Exterminio de la UP pasa a la Corte Interamericana de Derechos Humanos

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el caso del exterminio de integrantes y militantes de la Unión Patriótica, que dejó más de 6.000 víctimas desde 1984 y por más de 20 años. Los hechos, que fueron calificados como un exterminio en el informe de fondo de la Comisión, involucran desapariciones forzadas, amenazas, hostigamientos, desplazamientos forzados y tentativas de homicidio en contra de integrantes y militantes del partido.

La decisión que se tomó 25 años después de que se presentara ante la CIDH la petición para examinar la responsabilidad del Estado en este emblemático caso, señala que estos hechos que fueron perpetrados tanto por agentes estatales como por actores armados ilegales. (Vea: “Exterminio de la UP, crimen de lesa humanidad”) 

"Por ello, la CIDH determinó la responsabilidad del Estado en sus dimensiones de respeto y de garantía. El Estado reconoció su responsabilidad internacional únicamente por el incumplimiento del deber de garantía, en su componente de protección, por no haber prevenido los asesinatos y demás actos de violencia en contra de los miembros de la Unión Patriótica, pese a la evidencia de que la persecución en su contra estaba en marcha".

En el informe de fondo, la Comisión determinó que ciertas víctimas del caso fueron sometidas a una "criminalización infundada", al uso arbitrario del derecho penal y a torturas. Por esa razón, la CIDH concluyó que el Estado violó los derechos a la libertad personal, a las garantías judiciales, a la honra y dignidad, a la protección judicial, a la libertad de pensamiento y de expresión, libertad de asociación y el principio de igualdad y no discriminación.

(En contexto: Exterminio de la UP pasa a la Corte Interamericana de Derechos Humanos)

"La Comisión también dio por probado que las víctimas del presente caso fueron constantemente estigmatizadas a través de declaraciones de funcionarios públicos y actores no estatales, incluyendo calificativos como terroristas, o brazo político de las FARC, estigmatización que tuvo un efecto en la grave violencia desatada en su contra, por lo que determinó que el Estado violó su derecho a la honra y dignidad", señaló la Comisión este miércoles.

Para Aída Avella, presidenta de la UP, es claro que aunque el Gobierno ha dicho que no reconoce su responsabilidad internacional " tampoco tiene los elementos suficientes para hacer la reparación de 6.532 víctimas".

Avella insiste en que este caso cobra más importancia en el contexto actual del país sobre todo teniendo en cuenta las alarmantes cifras de asesinatos de líderes sociales: "Esta es una advertencia muy seria para lo que va a pasar con el asesinato de los líderes en los que están utilizando exactamente la misma metodología: las amenazas, los seguimientos y los asesinatos selectivos".

Uno de los puntos más relevantes que destaca la Comisión es que el Estado no ha podido investigar a fondo la verdad del exterminio en contra los integrantes y militantes de la Unión Patriótica, ni aportar verdad a la sociedad colombiana. Además, recomendó a Colombia indemnizar adecuadamente a las víctimas y a sus familiares, encontrar a las personas que aún hoy se reportan como desaparecidas e investigar de manera diligente lo sucedido.

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"En especial, además de las responsabilidades penales de los distintos actores estatales y no estatales involucrados, el Estado deberá asegurarse de que los mecanismos internos de investigación contribuyan a una esclarecimiento completo del exterminio de la Unión Patriótica", señaló la Comisión. Incluso, se ordenó realizar  un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional del Estado y dar medidas de atención en salud física y mental necesarias para la rehabilitación de las víctimas.

Otro factor clave para la Comisión Interamericana es que en el marco de la implementación del acuerdo de paz en Colombia, el Estado colombiano cree mecanismos idóneos para asegurar que no se vuelvan a repetir un exterminio de personas o grupos políticos que desean participar en la vida política. "Sin perjuicio de los instrumentos de justicia transicional aplicables en cada caso, el Estado debe tomar medidas para que tales personas puedan incorporarse a la actividad política con plenas garantías para ejercer dicha actividad sin discursos estigmatizantes de agentes estatales, además, debe disponer mecanismos para asegurar la protección de su vida, integridad y demás derechos para que la participación en política no se convierta nuevamente en una amenaza para los mismos", señaló.

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La Unión Patriótica, partido político que surgió en 1985, como resultado de las negociaciones de paz entre el presidente Belisario Betancur y las Farc, fue blanco del ataque sistemático del paramilitarismo, en algunos casos con la complicidad o la connivencia de miembros de las Fuerzas Armadas y los organismos de seguridad. La UP intervino en los comicios electorales de 1986 y 1988, pero la mayoría de sus elegidos fueron asesinados. Entre ellos dos candidatos a la Presidencia, ocho congresistas, 13 diputados, 70 concejales y 11 alcaldes.

A través de la Corporación Reiniciar, la búsqueda de justicia llegó a los escenarios internacionales en 1993. El caso fue admitido por la CIDH en 1997. Aunque se llegó a plantear una solución amistosa en los tiempos del gobierno Pastrana, la iniciativa se rompió durante la era Uribe. Según informó ayer la Agencia Jurídica del Estado, la Comisión Interamericana presentó el informe de fondo sobre este histórico caso y de las declaraciones del organismo oficial se deduce que no salió a favor del Estado.

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En mayo pasado, el el Gobierno también había edido que el caso fuera enviado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que allí fuera resuelto, al estimar que la reparación debe ser de carácter colectivo y no individual. “El Estado tiene la plena confianza de que una solución judicial de este caso permitirá adoptar las determinaciones que en derecho correspondan, sin desconocer los mecanismos de justicia transicional y el proceso histórico que está viviendo el país”, recalcó el director de la Agencia Jurídica del Estado, Luis Guillermo Vélez.