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Tal y como había sucedido con el río Atrato hace dos años y como sucedió hace un mes con los ríos Coello, Combeima y Cocora, en Tolima, el río Cauca acaba de ser declarado como “sujeto de derechos”. En un fallo el Tribunal Superior de Medellín lo reconoció como tal y ordenó su protección, conservación, mantenimiento y restauración a cargo de la empresa EPM y del Estado colombiano. (Lea Los 18 lugares elegidos para ser parte a la Red de Reservas de la Biosfera de la Unesco)
Firmado por los magistrados Juan Carlos Sosa, Julián Valencia y Piedad Cecilia Vélez, el documento, de un poco más de 40 páginas, también reconoce a las generaciones futuras como “sujetos de derechos de especial protección.
“Como tales”, advierte, “se concede a su favor los amparos de sus derechos fundamentales a la dignidad, al agua, a la seguridad alimentaria y al medio ambiente sano”. (Lea Perros corriendo sobre agua: la imagen que muestra el grave derretimiento de Groenlandia)
Así mismo, el Tribunal ordena al Gobierno colombiano a ejercer la representación legal de los derechos del río en compañía de las comunidades que estuvieron en la audiencia de vigilancia preventiva del proyecto hidroeléctrico Ituango. La idea, como se había hecho con el río Atrato, es que tanto el Gobierno como los representantes de la comunidad se conviertan en los guardianes del río Cauca. El plazo para ello es de un mes.
“Igualmente, con el propósito de que se asegure la efectiva protección, recuperación y conservación del río, los representantes legales diseñarán y conformarán dentro de los tres meses siguientes a la notificación de esta providencia una comisión de guardines del río Cauca integrada por los dos guardianes designados y un equipo asesor en el que estará el Instituto Humboldt, la Autoridad Nacional de Acuicultura y Corantioquia”, se lee en el fallo que será remitido a la Corte Constitucional para que lo revise.
Para verificar que esas órdenes se cumplan, también ordena a la Procuraduría, en conjunto con la Defensoría y la Contraloría, a que presente reportes semestrales de la gestión que están llevando a cabo esas entidades.
El documento, que surge de una tutela interpuesta por Juan Luis Castro, senador por el Partido Alianza Verde, y Diego David Ochoa, activista ambiental, también otorga efectos “inter comunis” a todas las personas que hacen parte de la cuenca del río Cauca. En otras palabras, el fallo aplica a todos aquellos que estén en el área de influencia de este afluente.
Se trata de poblaciones a las que se les ampara los derechos a la “dignidad, al agua, a la seguridad alimentaria y el medio ambiente sano”.