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La magistrada de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia Cristina Lombana Velásquez no renunciará, bajo ninguna circunstancia, al Ejército Nacional. Así lo confirmó El Espectador con personas allegadas a la jurista luego de que sus compañeros de sala aseguraran que su doble condición de juez y militar -pues es mayor del Ejército- pone en duda su imparcialidad. “El mantenimiento de su estatus militar en servicio activo genera duda razonable sobre el manejo adecuado de sus legítimos intereses personales”, dice esa decisión.
La Sala de Instrucción separó a la magistrada de dos procesos que adelanta en contra del senador Álvaro Uribe Vélez por supuesta manipulación de testigos, luego que el también senador Iván Cepeda la recusara argumentando que tenía una relación subordinada con Álvaro Uribe mientras él era presidente de la República y ella, oficial del Ejército. Y que había trabajado en la firma de Jaime Granados quien hoy funge como defensor del expresidente.
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La decisión de la Sala, además, hace un fuerte reparo a la magistrada por mantener el régimen de carrera de los oficiales de la Justicia Penal Militar, así como su rango militar y la vinculación a las fuerzas armadas. Y afirmó que la justicia no solo debe ser imparcial, sino que debe parecerlo. “Dos calidades deben tener los jueces: estar libres de conexiones e influencias inapropiadas con los poderes ejecutivo y legislativo y con las partes del proceso; y ostentar la apariencia de ser libres e independientes frente a ellos”, dice el documento.
El fuerte pronunciamiento de la Sala de Instrucción, que se remite al caso concreto de los procesos de manipulación de testigos, generó cuestionamientos sobre si, en consecuencia, Lombana tendría que ser apartada de todos los casos que están en la Sala de Instrucción en contra de Álvaro Uribe como, por ejemplo, la investigación por su presunta relación en el homicidio de Jesús María Valle Jaramillo, ocurrido el 27 de febrero de 1998; la masacre de la Granja y de San Roque, perpetradas en 1996, y la masacre del Aro, ocurrida en 1997.
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Estos casos, declarados de lesa humanidad por el alto tribunal en el 2018, los tiene a cargo el magistrado César Reyes. No obstante, si se llegara a tomar alguna decisión de fondo en este caso, se debatiría por toda la sala de instrucción. ¿Qué pasaría con Lombana? En la Corte explicaron a este diario que tendría que analizarse cada caso en concreto, si llega a presentarse una nueva recusación. Por ahora, hay algunas voces en la Corte que consideran que la Sala habría desbordado sus funciones al afirmar que la imparcialidad de Lombana se ve afectada de manera general y no solo para el caso concreto de Uribe y Cepeda.
Este diario consultó al círculo cercano de la magistrada quienes advirtieron que Lombana no tiene pensado retirarse del Ejército ni de la Corte Suprema, entre otros, porque cuando Sala Plena de ese alto tribunal la eligió no le exigió renunciar al Ejército ni consideró como un impedimento su vinculación a las Fuerzas Armadas.
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