Los acuerdos a los que llegó el exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons Muskus con la Fiscalía desde un inicio desataron una ola de críticas. El exgobernador firmó un principio de oportunidad por los delitos de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación: se suspenden las investigaciones en su contra y, a cambio, Lyons pagaría cinco años de cárcel y devolvería $4.000 millones de los $8.950 que —dice la Fiscalía— se robó en el desfalco de Córdoba mientras fue su mandatario. También se comprometió a declarar y entregar pruebas contra el exfiscal Anticorrupción Luis Gustavo Moreno y detalles de la corrupción en Córdoba y del cartel de la toga. (Le puede interesar: Los secretos del pacto de Alejandro Lyons con la justicia).
En una decisión publicada este miércoles, sin embargo, la Corte Suprema de Justicia se atravesó en esos pactos y anuló la negociación. El problema no fue el tiempo que se pedirá para él tras las rejas, o la suma que devolverá. La Corte ordenó al Tribunal Superior de Bogotá reconocer a la Gobernación de Córdoba como víctima en el proceso, pues habría resultado afectada por la pérdida de las regalías que desfalcó Lyons. Un hecho al que se opuso la Fiscalía por una sola razón: en el acuerdo de colaboración pactado con Lyons para desentrañar la corrupción en Córdoba, quien encabeza la lista de señalados es, precisamente, el actual gobernador de ese departamento, Edwin Besaile, y su hermano, el senador Musa Besaile, quien se encuentra preso e investigado por haberle dado $2.000 millones al llamado cartel de la toga. (En contexto: El “dossier” del político que hundió al fiscal anticorrupción).
Según fuentes del ente investigador, la decisión de la Corte configuraría un conflicto de interés al tener a Edwin Besaile como víctima, y a la vez como investigado como posible victimario. Un sinsentido judicial. “El exgobernador Alejandro Lyons, desde Miami, ha declarado que en el entramado de corrupción participó el senador Musa Besaile, y a su vez involucra a su hermano, el gobernador Edwin Besaile. Ya incluso se están preparando las citaciones para que hable en la Fiscalía”, le dijo una fuente de la Fiscalía a El Espectador. En otras palabras, Lyons es testigo de cargos contra los Besaile. Pero la decisión de la Corte Suprema de Justicia le daría acceso privilegiado al gobernador de Córdoba a un expediente en el cual está involucrado.
De acuerdo con Lyons, Edwin Besaile cometió delitos para asegurar su elección como gobernador de Córdoba en octubre de 2015. En concreto, “acuerdo de representación burocrática con exigencias económicas de dineros procedentes de contratos del departamento”. En ese contexto, Lyons declaró que le entregó $600 millones a Musa Besaile en dos tulas en febrero de 2015, que habría tenido como destino al exfiscal Anticorrupción Luis Gustavo Moreno, encargado supuestamente de evitar la captura de Musa Besaile por parapolítica. Un proceso que tiene enredados a los exmagistrados José Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte.
Precisamente, Alejandro Lyons aceptó declarar contra ellos y contra el exmagistrado de la Corte Camilo Tarquino, quien le habría pedido $20 mil millones para “sepultar” todos sus problemas con la justicia. El acuerdo también contempla que testificará contra Leonardo Pinilla —hoy en el pasillo de la extradición a los Estados Unidos— y otros vinculado al escándalo del cartel de la hemofilia en Córdoba.
Una polémica decisión
En la decisión de 45 páginas, la Corte manifestó que se debe separar la persona natural de la jurídica. Es decir, que una cosa es la Gobernación de Córdoba y otra Edwin Besaile como gobernador. “No pueden instituir una barrera infranqueable para que la persona jurídica directamente afectada ejerza sus derechos y obtenga el resarcimiento de los perjuicios como víctima, pues se reitera que el apoderado de la Gobernación concurre en representación del ente territorial, mas no de la persona natural que en la actualidad regenta el cargo de gobernador”. Así las cosas, otorga acceso a las pruebas al primero, no al segundo. Algo difícil de creer que ocurra en la vida real.
Inicialmente, la petición había sido negada por el Tribunal porque el magistrado que estudia el caso argumentó, entre otras cosas, que no existían motivos para la Gobernación fuera declarada como víctima, al no acreditar el daño ocasionado. Otro de los argumentos era que la Contraloría, que sí está constituida como víctima, representa los intereses del Estado. Pero la Corte rechaza este argumento al manifestar que se debe velar por la “pluralidad de víctimas”.
Este pulso jurídico lo ganó el abogado de la Gobernación de Córdoba, José Guillermo González Jiménez. “La Corte deja sin efecto el principio de oportunidad del exgobernador Alejandro Lyons. Ahora deberá retomarse el proceso y tener en cuenta como víctima a la Gobernación”. Notificado de la decisión, el Tribunal Superior de Bogotá programó para el próximo jueves, 14 de diciembre, el nuevo estudio del principio de la oportunidad.