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Tras el hostigamiento de la Policía contra miembros de una misión humanitaria y de periodistas que el domingo indagaban por lo ocurrido el pasado jueves en el municipio de Tumaco (Nariño) –donde fueron asesinados seis campesinos que participaban en una protesta contra la erradicación de cultivos ilícitos– este lunes la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) condenó los ataques y exigió al Gobierno explicaciones sobre lo sucedido, así como “sanciones ejemplarizantes” y medidas para garantizar el cubrimiento periodístico. (Lea : Atacan en Tumaco a misión humanitaria y de periodistas)
A través de un comunicado, el organismo detalló que los hechos se presentaron sobre las 2:00 de la tarde del domingo 8 de octubre en la vereda de Tandil, en inmediaciones de Tumaco. Según la FLIP, allí se encontraban desplegados equipos periodísticos de El Espectador, la Revista Semana, Contagio Radio, Vice Colombia/Pacifista y City Tv/El Tiempo. (Lea también: Suspenden a cuatro policías que habrían disparado en masacre de Tumaco)
“Tanto la misión humanitaria como los periodistas se encontraban cerca del lugar donde el pasado jueves 5 de octubre seis campesinos fueron asesinados en situaciones que aún se investigan y ya han sido atribuidas a la Policía Nacional”, aseguró la organización, que denuncia además que –según información recibida a través de personas que estaban en el lugar– los uniformados dispararon armas de fuego y bombas aturdidoras en varias ocasiones a una distancia de no más de 20 metros.
Ante ello, la FLIP calificó como ‘insuficientes’ las explicaciones de la Policía sobre lo ocurrido, que argumentó que “un grupo indeterminado de personas” que hacía parte la misión humanitaria intentó ingresar “a la fuerza” a la base temporal de erradicación de cultivos ilícitos en la vereda Tandil, “circunstancia que conllevó a que los uniformados activaran dos granadas de aturdimiento, que no dejaron heridos”.
De acuerdo con la FLIP, en algunos apartes la Policía “falta a la verdad y pretende justificar una acción policial abiertamente desproporcionada”. Asegura además que la misión humanitaria y periodística era de conocimiento previo de los mandos policiales en terreno y que, sumado a las granadas aturdidoras, se presentaron ráfagas, al parecer, de fusil.
“La misión civil en terreno no tenía capacidad de representar riesgo alguno para el despliegue de la Fuerza Pública en la zona, esta situación le resta legitimidad y proporcionalidad a la respuesta violenta de la Policía. Fue un ataque a civiles, con plena conciencia de que lo eran y sin justificación alguna”, agrega la FLIP, que indica que la masacre de los campesinos “es un hecho de enorme gravedad que despierta un interés legítimo de cubrimiento periodístico”, por lo que pide del Gobierno medidas que permitan garantizar el trabajo de las misiones periodísticas en terreno.
“Este deber de garantía se acentúa en el caso de la Fuerza Pública, teniendo en cuenta no sólo su labor misional sino también el hecho de que la masacre de campesinos que investigaba misión humanitaria y los equipos periodísticos sea atribuida a la Policía Nacional”, precisa el organismo.
Por otro lado, la FLIP exigió que el ataque de la Policía a periodistas y la obstrucción al cubrimiento periodístico sean objeto de investigación “desde la censura y el miedo que se impone con estos actos”. El organismo calificó además como grave “el despliegue de agentes policiales negligentes y arbitrarios que desconocen estándares básicos de necesidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza”.
Por último, la Fundación instó a la Procuraduría y a la Defensoría del Pueblo, así como a las bancadas del Congreso de la República, iniciar acciones para que la investigación de los hechos cuente con garantías a la libertad de prensa. “Estos hechos ponen en riego el derecho a una sociedad informada sobre asuntos de interés público y marcan acciones de censura por parte de agentes estatales. Recuperar la sana y democrática vigilancia periodística sobre lo público es entonces una prioridad”, puntualiza la comunicación.
En lo que va corrido del año, la FLIP sostiene que ha documentado 18 casos en los que agentes de la Policía y las Fuerzas Militares han agredido a la prensa. De estos, ocho han ocurrido en medio de manifestaciones sociales.