Los recursos de Colombia que están en juego en tribunales de arbitramento

Empresas de todo el mundo que han hecho cuantiosas inversiones en el país, así como compañías nacionales y uniones temporales que han participado en licitaciones locales, optaron por dar el último paso que podían para resolver sus fallidos negocios con el Estado colombiano: demandarlo. Si Colombia los perdiera todos —un escenario caótico y poco probable—, perdería $46,28 billones, 11 veces la cantidad asignada este año para atender a víctimas del conflicto interno.

Las reclamaciones son de todo tipo. Van desde quienes eran dueños de Granahorrar, que esperan indemnización luego de que el Gobierno tuviera que intervenir el banco, en 1998, ante su evidente falta de liquidez, hasta la concesionaria Ruta del Sol, a la cual el Estado le tuvo que quitar el contrato de Ruta del Sol 2 tras probarse que Odebrecht creó un esquema de sobornos para quedarse con ese contrato.

Estos son todos los procesos que Colombia afronta dentro y fuera del país. En el exterior, donde están los casos que implican pretensiones más costosas (representan el 77 % de los $46,28 billones), el futuro de los recursos colombianos depende del litigio de bufetes internacionales, a quienes, en promedio, el Estado paga US$2,5 millones por caso.

Reficar

Pretensiones: $7,1 billones

Esa suma es seis veces el presupuesto extra que el presidente Iván Duque prometió ($1,2 billones) para las universidades públicas en su cuatrienio.

Los sobrecostos que se generaron durante la modernización de la Refinería de Cartagena (Reficar), que la Fiscalía ha tasado en más de $600.000 millones, fueron el origen de investigaciones en todos los frentes: penal, disciplinario y fiscal. A raíz de estas investigaciones, la empresa presentó demanda ante el tribunal de arbitramento. En diciembre de 2017 fueron llamados a juicio el representante legal de la firma CB&I, Philip Kent Asherman, a quien le imputaron el cargo de interés indebido en la celebración de contratos, y Massoud Deudehban, director de proyectos y representante legal de CB&I en 2009, a quien le imputaron peculado por apropiación (adueñarse de recursos públicos) y enriquecimiento ilícito a favor de particulares. Ambos se declararon inocentes. Por este mismo tema, la firma auditora Joint Venture Foster Wheeler demandó a Colombia, por pretensión indeterminada, a raíz de las acciones de la Contraloría.

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Electricaribe

Pretensiones: $ 5,2 billones

Esta suma es dos veces el presupuesto que el gobierno Duque le asignó al Programa de Alimentación Escolar (PAE) en todo el país.

La crisis en la prestación de servicios de Electricaribe, que se hizo evidente a finales de 2016, llevó a su intervención y a que la Superintendencia de Servicios ordenara su liquidación en marzo de 2017. Gas Natural Fenosa, la mayor accionista de la empresa, alega ante el tribunal de arbitramento que la decisión del Gobierno de acabar con Electricaribe es el resultado de las acciones y omisiones de Colombia que resultaron en la violación del Tratado Bilateral de Promoción y Protección de Inversiones, firmado en 2007 por Colombia y España. Por mencionar algunos hechos, la multinacional explicó que las autoridades nunca hicieron nada para frenar los robos que sufrió su central eléctrica y que sus funcionarios estuvieron permanentemente amenazados por grupos criminales, situación que dificultó la operación de la empresa.+

(En contexto: Detalles de la demanda de Gas Natural contra Colombia)

Glencore, la multinacional suiza que pide $2,5 billones

Se trata de una suma casi igual a la que el Estado asignó a la implementación del Acuerdo de Paz para este año.

La multinacional Suiza tiene dos demandas en contra del Estado, una en etapa prearbitral, que todavía no tiene monto, y la otra de $2,5 billones que está ad portas de resolverse. La primera tiene que ver con lo que consideran un trato discriminatorio, pues consideran que las autoridades no han sido justas con las reglas para el transporte de minerales en el puerto de Santa Marta y esto les está causando un detrimento y perjuicios. El segundo tribunal de arbitramento, que podría resultar en el primero para Colombia por un acuerdo de inversión, comenzó por desacuerdo con el Estado en el contrato para explotar carbón en el Cesar.

(Lea más sobre esta demanda: El pleito por $2,5 billones entre Glencore y Colombia está a punto de resolverse)

Granahorrar, la intervención que podría costar $1,1 billones

Con esta cantidad se filmaría la película “El abrazo de la serpiente” 236 veces.

Alberto, Felipe y Enrique Carrizosa Gelzis, por un lado, y Astrid Benita Carrizosa, por otro, demandaron a Colombia por la intervención del banco Granahorrar, una de las entidades financieras más tradicionales del país. Tanto el Gobierno, como el sector privado hicieron de todo para salvar a la entidad, que en 1998 quedó ilíquida y endeudada con la banca. Ante la reacción de la gente de retirar masivamente su capital, el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras (Fogafín) tuvo que apoyar el proceso para garantizar los recursos de los ahorradores. Las cabezas que tenía Granahorrar entonces argumentan que la intervención se hizo con muchos errores de por medio y por eso aspiran a una indemnización.

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Telefónica y Claro

Pretensiones: $4,6 billones

Es 39 % más de lo que Bogotá espera recaudar este año en prediales.

En 2013, cuando llegó el momento de devolver al Estado (en dinero) la infraestructura que les había facilitado 20 años atrás para echar a andar sus negocios, América Móvil y Telefónica (Claro y Movistar, respectivamente) pusieron el grito en el cielo. Alegaron que Colombia había emitido la Ley 1341 de 2009, en la cual se eliminó esa reversión de activos, y que esa norma debía aplicarse a ellos también. América Móvil presentó una segunda demanda, por cuantía indeterminada, a raíz del sistema tarifario de conexión.

(En contexto: $4.7 billones deberán pagar Claro y Telefónica a la Nación)

Odebrecht, aun confesando delitos, pide $3,8 billones

Esta suma es 36 veces más grande de lo que Odebrecht prometió pagar como reparación en Colombia a cambio de que cese cualquier investigación contra sus directivos.

Aunque la multinacional ya reconoció la existencia de pagos de sobornos, por negligencias de algunos de sus directivos, y la Fiscalía ha dicho que pagaron más de $100.000 millones en sobornos en Colombia, Odebrecht asegura que el Gobierno colombiano hizo una “expropiación ilegal” de sus intereses amparados en un acuerdo que Colombia suscribió con España para proteger la inversión internacional.

“España reclama la indemnización y el resarcimiento de los daños causados a sus inversiones (la filial Odebrecht en el país ibérico) por lo que consideran las múltiples violaciones a sus obligaciones asumidas bajo el acuerdo de inversión”, dice la demanda. Además de este caso, los brasileños presentaron una demanda en contra del Estado por $751.000 millones que también está pendiente de fallo en un tribunal de arbitramento en Colombia. Allí se discute si el Estado debe responder por la liquidación de un contrato con Odebrecht o si ellos deben asumir todos los pagos.

(Le puede interesar: Los hechos claves para entender el escándalo de Odebrecht)

Cerromatoso S.A.

Pretensiones: $5,7 billones

La cantidad a la que aspira la empresa excede en $1,3 billones todo el presupuesto de la rama judicial para 2019.

La multinacional minera tiene dos tribunales de arbitramento en contra de la Nación que aún no han empezado. En la primera, Cerromatoso alega que se incumplió el convenio de inversión con el Reino Unido porque Colombia cambió la metodología para la fijación del precio base de liquidación de las regalías de níquel. La segunda tiene que ver con un fallo de la Corte Constitucional en el que aclaró que se debe proteger la salud de los habitantes que viven cerca a sus minas. Según la multinacional, esto va en contra de sus intereses como inversionistas.

(Lea también: El litigio que cocina Cerro Matoso S.A.)

Otras mineras

Pretensiones $1,8 billones

Es el 13 % del valor total que, según el alcalde Enrique Peñalosa, costará el metro de Bogotá.

Gran Colombia Gold, Galway Gold Inc. y Red Eagle Exploration demandaron al Estado ante tribunales internacionales con base en sentencias de la Corte Constitucional. La primera demandó luego de que el alto tribunal expidiera la sentencia SU-133 de 2017, en la cual se amparó el derecho de los habitantes de Marmato (Caldas) y de los mineros tradicionales del municipio “a participar en el proceso mediante el cual identificarán los impactos que se derivaron de la autorización de las cesiones de los derechos mineros emanados del título CHG-081”, que tenía Gran Colombia Gold Corp. Las otras dos empresas demandaron con base en el fallo C-035 de 2016, el cual vetó la actividad minera en el páramo de Santurbán (Santander). Las empresas alegan que la nueva normativa afecta sus negocios y los acuerdos de inversión.

Procesos nacionales

Pretensiones: $10,7 billones

Con ese dinero se podrían cubrir seis veces el programa de Familias en Acción, según el presupuesto aprobado para este año.

Hay 86 procesos en curso en tribunales de arbitramento nacionales. En varios de ellos se alega que el Estado colombiano incumplió el contrato, por esa línea se fueron empresas como la Concesionaria Ruta del Sol (conformada por Odebrecht, Episol y CSS Constructores), CSS Constructores (empresa de Carlos Solarte, llamado a juicio por el escándalo de Odebrecht), Ferrocarril del Pacífico o Allianz Seguros. Hay otras empresas que alegan desequilibrio contractual, desequilibrio económico o enriquecimiento sin justa causa.