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Los presidentes de las altas cortes han tenido reuniones con el Gobierno. ¿En qué se ha avanzado?
Antes de su posesión, el presidente Duque se reunió con las altas cortes y el tema fue una reforma de pronta y cumplida justicia para la gente. Hubo voces de coincidencia. Después, hemos expuesto opiniones al Gobierno y a la ministra de Justicia y ha habido muchas convergencias. Entre esos temas están las funciones electorales de las altas cortes.
¿Se deben eliminar?
El Consejo de Estado presentó un proyecto de acto legislativo, el pasado 16 de marzo, que plantea prescindir de las funciones electorales en lo que tiene que ver con auditor y el procurador. Ese proyecto fue archivado, pero no tenemos apego a esas funciones. Tampoco algún motivo de vergüenza. Si en el Congreso no ven con buenos ojos que prescindamos de las funciones electorales, pues estamos obligados a ejercerlas.
¿La idea de estas reuniones es presentar una sola reforma?
El Gobierno va a presentar un proyecto. No se aspira a que sea un proyecto a varias manos. Pero estas reuniones van a influir en que ese proyecto implique haber escuchado a las cortes. Estamos a la espera del proyecto del Gobierno para participar en los debates.
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Se habla de trabajar en común, ¿pero sí se tendrá en cuenta a las cortes?
Las conversaciones han sido enriquecedoras. Por eso, sin perjuicio de mantener la independencia del proyecto que sea presentado, hay bastante convergencia. Esperamos un proyecto que exprese los aportes que las altas cortes hemos hecho.
¿La reforma la debería liderar el ministerio o ustedes ?
El proyecto es apenas la cabeza de normas de tipo constitucional, pero falta muchísimo. Normas de tipo legal y de ley estatutaria. Las cosas hay que hacerlas por partes. Hay que generar debate público con base en el proyecto que presente el Gobierno y otros que se han presentado.
¿Qué elementos contendrá esa reforma?
Las funciones electorales, cómo aumentar los requisitos para ser magistrado de cortes, edad de ingreso. Se ha hablado de aumentar períodos, siempre haciendo claridad de que no cobijaría a los actuales magistrados.
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Cambio Radical propuso crear la Corte de Aforados Constitucionales en vez de una Comisión de Acusación antitética e ineficiente. ¿Qué se ha hablado al respecto?
No estamos de acuerdo en crear más cortes. Colombia tiene tres jurisdicciones y solo debe tener tres altas cortes: ordinaria, contencioso administrativa y constitucional. Un tribunal de aforados es otra corte con mínimo nueve miembros, divisiones de instrucción y juzgamiento, primera y segunda instancia. No se puede tener a nueve magistrados para encargarse de juzgar a 100 aforados. Significaría un juez por cada diez personas. Eso carece de sentido. De lo que se trata no es de tener tribunales para que juzguen a magistrados impropios, sino de tener buenos magistrados.
Pero el trámite en la Comisión es tedioso y largo, ¿tocaría reformarla?
Hay un debate por dar que tiene varios componentes. La Comisión de Acusaciones es una comisión de instrucción, porque quien acusa ante el Senado es la Cámara. Lo que se tiene que hacer es velar porque en esas acusaciones de carácter penal contra un aforado no vaya envuelto un deseo de interferir en la autonomía de la rama o la independencia de los jueces. Si el asunto no es de ese tipo, se levanta el fuero al magistrado y va a rendir cuentas ante la Sala Penal de la Corte Suprema, como cualquier otro ciudadano. ¿Qué creemos que hay que hacer? Que se fortalezca la Comisión a través de un equipo técnico que permita discernir cuando llega una causa disciplinaria que pudiese dar origen a una remoción por indignidad o cuando llegan causas penales que ameriten discusión sobre si levanta o no el fuero del magistrado y se pasa a la Sala Penal.
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En la reforma de equilibrio de poderes se eliminó la Sala Disciplinaria de la Judicatura. ¿Se debe hacer?
Nuestra propuesta es que no haya Comisión, porque no se puede poner en el mismo nivel disciplinar a jueces y abogados con las jurisdicciones. Los abogados pueden ser disciplinados por los colegios de abogados. Y los temas disciplinarios podrían ser tratados por oficinas de control interno. No se necesita otra alta corte disciplinaria.
¿Y qué hacer con la Sala Administrativa?
Hay una convergencia alrededor de la necesidad de mantener la autonomía de la rama judicial. Eso no está en discusión, cualquiera sea la figura que lo asuma. Otro acuerdo es hacer más gerencial el manejo de los recursos de la rama y distinguir lo operacional gerencial, de los asuntos de gobierno que son judiciales. Se plantean tres niveles: uno de políticas, otro de gobierno y otro operacional.
La rama siempre ha peleado por recursos propios. ¿Qué proponen?
Desde la reforma anterior presentamos al Congreso un estudio sobre previsiones constitucionales en otros países con una asignación mínima del presupuesto para la rama judicial. La participación en el presupuesto de la rama hoy es alrededor del 1,42 %. En esas previsiones, la mínima es del 2 % y hasta del 6 %. La demanda por justicia ha crecido más del 300 % desde 1991 y el aparato judicial no ha crecido más del 30 %. El año pasado solo en tutelas se presentaron 800.000. Hay que considerar no solo medidas de eficiencia, sino también proveer juzgados. Un ejemplo: Ocaña no tiene juzgado administrativo.
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¿La reunión del martes sería la última?
Sí. Y quedan las cortes a la espera de qué presenta el Gobierno el jueves. El Gobierno ha dicho que quiere hacer un gran pacto por la justicia y las cortes estamos interesadas, porque permite involucrar a la nación entera en el tema de la justicia.
Hay una percepción de que la campaña de Iván Duque fue bastante fuerte con las altas cortes. ¿Qué ha cambiado?
En lo que concierne al Consejo de Estado, el único punto de diferencia fue con la Corte Única y no por razones políticas sino técnicas. Lo que he visto y sentido es que tratamos de colocarnos del mismo lado de la mesa para observar el plano de la justicia con propósitos de pronta y efectiva justicia. Podemos tener diferencias, ya veremos de qué entidad son esas diferencias.