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A través de un fallo proferido por el Juzgado Penal de circuito de conocimiento de Neiva, el río Magdalena fue reconocido como sujeto de derechos. La decisión del tribunal también ordenó a las autoridades locales, tomar todas las medidas para garantizar su preservación.
El fallo afirma que, “el río Magdalena, su cuenca, sus afluentes son una entidad sujeta de derechos a la protección, la conservación, mantenimiento y restauración a cargo del Estado”. De igual forma, aclara que la Procuraduría estará acompañando el proceso de protección ordenado por el tribunal y por ello, las autoridades locales deberán rendir cuentas a través de la entrega de informes semestrales que estarán bajo la supervisión de un Juez Constitucional.
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Esta decisión fue tomada, en primera instancia, como consecuencia de una tutela interpuesta por los ambientalistas Andrés Felipe Rojas, Óscar Páez y Daniel Leandro Sanz, quienes alertaron del daño producido a la fuente hídrica debido a la construcción del proyecto hidroeléctrico El Quimbo.
Por su parte, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) señaló que contrario a lo que sostiene la tutela, no ha incumplido con las obligaciones ambientales y ha realizado el seguimiento pertinente para garantizar la protección medioambiental del río Magdalena. Asimismo, la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena agregó que tampoco ha desprotegido sus funciones de asegurar la sostenibilidad del río.
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El juez dio tres meses a las autoridades pertinentes para que se cree una comisión de guardianes del río Magdalena y señaló que la preservación de esta fuente hídrica representa el derecho de todos los ciudadanos al agua y al medioambiente sano.