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Este jueves es un día clave para Colombia en la ONU. En el Palacio de las Naciones, en Ginebra (Suiza), todo está listo para recibir a la delegación del país que, por tercera vez en la historia, pasará a presentar el Examen Periódico Universal (EPU) de derechos humanos que se realiza cada cinco años. La evaluación llega en un momento clave para la coyuntura que enfrenta el Estado colombiano a raíz de las dificultades para la implementación del Acuerdo de Paz, los asesinatos de líderes sociales, las problemáticas por el hacinamiento en las cárceles, y una larga lista de constantes, y casi sistemáticas, violaciones de derechos humanos en el país.
La importancia del examen es de la mayor trascendencia para quienes conocen a profundidad el sistema en el cual se desarrollan todas las tareas de la ONU. En pocas palabras, se trata de una prueba en la que los ojos de los 193 países que integran el Consejo de Derechos Humanos se enfocan sobre Colombia para enviar un mensaje claro: “Los estamos vigilando”. Para hacerlo, las actividades se dividen en tres: la presentación de un informe que presenta el Estado evaluado, la revisión de un documento que compila los informes de expertos grupos de trabajo independientes y por último, un resumen de la información proporcionada por los actores interesados, incluyendo las instituciones nacionales de derechos humanos.
(Vea: En dos años han asesinado a 282 líderes sociales)
Este trabajo es considerado por investigadores, abogados y especialistas en derechos humanos como el esfuerzo más grande del mundo de recopilación datos y documentos sobre esta temática en todo el mundo. Al revisar los informes y dialogar con los autores, cada delegación determina qué temáticas quiere abordar en su intervención y cuáles son las recomendaciones que le quiere hacer al país evaluado, un punto clave del EPU. Estos encargos son aceptados o no por el Estado que se encuentra en el tablero y, en teoría, deben ser cumplidas en el menor tiempo posible. Sin embargo, esa no es la situación para la gran mayoría de propuestas y, como no existe un mecanismo de seguimiento, el país no adquiere ninguna sanción al no hacerlo.
Por mencionar un ejemplo claro de esta situación, la última vez que Colombia realizó el examen, en mayo de 2013, por lo menos cinco países, entre ellos Italia, Bélgica, Alemania y Holanda, le advirtieron al Estado colombiano que tenía que proteger a los líderes y defensores de derechos humanos. Cinco años después, la situación es crítica: solo en 2018, se han reportado 37 asesinatos. La crisis, seguramente, será uno de los temas que se abordará con más insistencia en la sesión de mañana en Ginebra (Suiza), la última que tendrá que enfrentar el gobierno de Juan Manuel Santos. La delegación la preside el ministro del Interior, Guillermo Rivera quien ya llegó al viejo continente para ultimar detalles de su intervención.
“El EPU tiene el potencial de fomentar un intercambio efectivo y continuo mediante el fortalecimiento de la cooperación y el diálogo entre los gobiernos y la comunidad jurídica. Es un ejercicio único”, resaltó el Instituto de Derechos Humanos (Ibahiri). Mañana, Colombia será el centro de las sesión en el Salón de la Civilización en el Palacio de las Naciones en Ginebra y que promete atraer a todos los miembros del Comité pues, para la Unión Europea y el resto del mundo, los esfuerzos por lograr la paz en el país han sido de profunda preocupación y constante seguimiento. Con un acuerdo para el fin del conflicto firmado, unas negociaciones en marcha y una situación de extrema delicadeza dentro del país, el examen resulta trascendental.
(Puede interesarle: Miembros del Parlamento Europeo, preocupados por asesinatos de líderes sociales)
*El Espectador está en Ginebra (Suiza) gracias a la invitación de la Red Internacional de Derechos Humanos.