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Acallados los ruidos de los fusiles, la discusión sobre el conflicto interno colombiano se trasladó a un nuevo escenario: el de la memoria histórica. Para todas las partes interesadas, imponer su verdad y su versión de lo que pasó en los últimos 50 años es un objetivo primordial, y el Ejército es el primero en reconocerlo. Por eso, en marzo de este año, el comandante Nicacio Martínez firmó el plan 002811, que tiene el rótulo de “restringido”: con el fin de “cumplir la estrategia para la construcción de la narrativa marco de memoria histórica del conflicto armado colombiano, que busca guiar la posición institucional en los espacios de verdad y memoria histórica”.
En el documento de 15 páginas del general Martínez se señala que “es indispensable garantizar la legitimidad de la institución” y que, para ello, los espacios de la justicia transicional que quedaron tras el Acuerdo de Paz son esenciales. Aunque este plan institucional apunta a un espacio muy específico: la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV). “La participación del Ejército Nacional en la CEV es un recurso estratégico de cara a los procesos del posconflicto”, advierte, señalando que allí no solo se exigirán verdad y responsabilidad a los actores del conflicto, sino una instancia también para reconocer las “complejidades” del mismo.
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Con la enunciación de este plan, el Ejército muestra cuánto se ha organizado alrededor de la idea de hacer llegar información a la Comisión de la Verdad y la importancia de que su versión del conflicto resuene en este organismo. “La participación activa y coordinada de los miembros del Ejército Nacional en la CEV le permitirá posicionar culturalmente el papel que ha jugado en la construcción de la paz y la democracia en Colombia”, especifica el mensaje del general Martínez, remitido a los jefes de Estado Mayor del Comando, jefes de departamento, dependencias del Estado Mayor, comandantes de unidades operativas mayores, comandos operativos, fuerzas de tarea, unidades tácticas y tropas.
Que la Comisión tenga todos los elementos a la mano para conocer su versión de por qué tanta sangre derramada es prioridad para esta fuerza militar. “El Ejército Nacional debe construir y reconstruir su verdad sobre los orígenes, causas, desarrollo e impacto del conflicto armado, para que le sea posible definir los referentes identitarios en relación con su accionar”, se lee en el documento, en el que también queda claro que los militares quieren insistir en que ellos son no solo actores, sino, igualmente, víctimas del conflicto: “Los miembros del Ejército Nacional víctimas son el testimonio vivo de las graves violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones” al DIH.
Para el Ejército, “es necesario que la sociedad colombiana conozca la realidad de los entornos en los cuales se dieron estas victimizaciones y la dramática verdad sobre lo ocurrido en el marco del conflicto armado” y, por eso, admite que “es de suma importancia la creación de una estrategia que permita la participación de los miembros del Ejército Nacional en todos los escenarios de justicia transicional” que hacen parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, uno de los legados del Acuerdo de Paz con las Farc, el cual entró en vigencia en diciembre de 2016, en el gobierno de Juan Manuel Santos.
::Los militares buscan la verdad de sus víctimas::
“Es necesario señalar que la institución ha sido garante y respetuosa del Estado social y democrático de derecho, actuando siempre en el marco de la misión constitucional asignada y bajo los lineamientos estratégicos del poder ejecutivo”, insiste el general Nicacio Martínez en el plan 002811. El Ejército entiende, además, que será fuente de información de la Comisión de la Verdad de tres maneras: individual (cada militar que hable voluntariamente ante la CEV, que solo se representa a sí mismo) o como “proveedor de información” (para lo cual piden que los protocolos de la ley de archivo e informes operacionales estén actualizados).
Por último, y más importante, está la “narrativa institucional”, con la cual quieren posicionar su propia versión de los hechos del conflicto “y los respaldos que demuestran la veracidad de estos”, en contraste con la verdad de “los demás actores que tendrán encuentro en la Comisión”. Para lograr este propósito, indica el documento, “es fundamental de cara a establecer una narrativa de memoria histórica acorde con la posición institucional” el desarrollar productos de memoria histórica, especialmente investigaciones académicas “que cumplan con todos los protocolos” y cuyos resultados se puedan divulgar en distintos formatos.
Los puntos fuertes de la "narrativa institucional"
De acuerdo con el documento, lo clave será identificar el “ambiente operacional en que se dio la actuación del Ejército Nacional desde 1953 (época en que surgieron las primeras guerrillas liberales) hasta 2016, la cual se estructurará a partir de tres ejes fundamentales". El primero, las "líneas de contra-argumentación", las cuales "constituirán una guía para las contribuciones que potencialmente hagan los miembros del Ejército Nacional en el marco del trabajo de la CEV" y que, asimismo, deberán ser "incorporadas como directriz de trabajo (de) la institución en los ámbitos de verdad, memoria y justicia transicional”.El segundo “eje fundamental” es el esclarecimiento de casos emblemáticos: “Los casos emblemáticos contribuyen al posicionamiento de la visión del Ejército Nacional sobre el conflicto ante la opinión pública, en un trabajo que permite combinar las denuncias sobre acciones violatorias a los derechos humanos cometidas por los grupos armados ilegales”, señala el documento del general Martínez. Y, por último, está la “visibilización de afectación a las víctimas militares”, la cual se manejará por dos vías: graves violaciones a los derechos humanos o infracciones al Derecho Internacional Humanitario. Para ello, los militares que se consideren víctimas deberán diligenciar un formato especial.
Habrá antropólogos, abogados y hasta oficiales de inteligencia designados para cumplir esta labor. Además de las investigaciones académicas se crearán productos de memoria histórica y se centralizará, entre otros, “documentos que den constancia de las acciones sociales” del Ejército, así como documentos y estadísticas que sirvan de sustento para hablar de crímenes cometidos por las Farc contra la Fuerza Pública, contra la población civil y contra la infraestructura energética y económica nacional. Esta, en resumidas cuentas, es la “narrativa institucional” con la que el Ejército quiere primar en la Comisión de la Verdad, cuyo informe final se conocerá en aproximadamente dos años.