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Este lunes, todos los ojos están puestos sobre un hecho judicial en particular: la audiencia de imputación de cargos en contra de Seuxis Paucias Hernández, más conocido como Jesús Santrich. Luego de pasar el fin de semana en el hospital universitario Mederi de Bogotá, ayer domingo Santrich fue trasladado de nuevo al búnker de la Fiscalía y se espera que, tres días después de su recaptura, la Fiscalía le dé a conocer con base en qué evidencias decidió abrirle investigación en relación al delito de narcotráfico. Se sabe, eso sí, que una de las pruebas claves con que cuenta la Fiscalía –gracias a la gestión de Estados Unidos- es una declaración de Marlon Marín, sobrino de Iván Márquez, radicado en EE.UU. desde el año pasado como testigo protegido de la DEA.
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Según dio a conocer el ente investigador el pasado viernes, Santrich será investigado aquí en Colombia por los mismos hechos por los que Estados Unidos lo requirió el año pasado en extradición: conspirar para enviar un cargamento de cocaína a ese país. En Colombia, a Santrich la Fiscalía se apresta a imputarle el delito de concierto para delinquir con fines de narcotráfico. Delito que él, desde el inicio, ha negado. Ante la JEP, la cual asumió inicialmente el caso con el propósito de verificar si los hechos en cuestión se habrían cometido antes o después de la firma del Acuerdo de Paz –de lo que dependía la garantía de no extradición–, Santrich sostuvo que Marlon Marín habría ayudado a EE.UU. a hacerle un “entrampamiento”.
La Fiscalía, por su parte, tiene otra versión: Marín es la persona clave para esclarecer si Santrich partició o no en redes de narcotráfico una vez depuso las armas y se reintegró a la vida civil. Tanto Estados Unidos como la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez aseguran que Santrich sí cometió delitos después del 1° de diciembre de 2016, y se han mostrado determinados a recurrir a todas las instancias para comprobarlo. La JEP, sin embargo, reclamó por las pruebas que la Fiscalía dice tener ahora que demostrarían con certeza el “modo, tiempo y lugar” en que Santrich habría delinquido. ¿Por qué no le entregaron a la JEP esa información para poder decidir en este espinoso caso con más elementos de juicio?, preguntaron los magistrados.
Desde que fue capturado el 9 de abril de 2018, se sabía que este caso iba a representar un enorme reto para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), para el proceso de paz, para la justicia ordinaria y para el Gobierno mismo. Lo que no se esperaban eran las vetas dramáticas que este caso ha adquirido. El viernes pasado, mientras salía de la cárcel La Picota en silla de ruedas después de haber pasado detenido más de un año, Santrich fue abordado por agentes del CTI quienes le notificaron que de nuevo perdía su libertad, la cual le duró escasos segundos. De nada valió para él que la Sección de Revisión de la JEP hubiera ordenado que saliera de presión de inmediato. El caso, además, impulsó la renuncia del fiscal general, Néstor Humberto Martínez.
(También: Hospital Méderi da de alta a “Jesús Santrich”).
A su intempestiva captura a las puertas de la cárcel La Picota, a las 4:45 pm aproximadamente, le siguió su traslado al búnker de la Fiscalía en un helicóptero que aterrizó en la cancha de fútbol de la prisión, mientras que en la entrada quedaban periodistas y seguidores de Santrich, quienes pedían que se cumpliera con la orden de la JEP. Muchos de ellos se trasladaron a la sede principal de la Fiscalía en Bogotá, donde también llegaron los abogados de Hernández Solarte, quienes dijeron que lo encontraron acostado en una colchoneta y con supuestos problemas de salud, a pesar de que antes de salir de la cárcel se encontraba bien.
La situación de salud de Santrich fue confirmada, de manera separada, por Medicina Legal y por médicos que fueron llevados por la defensa a la Fiscalía para evaluar al exlíder guerrillero. “En dicha valoración se encuentra al examinado con heridas suturadas a nivel de miembros superiores. Adicionalmente se encontró alteración del estado de conciencia y signos neurológicos positivos, por lo cual se solicitó el traslado a centro asistencial para atención inmediata”, dijo Medicina Legal en un comunicado de prensa.
Por su parte, el concepto de los médicos llevados por la defensa dio más detalles. Sobre el estado mental de Santrich, señalaron que lo encontraron “somnoliento, despertable con esfuerzo, confuso, desorientado en tiempo y espacio”. También dijeron que “hace referencia a ver un río crecido (…) Pensamiento de origen ilógico, curso bradipsíquico e incoherente con ideas delirantes somatosensoriales pues refiere que se le cayó un ojo; informa que está en un campamento y pregunta por los oficiales de guardia. Su juicio de realidad está alterado”. Indicaron, adicionalmente, que tenía heridas, ya tratadas, en los antebrazos (refiriéndose a la autolesión de la que no se acordaría Hernández Solarte).
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Ante esta situación, Santrich fue llevado al Hospital Méderi a primeras horas del sábado, donde fue internado, según sus abogados, en la unidad de cuidados intensivos. Y hasta ese centro hospitalario, casi 24 horas después de la recaptura, llegó la jueza 16 de control de garantías, con la tarea de realizar la audiencia de legalización de captura. A la entrada del Méderi también arribaron simpatizantes de Santrich y miembros del partido Farc, como la senadora Victoria Sandino, que exigían que fuera liberado. Para pedir lo mismo, la defensa de Hernández Solarte presentó un impedimento de la jueza, argumentando que el exjefe guerrillero no debería ser juzgado en la justicia ordinaria.
Tras más de 12 horas la interior del hospital, aun así, la jueza de control de garantías decretó que la captura de Santrich había sido legal. “Con Santrich inconsciente, y un listado de actuaciones descaradamente inconstitucionales e ilegales, una jueza sin competencia para conocer del caso resolvió declarar legal su captura. Vendrán acciones”, escribieron desde el Twitter de la campaña Santrich Libre. Además, la defensa anunció que apelará la decisión y también que está a la espera de que se resuelva de fondo el recurso presentado antes de la audiencia.
Además de la defensa, el procurador delegado en la audiencia de legalización de captura dijo que también apelaría la decisión de la jueza. El domingo, el Ministerio Público publicó un comunicado en el que anunció que se había designado un agente especial para el proceso que ordenó la captura: “La Procuraduría General de la Nación designó a un agente especial para verificar las dudas sobre el procedimiento de captura de Seuxis Paucias Hernández Solarte, expresadas por el procurador judicial penal que asistió a la audiencia oral (…) Como se expresó ante la jueza de control de garantías que dirigió la audiencia, el Ministerio Público respalda la competencia de la Fiscalía General de Nación para iniciar la investigación y solicitar la detención”.
(Además: Preguntas y algunas respuestas que deja la recaptura de “Jesús Santrich”).
Con este panorama, Santrich pasó la noche en el búnker de la Fiscalía. Lo que sigue ahora es conocer las pruebas que serán presentadas por el ente investigador durante la tarde de hoy, para justificar el por qué Santrich debe ser juzgado por el delito de concierto para delinquir con fines de narcotráfico. Un caso que seguirá cobrando relevancia en el país, no solo por las implicaciones jurídicas que podría tener contra el exjefe guerrillero, sino también por el impacto político que ha tenido y tendrá en el país.