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Seis años le tomó a la Fiscalía poder imputarle cargos a Leo Eisenband por el presunto desfalco a la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), lo logró el pasado lunes 16 de septiembre. Sin embargo, un juez no admitió su pedido de darle medida de aseguramiento al dueño de la cadena de almacenes Fedco. De esta forma, el empresario afrontará el juicio por las irregularidades en la compra del centro comercial Villa Country, de Barranquilla, en libertad.
Según el juez, la Fiscalía no le remitió el material probatorio para estudiarlo y así decidir si otorgaba o no la medida de aseguramiento pedida en contra de Eisenband. Sin el análisis de las pruebas, no podía imponer la medida de aseguramiento, dijo el juez de garantías. Sin embargo, el ente acusador señaló que en ningún momento el togado pidió que se le entragara esta información para su estudio. De esta forma, dio a entender que en los cuatro días de audiencia, en los que se mostraron cada una de las pruebas, hubo la suficiente ilustración para tomar una decisión, aseguró la representante de la Fiscalía.
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Para las víctimas, la decisión fue más que polémica. A pesar de que no se le remitieron al juez las pruebas para su estudio, según uno de los abogados de las víctimas, en la audiencia de imputación de cargos se mostró cada uno de los soportes de la investigación y, en cualquier otro caso, esta exposición hubiera sido más que suficiente para tomar una decisión final frente al pedido de medida de aseguramiento.
La determinación del togado fue impugnada por la Fiscalía, la defensa de las víctimas del caso y la Procuraduría. Incluso se llegó a cuestionar al juez por “ritualismo excesivo” -estar exigiendo el cumplimiento de las formas del sistema acusatorio más allá de lo indicado- y porque, incluso, podía pedir que se le entragara el material probatorio por fuera de los espacios de las audiencias y no hizo tal requerimiento.
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Este mismo juez fue el que remitió, bajo el pedido de la defensa de Einsenband, el caso a la Corte Suprema de Justicia para que deteminara si la audiencia de imputación tenía que relizarse en Bogotá o Barranquilla, ciudad en donde está localizada la propiedad por la que el empresario está siendo investigado. En ese momento, él aceptó los argumentos de la Fiscalía, en los que aseguraba que la jurisdicción del juez de garantías es de carácter nacional, sin embargo, “para dar las mayores garantías a la defensa”, pidió que esta cuestión fuera dirimida por la Sala Penal del alto tribunal.
Al final, la Corte Suprema señaló que la imputación de cargos contra Leo Eisenband debía hacerse en Bogotá. De esta forma, tras nueve intentos fallidos, el pasado 16 de septiembre de 2019, la Fiscalía le imputó al dueño de Fedco los delitos de peculado por apropiación, celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales, enriquecimiento ilícito, falsedad en documento privado y fraude procesal. Eisenband no aceptó estos cargos.
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De acuerdo con la información suministrada por la Fiscalía en la audiencia, el empresario habría utilizado “maniobras fraudulentas”, de la mano de exfuncionarios del DNE para pagar un precio mucho inferior al real por el centro comercial Villa Country. De esta forma Eisenband habría comprado el centro comercial por $20.000 millones menos del valor real.
El caso del desfalco al DNE se remonta a 2011, cuando se comenzaron a conocer diversas denuncias de corrupción dentro de la entidad. Uno de los coletazos de ese gran expediente es, precisamente, el caso contra Eisenband. Según se dijo en la audiencia de este lunes ante el juzgado 52 de garantías de Bogotá, el supuesto involucramiento del empresario en el desfalco inició con la liquidación en 2007 de la sociedad Promocon, dueña en ese entonces del centro comercial de Villa Country, que fue confiscado al clan Nasser Arana.
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Camilo Bula, que hoy es el único en prisión por el escándalo de la DNE y uno de los testigos más importantes del caso, fue el encargado de la liquidación de Promocon. El funcionario inició la venta de los bienes del clan narcotraficante en julio de 2008, incluido el centro comercial que sería comprado posteriormente por Eisenband. En el proceso de venta, los funcionarios habrían cambiado los estatutos para que el valor de Villa Country fuera más económico del valor real.
Supuestamente, en medio de ese proceso de venta, se cambió la información de Villa Country para que tuviera menos áreas privadas y más áreas comunes. Así, en los registros, habría pasado de tener 15.323 metros cuadrados de áreas privadas a 12.528, lo que hizo que su valor bajara considerablemente. Una vez se hizo la oferta pública para los compradores, el 7 de abril de 2009, el precio del inmueble se estableció según el avalúo de la firma Kosmos, al parecer contratada por Eisenband, en $23.000 millones. Sin embargo, un peritaje del CTI determinó que el predio realmente valdría $40.000 millones en ese momento.
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A pesar de que el valor era casi 80% menos del valor real, Eisenband habría hecho una oferta incluso menor al avalúo de Kosmos. El dueño de Fedco ofreció en esa época $18.000 millones por el centro comercial, $5.000 millones menos del avalúo que tendría cifras menores al valor real de la propiedad. Al cierre de esa convocatoria, el empresario barranquillero fue el único que presentó una propuesta de compra que cumplía con todos los requisitos Eisenband suscribió la promesa de compraventa con la DNE por el valor que ofreció.
Por supuestamente haber colaborado en la empresa criminal, Eisenband se habría comprometido a pagar comisiones de éxito a Camilo Bula, a Carlos Albornóz -director de la DNE para la época-, la firma Kosmos y otros funcionarios. En total habrían sido $2.000 millones los que el empresario prometió, $800 millones de los cuales habría pagado directamente al entonces director de la DNE.
Hace una semana, el Tribunal Superior de Bogotá dejó en firme la absolución a favor de Albornóz por presuntas irregularidades que rodearon la entrega de bienes incautados a organizaciones relacionadas con la mafia y el narcotráfico cuando estaba en la dirección de la DNE. El tribunal de la capital señaló que la Fiscalía no presentó pruebas suficientes para demostrar que Albornoz Guerrero había manejado de manera irregular los bienes incautados a organizaciones criminales.