Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
La Procuraduría expresó su preocupación tras el anuncio del Gobierno de que con recursos públicos se van a asumir las deudas de la Concesionaria Ruta del Sol, luego de la decisión del propio ejecutivo de liquidar el consorcio. El ente de control anunció que ya dio inicio a un proceso de vigilancia a estos pagos, pues considera que la decisión —cuya vocera ha sido la Ministra de Transporte, Ángela María Orozco— es “inoportuna” y pone “en riesgo” procesos judiciales que todavía están por definirse. “Los colombianos no deben soportar ninguna carga fiscal adicional por el caso Odebrecht. Como Procuraduría nos oponemos”, aseguró el Procurador General (e), Juan Carlos Cortés González.
(Lea también: Polémica por deuda de Concesionaria Ruta del Sol con bancos que asumirá el gobierno)
El monto de las deudas de la sociedad que conformaron Episol (de Corficolombiana), el grupo Solarte y Odebrecht —la multinacional brasileña que protagoniza un escándalo por repartir coimas para quedarse con obras— para construir el segundo tramo de la Ruta del Sol, alcanza los $1,2 billones. La Superintendencia de Transporte disolvió la concesionaria, y se inició, entonces, un proceso para liquidarla ante la Superintendencia de Sociedades. Tras estas decisiones, el gobierno sorprendió diciendo que asumirán el monto total de la deuda.
En medio de la polémica que desató lo que ha dicho la ministra Orozco en el caso (que es responsabilidad del gobierno asumir la deuda para proteger a los terceros de buena fe), la Procuraduría dijo que vigilará muy de cerca el proceso de pago. Para la entidad, el gobierno se pronunció faltando 13 días para que se conozca si un Tribunal de Arbitramento declara nulo el contrato del Estado colombiano con el Consorcio y, además, mientras se resuelve en el Consejo de Estado —en segunda instancia— la acción popular que interpuso la propia Procuraduría para que condenaran a Odebrecht a pagar más de $800.000 millones por los hechos de corrupción que rodearon la adjudicación de la obra de la Ruta del Sol tramo II.
(Le puede interesar: Contraloría no descarta oponerse a liquidación de Concesionaria Ruta del Sol)
“Ante el caso más grave de corrupción en la historia del país, cualquier pago que se realice a concesionarios y contratistas de la Ruta del Sol II tendrá que sujetarse a las decisiones judiciales”, advirtió el procurador (e) Cortés. El Ministerio Público solicitó a las entidades pertinentes “los antecedentes, soportes, documentos y demás sustentos” que llevaron al gobierno a tomar la decisión de liquidar la Concesionaria y asumir la deuda en medio de lo que la Superintendencia de Transporte llamó una “situación crítica de orden financiero, jurídico y administrativo”.
En una de esas solicitudes de información, conocida por este diario, la Procuraduría le comunicó a la Superintendente de Transporte, Carmen Ligia Valderrama, que, “han surgido dudas sobre la oportunidad de adoptar compromisos y decisiones que favorezcan a la concesionaria” —que incluye a Odebrecht, Episol y el grupo Solarte—. Y, para tener acceso a todos los documentos que llevaron al gobierno a tomar esa decisión, el Ministerio Público enciende las alarmas con un proceso de “vigilancia especial”.
En el oficio, la Procuraduría le pide esclarecer a la Supertransportes:
- “En las medidas de control se esclarecerá: ¿acaso ya existen decisiones tomadas o en firme de las Superintendencias para realizar pagos o reconocer deudas a la Concesionaria con cargo al presupuesto nacional?
- ¿Ustedes han valorado el efecto de estas decisiones ante la acción popular de la Procuraduría y el Tribunal de Arbitramento donde es parte la ANI (Agencia Nacional de Infraestructura)?
- ¿Se derivan nuevos pagos de esa acción de la Superintendencia de Transporte?
- Al despejar los anteriores interrogantes, le solicito remitir copia de los antecedentes administrativos y el expediente que soporta esta situación”.
En su momento, la ministra Orozco aseguró que la decisión tiene un fin claro: terminar la relación contractual con las firmas contratistas que incumplieron sus obligaciones con el Estado colombiano. Los propósitos de esto, dijo la cartera de Transporte son "brindar seguridad jurídica en el mercado para promover la estabilidad y crecimiento económico, obtener el máximo valor posible de los bienes del deudor a favor de los terceros de buena fe, lograr el tratamiento de manera equitativa a los acreedores".