David Char Navas es procesado por la Corte Suprema de Justicia por presuntos nexos con el frente José Pablo Díaz del Bloque Norte de las Autodefensas que comandaba Edgar Ignacio Fierro, alias Don Antonio. La investigación apunta a que él habría hecho un acuerdo ilegal, que implicó -incluso- la entrega de armas a los paramilitares, a cambio de apoyo en la campaña al Congreso de 2002. Ahora, se suma al listado de presuntos ‘parapolíticos’ que buscan someterse a la Jurisdicción Especial para La Paz (JEP).
En un escrito enviado a la Corte Suprema, Char Navas pidió suspender el proceso en su contra y remitirlo a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP. Su pretensión es que allí se le conceda el beneficio de renuncia a la persecución penal. En el documento, Char Navas señaló que el 7 de febrero pasado radicó ante la presidenta de la JEP, Patricia Linares, un memorial en el que dejaba en claro su “manifestación libre y voluntaria de intención de sometimiento” a esa justicia especial .Y luego, el 7 de marzo, radicó otra petición ante el Secretario de la JEP, que tampoco ha sido contestada.
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Este diario confirmó que Char Navas todavía no ha firmado el acta de sometimiento a la JEP. Y la Corte Suprema negó cualquier posibilidad de suspender el proceso al exsenador que fue capturado el 28 de octubre de 2017 y enviado a la cárcel preventivamente el 8 de noviembre siguiente. En el auto, conocido por El Espectador, el alto tribunal señaló que debe continuar adelantando la investigación en su contra hasta que se produzca una decisión, si es que esto sucede, por parte de la JEP.
Además, la Sala Penal reiteró que será esa justicia la que defina si los hechos por los que es investigado -la parapolítica- guardan relación o no con el conflicto. Y señaló que la propia ley de Amnistía dejó en claro que “los procesos penales contra agentes del Estado que voluntariamente se sometan a la jurisdicción y soliciten la renuncia a la persecución penal no se suspenden mientras la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas adopta una decisión”.
“Téngase presente, de todos modos, que incluso ante un pronunciamiento de la JEP en el sentido de afirmarse competente para conocer del proceso de Char Navas, esta Sala conserva la facultad de discrepar de ese criterio y, por consecuencia, de promover conflicto de competencia”, agregó el alto tribunal.
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Char Navas fue asegurado por la presunta comisión de los delitos de concierto para delinquir agravado, y tráfico y porte de armas de uso privativo de las fuerzas armadas, y actualmente se encuentra esperando a que la Corte decida si lo llama o no a juicio. Entre las pruebas en su contra, están los testimonios de los paramilitares alias Don Antonio y Mario Rafael Marenco Egea, alias El Gordo, así como la agenda personal de Don Antonio y la contabilidad del frente José Pablo Díaz.
De acuerdo con la investigación, los acuerdos políticos con ese grupo paramilitar se habrían perfeccionado en varias reuniones realizadas al parecer en la casa paterna del exsenador, la base paramilitar de Corea y el corregimiento de La Mesa. Además, se le cuestiona por supuestamente entregar municiones de uso privativo de las fuerzas armadas, específicamente, proyectiles explosivos calibre 9 milímetros.
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“El comportamiento atribuido a Char Navas no estuvo restringido al simple porte de municiones explosivas, sino que, además, las habría suministrado, en particular, a Édgar Ignacio Fierro Flórez, persona que para esa época ejercía como líder y comandante militar del frente José Pablo Díaz. De esa manera, la conducta habría contribuido de manera efectiva y real al fortalecimiento de esa organización y al acrecentamiento de su material bélico, magnificando los efectos nocivos de la acción investigada”, señaló la Corte al momento de dictarle medida de aseguramiento.
El exsenador Char Navas permanece detenido. En días pasados, la Corte Suprema ordenó su regreso a la cárcel La Picota en Bogotá, luego que el Inpec lo trasladara, sin su consentimiento, al Comando de Combate Aéreo No. 3 de Malambo, Atlántico. El hecho generó un fuerte reclamo de la Corte al instituto penitenciario por tomar decisiones inconsultas. (Lea: Corte Suprema ordena regreso de David Char a La Picota)