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El puente del Chirajara, en la vía al Llano, se cayó por problemas en su diseño. Esta fue la teoría que el concesionario Coviandes, responsable de la obra, entregó a las autoridades, al Gobierno y al país entero sobre lo que sucedió el 15 de enero de 2018, cuando una de las vigas colapsó y ocasionó la muerte de nueve personas. A esa conclusión llegaron los constructores, luego de que la empresa de consultoría de Estados Unidos Modjeski & Master (M&M) les entregó su informe de investigación sobre lo ocurrido hace año y medio. Pero hoy, en medio de un pleito arbitral en la Cámara de Comercio de Bogotá, esta versión oficial parece estar en entredicho.
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En un documento de sesenta páginas que ya está en manos del tribunal de arbitraje, Gisaico, la empresa que fue demandada por la demora en la entrega del proyecto, detalló uno a uno los peros que encontró sobre el dictamen de M&M y cómo, según su propia investigación, abogados y funcionarios del concesionario habrían manipulado la versión que entregaron los estadounidenses para reforzar su teoría de que todo se trató de un error de diseño y así cobrar el seguro. El pleito lo arrancó hace un año Coninvial, el consorcio constructor que eligió Coviandes y cuyo presidente hoy es Alberto Mariño. Corficolombiana, del Grupo Aval, tiene el 60 % de las acciones de ambas compañías.
El documento
Gisaico presentó una serie de fotografías, correos y documentos que, según ellos, demuestran cómo el peritaje sobre la caída del puente Chirajara, realizado por la firma estadounidense Modjeski & Master (M&M), habría sido manipulado por su contraparte, Coninvial. “El supuesto perito de este proceso no fue imparcial ni independiente, no solo porque las propiedades del archivo demuestran que el representante legal de Coviandes manipuló la información que el experto técnico debía elaborar independientemente, sino porque, si se abre el archivo y se muestra el panel de revisiones, se encuentran 839 realizadas por Alberto Mariño Samper”, se lee en el análisis.
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El documento al que hacen referencia es un borrador que entregó M&M en febrero de 2018 a Coviandes, que fue revisado por Mariño el 20 de marzo de ese mismo año. De ahí en adelante, la empresa estadounidense contratada por el concesionario presentó otras dos versiones: una el 23 de marzo de 2018 y otra más el 13 de abril. Ese día, Alberto Mariño y Thomas Murphy —a quien Mariño le decía de forma amistosa Tom—, vicepresidente y jefe técnico de M&M, intercambiaron 27 correos electrónicos. En ellos, Alberto Mariño le pidió a Murphy que le enviara el formato en Word, para “leerlo y hacer comentarios” al documento final, tal como se lee en uno de los mensajes.
El 22 de abril de 2018, Alberto Mariño envió un mensaje a Murphy en el que le indicó que era “fundamental” entregar un informe en dos días a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), porque debían utilizar ese documento para el reclamo del seguro a la empresa QBE Seguros. Efectivamente, la auditora estadounidense envió un informe en PDF el 24 de abril. A través de esa reclamación, Corficolombiana buscaba que la aseguradora respondiera por $35.000 millones. Según Gisaico, entre las pruebas para comprobar la estrecha relación entre Coviandes y M&M están también dos correos enviados el 1° y el 9 de mayo.
En el primero, la ingeniera Nohemy Galíndez, de M&M, le escribió a Mariño agradeciéndole por los dulces que les regaló. Y en el segundo, Murphy le envió la versión final del informe técnico y un mensaje de agradecimiento por las atenciones que tuvo con el grupo de trabajo de la auditora que visitó Colombia: “Esta es la versión final del informe, así que no creemos que se necesiten más modificaciones. Fue realmente un placer trabajar con usted y con su equipo. Su hospitalidad hizo que nuestras visitas fueran algo que todo nuestro equipo esperaba ansiosamente”.
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Todo parecía saldado hasta que surgió un problema con la aseguradora QBE.
Coninvial le explicó a Murphy que su intención era dinamitar la columna del puente que se salvó de caerse, conocida como la pila C —la pila B fue la que colapsó—, pero que la aseguradora no iba a asumir el costo, pues no consideraban necesario hacerlo. Para QBE, el informe no era concluyente sobre los supuestos daños irreparables que presentaba la pila C. El 24 de mayo de 2018, bajo el rótulo de “Respuestas y aclaraciones urgentes Chirajara”, Mariño y Murphy intercambiaron diez correos en los que Coviandes le pedía a M&M que respondiera un cuestionario enviado por la firma de abogados Zurek & Gómez, que en ese momento representaba los intereses de la filial de Corficolombiana en el caso del seguro.
En uno de esos correos en que M&M daba respuesta a las inquietudes de los abogados, Mariño insistió en la necesidad de demoler la pila C, y le preguntó a la firma si era posible incluir las preguntas respondidas en una carta oficial de M&M. Petición a la que accedió Murphy. Según Gisaico, esa carta fue escrita por la abogada María Isabel Zurek sin que, al parecer, la firma estadounidense intermediara. En ese documento quedaron plasmados los argumentos que necesitaban los colombianos para que el seguro pagara la demolición de la pila C. A comienzos de junio, la aseguradora recibió la carta y aprobó el pago de $35.000 millones para la destrucción de la columna.
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“No es entendible, ni aceptable, ni legal que la parte sea la que redacte las comunicaciones que el experto técnico debe producir en forma ‘independiente’. Lo cual significa que existe tanta confianza entre cliente y asesor que este no puede después convertirse en tercero independiente e imparcial”, se lee en el análisis de Gisaico.
Consultada por este diario, María Isabel Zurek explicó que su firma solo asesoró a Coninvial en el proceso ante la aseguradora e insistió en la necesidad que había en ese momento de demoler la torre. Aseguró que había otros cuatro expertos que lo recomendaban y que ella misma fue la persona que redactó las preguntas que contestó M&M, pero que nunca intermedió en sus respuestas.
“Yo les mandé un documento con las preguntas y ellos, en ese mismo archivo, contestaron. No es cierto que nosotros hayamos contestado por ellos. M&M es una firma estadounidense seria en su trabajo. No permito que utilicen mi nombre para defenderse. Es muy desagradable para mí tener que salir en este ruedo. Pero esperaré el llamado del tribunal para dejar claro qué fue lo que hicimos”, aclaró Zurek.
Sin embargo, para Gisaico la intervención de los abogados y de Mariño es una prueba más de que M&M no puede ser considerado perito independiente, pues además de los informes de consultoría y la carta, la firma también los asesoró en la revisión de unos informes que presentó Gisaico.
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Ante el tribunal, M&M declaró que su intervención correspondía a la de un experto en el tema y de una voz independiente. Esto, para Gisaico, no es del todo cierto. Además de explicar lo que encontró en los archivos que M&M le entregó al tribunal, la empresa de ingenieros señaló que el mismo informe que les presentaron a los árbitros como su dictamen pericial estaba listo desde diciembre del año pasado y fue el mismo que revisó Mariño. Pero, sin mayores explicaciones, el documento llegó al tribunal apenas a finales de enero de 2019, lo que, explica Gisaico, sería una movida desleal y “engañosa”, pues los árbitros les concedieron a Coninvial un tiempo adicional para presentarlo.
“Tal comportamiento, totalmente desleal, podría ser consecutivo de un delito, porque con el engaño se obtuvo del Tribunal una resolución que otorgó un término adicional y con el propósito de ocultar esa prueba, hasta el último momento, para que esta no tuviera forma de defenderse”, explica Gisaico, que solicitó al tribunal que envíen las pruebas a la Fiscalía para que investigue si con esta conducta se habría cometido el delito de fraude procesal. Coviandes ya les contestó a los árbitros rechazando rotundamente los señalamientos hechos por su contraparte en el pleito. De entrada, señalaron que se trata de manifestaciones temerarias y calumniosas.
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“Jamás ha sido el interés de Coninvial, Coviandes y sus apoderados ocultar información. Por el contrario, la conducta de la demandante en este proceso ha sido abierta y transparente, de tal forma que no se ha opuesto ni ha intervenido en la entrega de información por parte de M&M, aun conociendo el talante de la contraparte y las argucias que podía utilizar en contra”, sostienen. Además, aseguraron que es “infame” decir que Alberto Mariño “manipuló información que el experto técnico se suponía debía elaborar independientemente”, pues “son apenas normales en un documento donde el legítimo interés de Coviandes es que fuera completo y concluyente”.
Sobre la modificación de los informes, Coviandes agregó que ninguno de los cambios pretendía modificar la posición del investigador, pues ambas partes coincidían en la misma conclusión: existe un error de diseño y esa fue la causa del colapso de la pila B. Y que las modificaciones que se le hicieron al informe solo fueron de forma, de acuerdo con lo que ordena la ley, para convertir el documento en uno que pudiera ser tenido en cuenta en procesos judiciales y presentarlo ante la aseguradora de la obra. M&M, añadió la empresa, “conoce perfectamente el contexto técnico del diseño del puente Chirajara, por lo que es apenas lógico que sea consultado por terceros”.
“Es infame y temerario lanzar la irresponsable acusación de la presunta existencia de un fraude procesal, porque supuestamente se contaba con el experticio antes del momento en que fuera mencionado ante el tribunal, y fuera solicitado un plazo para aportarlo. Esa acusación se rechaza categóricamente y es claro que obedece a la campaña de desprestigio” por parte de Gisaico, sostiene Coviandes, que aseguró que “fue absolutamente intencional que no se modificara ni una sola coma del documento original, justamente para garantizar que lo que se presentara como una prueba pericial correspondiera netamente a los resultados de la investigación”.