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El pasado 12 de junio el juzgado 75 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá ordenó crear una mesa técnica con el fin de realizar un informe técnico sobre la estructura rocosa alrededor de Hidroituango y el impacto y estabilidad del proyecto. Varias sesiones después, la mesa llegó a una conclusión preliminar: que no hay una entidad que pueda hacer el reporte -tanto por personal como por recursos- que está solicitando el despacho judicial.
El asunto es clave porque el informe que solicitó el juez debe entregarse en 60 días y busca ser un insumo para definir si el proyecto hidroeléctrico continúa o se suspende. Este martes, en una nueva sesión técnica que se realizó a instancias de la Procuraduría, se debatió la posibilidad de entregarle al juez los reportes parciales que cada uno de los integrantes de la mesa ha hecho al respecto, más las valoraciones que cada entidad hizo sobre cada uno de ellos, aunque no hubo un acuerdo al respecto.
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¿Por qué? Porque este martes se leyó un informe parcial en el que cada entidad, como EPM, la Contraloría, la Fiscalía, los representantes de las víctimas o la gobernación, valoró si había o no información suficiente sobre la situación del macizo rocoso y la viabilidad del proyecto. Y no hubo consenso. Por ejemplo, el movimiento Ríos Vivos planteó que la estructura es inestable.
“Los niveles de amenaza asociada a fallas totales o parciales en zonas aledañas al proyecto continúan siendo altos y no hay argumentos suficientes que permitan asegurar lo contrario”, indicó su reporte. Su preocupación reside especialmente el “macizo rocoso que colina con el embalse en las zonas aledañas a la presa, tanto en la margen derecha, como en la margen izquierda, sin disponibilidad de análisis de estabilidad de la zona”.
El delegado de la Contraloría señaló por su parte que los informes que han estudiado hasta el momento no fueron diseñados para responder las peticiones del juez, son antiguos, y, además, no abarcarían la complejidad del megaproyecto con las emergencias que ha tenido. “El estudio sobre el macizo rocoso en el lado derecho no representa lo que debe ser en realidad el estudio de estabilidad porque la presa tiene condiciones que se comprometieron en el momento de la contingencia”, dijo.
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Para el funcionario, el análisis requerido debe ser mucho más amplio. Y el delegado de la Fiscalía lo apoyó: “hay elementos que podrían ser utilizados en un estudio pro la información no es actual y eso es una preocupación”. Ante este escenario, un delegado de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría consideró que es el juez el que debe resolver qué hacer y, en últimas, ordenar que una entidad en específico haga el informe definitivo.
A esta posición se opuso la representante de Ríos Vivos, Isabel Zuleta, quien considera que cada entidad participante debe hacer una conclusión sobre si el proyecto es viable o no. A su turno, Juliana Palacio, directora del Departamento Administrativo del Sistema para la Prevención, Atención y Recuperación de Desastres de la Gobernación de Antioquia (Dapard), dijo que no hay elementos suficientes.
“No tenemos un estudio preciso para decir si está estable o no el macizo rocoso. Solo estudios parciales que se entregaron. Creo que la información que tenemos debemos entregársela al juez, no vamos a llegar a un consenso”, dijo. La sesión continuó con múltiples intervenciones, entre ellos, de EPM que considera que el Servicio Geológico Colombiano podrá resolver esta situación.