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Después de varios aplazamientos, la Fiscalía General de la Nación imputó cargos al coronel (r) Jorge Armando Pérez Amézquita y otros tres uniformados por su posible participación en el homicidio del exguerrillero Dimar Torres, ocurrido el 22 de abril de 2019 tras recibir un disparo a manos del cabo segundo Daniel Eduardo Gómez Robledo. La Fiscalía aseguró en la diligencia que el oficial fue quien ordenó el crimen del excombatiente como una venganza por la muerte del soldado Pablo Borja García luego de pisar un artefacto explosivo y confirmó que se usó un grupo de WhatsApp para ultimar los detalles del crimen.
"El cargo que ostentaba le otorgaba plena capacidad de determinar a sus subalternos y sus órdenes de matar fueron concretas, directas e inequívocas: vengar la muerte de su soldado y matar a Dimar Torres de quienes ustedes afirmaban eran el autor de ese atentado, no obstante nunca lo judicializaron. Solo fue un acto puro de venganza”, dijo el fiscal Aníbal Arbeláez al coronel Pérez Amézquita a quien le imputó el cargo de homicidio en persona protegida en calidad de determinador. El oficial no aceptó los cargos endilgados.
(Puede ver: Dimar Torres: condenan a 20 años de prisión a cabo por homicidio del excombatiente)
"Usted como el comandante del Batallón (de Operaciones Terrestres No. 11), superior del cabo Gómez -autor material del injusto- y de los soldados aquí presentes, con las órdenes y mandatos impartidos a sus subalternos, en especial al cabo Gómez, lo determinó para ejecutar la muerte de Dimar Torres. Esto es, provocó en el auto material una resolución delictiva. De manera dolosa instigó a la muerte, no la captura", agregó el fiscal. Los soldados Cristian David Casilimas Pulido, William Andrés Alarcón Castrillón y Jhorman Alexander Buriticá Duarte tampoco aceptaron cargos. Este último estuvo dormido buena parte de la audiencia.
La Fiscalía ratificó que tras la muerte del soldado Pablo Borja García, el 1° de abril de 2019, en zona rural de Ocaña, el coronel (r) Jorge Pérez Amézquita ordenó dar con los responsables y fue allí cuando se acusó falsamente a Torres de ser miembro del ELN. Los soldados vinculados habrían ayudado a ocultar el crimen escondiendo la moto en la que se movilizaba Torres y cavando la fosa donde trataron de inhumar el cuerpo. Como se supo luego, la comunidad intervino para que los uniformados no desaparecieran al excombatiente.
(En contexto: Caso Dimar Torres: el paradójico argumento del coronel (r) bajo la lupa de la Fiscalía)
El fiscal narró en la diligencia los hechos así: "Los soldados apoyan de manera consciente al cabo Gómez de tal manera que entre Casilimas y Buriticá toman la motocicleta en la que se desplazaba con vida Dimar Torres, la arrastran hasta un matorral para ocultarla y sus pertenencias. Paralelamente Alarcón toma el cuerpo de la víctima, lo arrastra por la carretera y lo lanza a un sitio despoblado frente a su propia base militar. Y finalmente cavan una fosa. Por fortuna, no se logra desaparecer el cuerpo".
La Fiscalía señaló que a pesar de la intervención de la comunidad, el cabo Gómez acudió ante el coronel Pérez Amézquita y “le reportó que mató a Dimar Torres”. Y como respuesta, el oficial le dice a Gómez que no reporte nada oficialmente y que hablen por WhatsApp. “El cabo obedece y en la comunicación el coronel le pregunta: “¿Qué decía el hijueputa?””. La inspección al cadáver, los informes de los investigadores, las fotografías del cuerpo y de la zona revelan que el excombatiente fue víctima de cuatro impactos de balas.
(En contexto: Desvinculan del Ejército a testigo del caso Dimar Torres)
Para solicitar la medida de aseguramiento, la Fiscalía expuso el panorama de presencia de grupos armados en El Catatumbo y enfatizó en que Torres era un excombatiente de las Farc, que trabajaba en su reincorporación. “No se encontraba realizado actividad ilícita alguna que permitiera a los militares decir que actuaba como combatiente. No aparecía el nombre como miembro de grupo ilegal para la época de los hechos. Dimar fue seleccionado por el agresor por una venganza y castigo”.
La Fiscalía enfatizó en que los militares aprovecharon la convulsa situación de El Catatumbo para perpetrar y expuso en la diligencia –que se realizó en los juzgados de Paloquemao-que los uniformados no hicieron ni una sola labor investigativa para identificar a los responsables de ubicar el artefacto explosivo del que fue víctima el soldado Borja. “No hicieron nada de carácter procesal”, dijo el fiscal.
La Fiscalía expuso en la diligencia las conversaciones de WhatsApp que sostuvo el coronel Pérez Amézquita con el subteniente John Javier Blanco (radioperador) y otros uniformados en el que el oficial dice reiteradamente: “no necesito reportar nada, necesito vengar la muerte del soldado. Paso dado, paso asegurado”. Además, que tocaba “desaparecer todo”. El fiscal del caso, apoyado en las declaraciones Blanco y Gómez –quien fue condenado a 20 años de prisión- ratificó que se creó un grupo de WhatsApp para informar sobre Dimar Torres, a quien Gómez calificó como el supuesto responsable del artefacto explosivo que acabó la vida del soldado Borja.