solicitud de vincular al BID al proceso. El presidente Juan Manuel Santos es otro de los que han expresado su preocupación. A través de su cuenta de Twitter, el mandatario le agradeció al fiscal Martínez su interés en investigar las supuestas irregularidades y auguró que, con el trabajo en conjunto, se tomarán decisiones muy pronto.
Junto a los pronunciamientos del contralor Maya y el fiscal general, el procurador Carrillo también se manifestó al respecto. Explicó que ya designó al procurador Giancarlo Marcerano, delegado para la vigilancia administrativa, para que se dedique exclusivamente al caso. “No se les va a permitir a los particulares hacer fiesta con los recursos de los colombianos”, aclaró Carrillo, quien hace parte del grupo de los tres entes de control que ya le pusieron su foco al lío por el dinero de la chequera para la paz.