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El magistrado Gustavo Malo Fernández no sabe aún si saldrá de la Corte Suprema a raíz del escándalo de corrupción por el cual él ya tiene una indagación preliminar abierta en la Comisión de Acusación. “(Malo Fernández) anunció que seguirá en el cargo mientras se toma un tiempo para pensar con cabeza fría si acoge o no la sugerencia de dar un paso al costado”, explicó este jueves Rigoberto Echeverri, presidente de la Corte. Lo hizo en la primera rueda de prensa que salió a dar esta corporación desde que, el pasado 15 de agosto, el fiscal Néstor Humberto Martínez anunciara que había indicios de una gran red de corrupción en la Corte. (Le puede interesar: Investigación contra Gustavo Moreno por corrupción aterrizó en la Corte Suprema)
La práctica de exigir dinero a cambio de influir en decisiones judiciales habría estado patrocinada —al parecer— por dos expresidentes del tribunal: José Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte. Y Malo, presuntamente, habría sido parte de ese círculo también. Acompañado por el vicepresidente de la Corte, José Luis Barceló, el magistrado Echeverri señaló que la Sala Plena de la Corte le había indicado a Malo que, aunque se mantenía la presunción de inocencia, consideraba “urgente” su retiro. “No se trata de una solicitud vinculante”, aclaró. Pero es claro que, para varios magistrados de la Corte, la permanencia de Malo genera incomodidad.
Malo Fernández, confirmó el magistrado Echeverri, aceptó declararse impedido “de inmediato para no seguir conociendo las indagaciones contra los congresistas Musa Besaile y Julio Manzur, por presuntos vínculos con grupos armados al margen de la ley. También hará un pronunciamiento público para responder, de cara al país, los delicados señalamientos que se le están haciendo judicial y extrajudicialmente”. Besaile ya aceptó haber pagado $2.000 millones a Gustavo Moreno para detener una supuesta orden de captura en su contra; Manzur dijo que Moreno lo buscó antes y después de ser arrestado, pero que él no contrató sus “servicios”.
La versión de Reyes
Este jueves, la revista Semana divulgó apartes de la declaración que le entregó a la justicia el exmagistrado auxiliar de Gustavo Malo, José Reyes. Él estuvo en la Corte hasta 2015, cuando Malo pidió la renuncia de varios de los auxiliares de su despacho, pero sólo tramitó la suya. Reyes tenía a cargo el caso de Musa Besaile por parapolítica: “Sentí que se me sacó para que no se abriera investigación contra Musa Besaile. No se hizo, además”. Y así es. Besaile tiene sólo una preliminar por ese tema desde 2007. Malo maneja ese proceso desde mayo de 2014.
Musa Besaile declaró hace unas semanas en la Corte Suprema que en 2015 le pagó $2.000 millones al abogado Gustavo Moreno, quien, aseguró Besaile, exigió el dinero en nombre propio y del entonces presidente del alto tribunal, José Leonidas Bustos, a cambio de parar una orden de captura contra el senador, quien además ha sido mencionado en el escándalo de Odebrecht —en el cual él niega cualquier responsabilidad—. La orden, que estaba supuestamente a punto de expedirse, significaba que Besaile iba a ser vinculado formalmente a la investigación por parapolítica. El congresista de Sahagún confesó haber sobornado a la justicia para evitarlo.
La semana pasada, una fiscal delegada ante la Corte Suprema viajó a oír al exmagistrado auxiliar José Reyes a Guatemala, país en el que trabaja con su antiguo compañero de la Corte, Iván Velásquez, en la Comisión contra la Impunidad que estableció la ONU para reforzar las investigaciones penales en ese país. Reyes profundizó en dos casos puntuales: Musa Besaile (Partido de la U) y Álvaro Ashton (Partido Liberal). A este segundo la Corte le acaba de abrir una indagación preliminar precisamente para investigar si él pagó $300 millones para influir en decisiones judiciales.
El nombre de Ashton salió a flote por Leonardo Pinilla, socio de Gustavo Moreno en la “empresa” que pedía sobornos a gente investigada. Pinilla fue grabado por la DEA mientras negociaba con el exgobernador Alejandro Lyons el soborno que éste pagaría, y en esas conversaciones fue que Pinilla mencionó que Ashton le habría dado dinero a Gustavo Moreno. “Yo tuve también el caso de Ashton y ahí hay unas interceptaciones telefónicas, yo no sé, pero ahí en ese caso aparece el doctor Ashton visitando asiduamente al Consejo Superior. Ashton se reunía y buscaba de manera frecuente a Francisco Ricaurte. A mí eso me huele mal”, relató José Reyes.
El Espectador revisó los registros de las visitas que Ricaurte recibió como magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, cargo en el que estuvo desde noviembre de 2012 hasta noviembre de 2014, cuando el Consejo de Estado anuló su elección. Ashton aparece como uno de los congresistas que más visitó al entonces magistrado: en registros oficiales quedaron cinco ingresos de su parte. El primero lo hizo a finales de noviembre de 2012, con Ricaurte recién elegido en ese cargo y tres meses después de que la Corte Suprema abriera una indagación preliminar contra el senador por parapolítica. Volvió un mes después, dos veces en 2013 y una más en 2014.
Ashton tiene dos preliminares abiertas en la Corte Suprema. Una desde 2011, a raíz de la denuncia que se presentó en contra suya y de 13 congresistas más por el manejo irregular de bienes en la Dirección Nacional de Estupefacientes. Las denuncias indicaban que los congresistas terminaron manejando inmuebles incautados a la mafia, lucrándose de ellos a través de personas particulares a pesar de que el Estado, se supone, es el único que puede obtener rendimientos de bienes de esa naturaleza. La investigación, sin embargo, no ha avanzado.
La segunda indagación preliminar, abierta en 2012, es por parapolítica. Exparamilitares como Édgar Fierro, alias Don Antonio (mano derecha de Jorge 40), han declarado que Ashton contaba con el respaldo de las Auc. El proceso tampoco ha prosperado: ni ha sido archivado ni se ha abierto investigación formal. Ashton, hasta ahora, ha negado cualquier irregularidad de su parte y ha expresado que espera se investigue a fondo este escándalo. Del caso de Besaile, las cosas han sido más claras desde el inicio de este escándalo: él fue el primer congresista en aceptar que había pagado un soborno para influir en un proceso en su contra.
El origen de todo
Desde mayo de este año, la Fiscalía venía tras la pista de los sobornos que el jefe anticorrupción de ese mismo organismo, Gustavo Moreno, estaba pidiéndole al exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons. Y fue el 27 de junio pasado que se comenzaron a conocer los alcances de esta red de corrupción. Ese día, en su oficina en Bogotá, Moreno fue capturado. Lo que se supo en ese momento es que la DEA y autoridades colombianas habían logrado establecer que el exfiscal, y el abogado Leonardo Pinilla, le pidieron dinero al exgobernador, a cambio de desviar las indagaciones que cursan en su contra por más de 20 delitos.
Lo que se vino después de la captura ha sido una cadena de declaraciones que han develado cómo fue que la red de sobornos surgió en la Corte Suprema de Justicia. Para llegar hasta el alto tribunal, han sido claves las versiones que han dado personajes como el senador Musa Besaile. Sobre el soborno que pagó a Gustavo Moreno, Besaile dijo que fue víctima de una extorsión y que detrás del exfiscal estaban los exmagistrados Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte, quienes ya tienen investigaciones preliminares en la Comisión de Acusación.
La DEA, además, le envío a la Fiscalía el pasado 15 de agosto, las interceptaciones de Pinilla y Lyons en las que también se podía escuchar la manera en que magistrados y abogados construyeron la red de corrupción para incidir en fallos en la Corte Suprema. De esos audios que enviaron las autoridades norteamericanas también se derivó otra parte de este escándalo: la participación de congresistas en la cadena de sobornos. Hasta ahora, se sabe que los políticos que podrían estar involucrados son Musa Besaile, Hernán Andrade, Luis Alfredo Ramos, Álvaro Ashton y Julio Manzur.
A este último, la Corte Suprema ya lo escuchó. Allí Manzur confirmó que, en efecto, Moreno lo contactó a través de su hijo en diciembre de 2014 para discutir la captura en su contra que se venía. Manzur se negó y, en enero de 2015, fue arrestado por el proceso de parapolítica que hay en su contra, y que aún no ha concluido. Moreno, dijo Manzur, lo volvió a buscar cuando ya estaba detenido y le ofreció sus “servicios” por $2.000 millones, la misma cifra que terminó pagando Besaile. Manzur, de nuevo, se negó. En cuanto a Andrade y Ramos, ambos han negado estar involucrados con el pago de sobornos a Moreno.
El pasado martes, 12 de septiembre, la Corte Suprema anunció que abrió tres indagaciones preliminares a Álvaro Ashton, Andrade y a Ramos. Ese mismo día, la Comisión de Acusación hizo lo mismo con Gustavo Malo, así como lo hizo contra los exmagistrados Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte. Aunque Moreno y Pinilla han sido citados ya por la Corte Suprema a declarar, han dicho que están en un acuerdo con la Fiscalía. Ambos abogados están pedidos en extradición por Estados Unidos y Moreno le pidió esta semana al alto tribunal que le permita acogerse a la figura de extradición simplificada.