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Ocho años después de que la Fiscalía declarara el magnicidio del director de El Espectador, Guillermo Cano Isaza, como crimen de lesa humanidad, una fiscal especializada de derechos humanos tomó la primera decisión de fondo. La determinación fue vincular, mediante indagatoria, a John Jairo Velásquez Vásquez, alias Popeye, y a Gustavo Adolfo Gutiérrez Arrubla, alias Maxwel, para que comparezcan ante el ente investigador por el presunto delito de homicidio agravado.
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La decisión de apenas ocho páginas, conocida por este diario, está basada en antecedentes judiciales y declaraciones de testigos que permitieron concluir a la Fiscalía que los citados Velásquez Vásquez y Gutiérrez Arrubla fueron miembros activos del cartel de Medellín y desarrollaron acciones criminales, no solo en la capital antioqueña, sino también en Bogotá. El ente investigador busca establecer hasta qué punto participaron en el asesinato.
El crimen del director de El Espectador se produjo el 17 de diciembre de 1986, cuando Guillermo Cano salía del periódico. Aunque a través de testigos se logró establecer la participación directa de los sicarios Álvaro García Saldarriaga y Luis Eduardo Osorio Guisao, pertenecientes a la banda los Priscos, en un término de cinco meses ambos aparecieron asesinados. El primero en Palmira (Valle) y el segundo en San Jerónimo (Antioquia). Era claro el interés de la mafia de borrar sus pasos.
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Hacia 1988, gracias a las labores de investigación desarrolladas por el abogado de la familia Cano y del periódico, Héctor Giraldo Gálvez, fue capturado en Medellín Luis Carlos Molina Yepes. La justicia verificó que este sujeto era el propietario de la cuenta bancaria desde la cual se giraron los dineros para comprar la moto en la cual se movilizaban los hombres que asesinaron a Guillermo Cano. A pesar de las evidencias en su contra, días después de su aprehensión, Molina se fugó de las oficinas del DAS.
Una jueza ordenó su recaptura y también el arresto de Pablo Escobar. Sin embargo, en respuesta, se agudizó la ofensiva del cartel de Medellín. El abogado Giraldo fue asesinado el 29 de marzo de 1989. Cinco meses después, el 16 de agosto, el magistrado del Tribunal de Bogotá Carlos Ernesto Valencia, quien había confirmado la vinculación de Escobar al magnicidio, corrió la misma suerte. La presión criminal llevó a varios exilios de periodistas e integrantes de la familia Cano.
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El 2 de septiembre de 1989, un camión cargado de dinamita fue detonado frente a las instalaciones del diario. Un mes después, en Medellín fueron asesinados los gerentes administrativo y de circulación del diario, Marta Luz López y Miguel Soler. Semanas después sucedió lo mismo con Hernando Tavera, también gerente. A partir de 1991, cuando Escobar se entregó a la justicia, el expediente Cano fue sumado a la larga lista de procesos incluidos en el acuerdo de sometimiento.
A pesar de que la impunidad ya era notoria, el expediente fue a dar al despacho de la jueza sin rostro de Medellín, Rocío Vélez, quien confirmó la responsabilidad de Escobar y sus secuaces en el crimen de Cano, pero fue asesinada junto con tres escoltas en septiembre de 1992. El 6 de octubre de 1995, nueve años después del crimen, el Juzgado 73 Penal del Circuito de Bogotá falló el caso. Seis personas resultaron sentenciadas. Solo una de ellas estuvo presa, pero después se supo que fue un error judicial.
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En segunda instancia, en julio de 1996 se absolvió a la persona condenada por equivocación y fueron absueltos tres de los condenados por el juez. En ese momento, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) le reclamó al Estado por tanta impunidad, y en febrero de 1997 fue capturado en Bogotá Luis Carlos Molina Yepes, quien purgó seis años de prisión de los 16 a los que fue condenado. De ahí en adelante, el expediente Cano cayó en el olvido total.
En julio de 2010, la Fiscalía reconoció que el crimen del director de El Espectador hizo parte de una persecución sistemática contra el diario y lo declaró crimen de lesa humanidad, es decir, imprescriptible. Desde entonces, el caso permaneció a la espera de alguna novedad. Ahora vuelve a tomar importancia con el anuncio de la indagatoria de Velásquez y Gutiérrez, quienes serán escuchados por el ente investigador la última semana de noviembre.
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Alias Popeye estuvo 23 años y tres meses en prisión, hasta que en agosto de 2014 un juez de ejecución de penas le otorgó la libertad condicional. No obstante, el pasado mes de mayo fue vinculado a una investigación por extorsión en Medellín y hoy está recluido en la cárcel de máxima seguridad de Valledupar. Aunque en sus intervenciones públicas como youtuber, Popeye se ha referido a sus andanzas criminales, en el caso Cano su declaración tiene origen judicial.
El 2 de mayo de 1994, ante la entonces llamada justicia sin rostro, Popeye declaró que para matar a Guillermo Cano “no se necesitaba nada. Salía todos los días a la misma hora del periódico sin escoltas”. Popeye aclaró que esos detalles los conoció por boca del Negro Pabón, quien participó con él en el secuestro de Andrés Pastrana y en el asesinato del procurador Carlos Mauro Hoyos. En la misma declaración exculpó a Luis Carlos Molina, de quien dijo que era apenas un cambiador de cheques.
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En cuanto a Gustavo Gutiérrez Arrubla, la última actuación judicial en su contra fue de la Corte Suprema de Justicia, en octubre de 2003, cuando ratificó una condena por actividades terroristas, narcotráfico y concierto para delinquir. Tanto en este expediente como en otros, quedó claro que Gutiérrez, o alias Maxwel, hizo parte activa del cartel de Medellín y también del grupo de los Pepes, que se integró para lograr la caída de Pablo Escobar.