El accidentado y prometedor negocio de la Refinería de Cartagena (Reficar) sigue siendo un hueco negro para las finanzas de Colombia. En marzo pasado, el contralor, Edgardo Maya, aseguró que los sobrecostos en la construcción de la refinería le causaron a la Nación un detrimento patrimonial que ronda los $18 billones. Es decir, tres veces lo que costó la venta de Isagén. Por eso abrió juicio de responsabilidad fiscal contra seis empresas y 36 altos funcionarios y exfuncionarios del Estado, entre quienes se cuentan los actuales ministros Mauricio Cárdenas y Luis Carlos Villegas, los exministros Hernán Martínez, Juan Carlos Echeverry, Carlos Rodado Noriega, Federico Renjifo, Amylkar Acosta, Tomás González y Mauricio Santamaría, así como un todopoderoso del sector: Fabio Echeverry Correa. Pero a esa radiografía preocupante vienen a sumarse otros inquietantes hallazgos de la Contraloría. Y el panorama financiero es más dantesco aún.
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Según el organismo fiscal, las cifras de los estados financieros de Reficar evidencian una pérdida acumulada de $7,3 billones hasta 2016. A estos números redondos se llegó tras una auditoría en poder de El Espectador. En un documento de 106 páginas, la Contraloría le puso la lupa a la operación de la refinería, actualmente a cargo de Ecopetrol. Tras evaluar la rentabilidad patrimonial del negocio, revisar los márgenes de utilidad operacional, el retorno de los activos, la eficiencia de la infraestructura y las deudas acumuladas, la auditoría estableció de manera tajante que Reficar no ha traído los anunciados beneficios económicos para el país y, por el contrario, ha generado pérdidas preocupantes de las que ya tienen conocimiento en la Casa de Nariño. Por ejemplo, se descubrió que las ventas del crudo no han sido suficientes para cubrir los costos de la operación de venta, lo cual causó —tan sólo en ese ítem— una pérdida de $2 billones.
Pero siguieron apareciendo datos difíciles, todos aportados por la refinería al organismo fiscal. Algunos de ellos tienen que ver con el margen de refinación del crudo, un indicador utilizado en la industria para calcular la ganancia por cada barril de petróleo refinado. Cuando se inauguró la refinería, en 2015, y empezó a tomar forma el proyecto, se esperaba ganar US$14,5 por barril, pero en 2016 esta ganancia fue de US$5,4 y en 2017 de US$7,2. En cuanto a la producción, se esperaba pasar de procesar 80.000 barriles diarios a 165.000. No obstante, a pesar de la ampliación y modernización de Reficar, el año pasado el monto máximo de procesamiento alcanzado fue de 143.770 barriles. Y en lo corrido de 2017 ese tope sólo ha alcanzado 132.590 barriles al día. Además, sobre siete unidades claves de la refinería no se ha completado “la prueba de desempeño” y, por tanto, no se han podido usar como corresponde.
De la misma forma, la Contraloría encontró pruebas de súbitas detenciones en las máquinas de Reficar, atribuibles a errores durante el diseño, la construcción y la puesta en marcha de la refinería, todo lo cual ha venido impactando los márgenes de ganancia y ocasionado gastos de reparación millonarios. Es decir, generando “un lucro cesante dentro de la operación actual, de acuerdo a los mismos informes de la entidad”. Un diagnóstico que revela que la refinería no ha cumplido con sus metas iniciales. La auditoría también dejó constancia de que este desfase en los cálculos de ganancias se debe a múltiples variables que contrastan con los costos propios del negocio. La Contraloría es así de cruda: Reficar ha vendido en los últimos años $53,8 billones, pero para lograr esas ventas ha tenido que invertir $63 billones. Las cuentas todavía no le dan a uno de los principales proyectos de inversión de los gobiernos Uribe y Santos.
Y eso no es todo. El mismo reporte reveló las cuantías que ha pagado Reficar (es decir, el Estado) para defenderse en un pleito internacional contra la firma CB&I, su constructora. En el proceso arbitral, que actualmente se adelanta ante la Cámara de Comercio Internacional en Nueva York, Reficar afronta una demanda de reconvención de CB&I por un valor de US$213 millones. A su turno, Colombia contrademandó a la constructora por US$2.000 millones por los sobrecostos de la obra. En el entretanto, documentó la Contraloría, entre 2016 y 2017 se les han pagado US$28,4 millones a los abogados norteamericanos que han defendido a Reficar. Es decir, alrededor de $85.000 millones. Recursos que los directivos de la refinería le han girado a la firma King & Spalding LLP y que se suman a los casi $1.000 millones cancelados por parte de Colombia a la Cámara de Comercio Internacional por concepto de costos de arbitraje.
“Lo anterior, sin contar con los honorarios que se generan con firmas de abogados colombianas por este mismo concepto. Si tenemos en cuenta que la Cámara de Comercio Internacional fijó para el 28 de febrero de 2019 el plazo para emitir laudo arbitral, y que este plazo aún puede ser extendido en el tiempo, es previsible que los gastos por este concepto se incrementen sustancialmente”, señaló la auditoría. En Colombia, Reficar es representada por la firma de abogados Posse Herrera & Ruiz S.A. En su contrato quedó establecido que, dependiendo del tipo de abogado encargado de cada labor de la defensa, se cobrarán sumas distintas por hora. Por ejemplo, si lo hace un abogado júnior, el cobro es de $195.000; si es un abogado asociado, $250.000; si es uno sénior, $380.000, y, finalmente, si es uno de los socios de la firma, $500.000. Teniendo en cuenta los pleitos de la refinería, dicha cuenta seguirá facturando un buen tiempo.
El Espectador consultó a Reficar sobre este tema. Lo primero que aclararon es que los $7 billones de pérdidas que le adjudica la Contraloría, la refinería no los mide como tales: “Corresponden a costos de venta y no a gastos operacionales, los cuales no son considerados pérdidas. Los costos de ventas corresponden a compras de materia prima, costos fijos y variables, todos necesarios para el funcionamiento de la refinería, como en cualquier negocio manufacturero”. Asimismo añadieron que “Reficar es un gran complejo industrial con 34 unidades de producción. Hay que tener en cuenta que sólo a la mitad de 2016 se contó con la refinería prendida con todas sus plantas”. Según ellos, la fase de estabilización de la operación se está desarrollando a tiempo “y es normal que durante la misma ocurran fallas”. En relación con el pleito internacional con CB&I, reiteraron que los recursos destinados al pago de abogados para atender el caso eran necesarios para buscar un resarcimiento de los daños.