La Procuraduría está investigando la responsabilidad del Instituto Nacional de Vías (Invías), la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) y otras entidades vinculadas a proyectos de concesiones de carreteras que, por posibles malos manejos, han acarreado en desastres ambientales en las regiones aledañas. En concreto, se investigan “presuntas omisiones que habrían permitido el mal uso del suelo y del agua rural”, señaló el Ministerio Público.
Este diario conoció que se trata de tres concesiones en específico que, por ser corredores estratégicos, pero también por la gravedad de las afectaciones ambientales que se les podrían atribuir, han sido priorizadas por la Procuraduría. Se trata del túnel de la Vía al Llano, que comunica Bogotá con Villavicencio; la carretera que conduce al túnel de La Línea y que conecta el centro del país con el suroccidente; y, por último, la carretera que conduce de Buga a Buenaventura, en el Valle del Cauca.
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La Procuraduría ya visitó estos tres proyectos viales y verificó que en la zona se han venido presentando derrumbes y la tierra ha llegado a graves niveles de erosión, por lo que advierten que se podría presentar una emergencia ambiental. Se estaría manejando tan mal el tema, que ya no tiene repercusiones solo ambientales, sino que ha generado también demoras y sobrecostos en la entrega de los proyectos.
Estos procesos, supo este diario, generan una especie de carrusel, donde, como ocurrió en el pasado con el Túnel de La Línea y, más recientemente, en la Vía al Llano, el concesionario dice que no va a responder por ese tipo de contingencias, pues supuestamente no están incluidas en el contrato. Así, en lugar de asumir, por ejemplo, los gastos en los que se incurra por un derrumbe, los suman como costos adicionales y los termina pagando el Estado con dineros públicos.
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El siguiente paso en la indagación que adelanta la Procuraduría será pedir información a las entidades investigadas (Anla, ANI e Invías), así como a las concesiones sobre la estructuración de los contratos. Surtido ese proceso se conocerá si existieron omisiones por parte de los funcionarios a cargo de entregar estos millonarios contratos para exigir un mejor manejo ambiental. Esas personas podrían ser investigadas disciplinariamente y, de existir mérito, podrían ser llevadas a juicio, luego de lo cual recibirían sanciones como inhabilidades o multas.