La amenaza minera en el Alto Putumayo

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En 2010 y 2011, el departamento del Putumayo fue escenario de una serie de protestas por parte de ciudadanos y comunidades campesinas e indígenas, que reclamaban el derecho al territorio, expoliado por la avanzada de la exploración y explotación petrolera y de otros recursos naturales, y la consecuente violación de sus derechos culturales: a la autonomía, a la libre determinación, a la vida y a la supervivencia como pueblos, y al consentimiento previo e informado. Siete años después, esas voces vuelven a escucharse ante la posibilidad de que la Sociedad Mocoa Ventures Ltda. active los trabajos de megaminería en la región.

La historia es así: en 2007 y 2009, durante el gobierno de Álvaro Uribe, otorgó concesiones por 30 años para adelantar trabajos de búsqueda y explotación de oro, platino, zinc, molibdeno, plata y otros metales asociados, en el corredor biológico del Alto Putumayo, lugar donde nacen los ríos Putumayo, Mocoa, San José, Blanco, Pepino, Mulato y Guineo, que surten la cuenca hidrográfica de la Amazonia colombiana y que alimentan los acueductos de Mocoa y Villagarzón. Tres de los títulos, en manos de la empresa Anglo American, fueron devueltos al Estado después de una consulta previa con las comunidades Ingas quienes rechazaron la exploración. Otros de los títulos continuaron en manos de la empresa Sociedad Mocoa Ventures Ltda, que según líderes de la zona, mantiene su intención de explotación. 

Desde ese entonces, la empresa Sociedad Mocoa Ventures Ltda solo ha adelantado trabajos de exploración y, por solicitud propia, ha mantenido suspendida la explotación. Sin embargo, el pasado 25 de abril se venció el último plazo de suspensión temporal de obligaciones otorgado por la Agencia Nacional de Minería, después de varios concedidos, lo que significa que en cualquier momento puede iniciar sus labores de explotación en este sector de la cordillera de los Andes.

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En los documentos de la Agencia Nacional de Minería se determina que Anglo Gold Ashanti,  le hizo cesión de derechos para dichos proyectos a Mocoa Ventures Ltda., cuyo representante legal es Stephen John Jensen. Son cinco los títulos aprobados ubicados en los municipios de San Francisco y Mocoa, en un área de 25 mil hectáreas, que involucran a diferentes etnias de la zona: inga (Condagua), kamsá (Sibundoy), yanacona (Anamú y YashayWasy), pastos (Gran Putumayo y San José del Pepino) y siona (Jai ZiayaBain). Asimismo, según denuncias de la comunidad, los permisos que otorgó en su momento Corpoamazonia fueron “exprés” y se entregaron en solo 15 días.

Lo cierto es que, si se inicia la explotación, esas 25 mil hectáreas afectadas involucran bosque tropical húmedo y se pondría en riesgo a campesinos, comunidades indígenas y a más de 1.000 especies de fauna y 384 de flora. Para rematar, no ha habido consulta previa, como lo señala Iaku Sigindioy, del pueblo kamsá en el Valle del Sibundoy: “Las comunidades tienen temor y es que, de darse el inicio de esos trabajos, se estaría vulnerando su derecho a la misma existencia. Directamente se va a contaminar y envenenar el agua potable. Lo que hizo el Gobierno fue conceder las licencias y, cuando ya la empresa está en el terreno, es que empiezan a hacer un acercamiento. Nunca hubo consulta”.

Incluso las denuncias van más allá, pues apuntan a que en el momento de entregar las autorizaciones y para eludir la mencionada consulta previa, desde el mismo Gobierno se negó la presencia de comunidades étnicas en el polígono de influencia de la explotación minera, pues en ese entonces no estaban conformados oficial y legalmente los resguardos indígenas involucrados. “El Valle del Sibundoy es un reservorio de agua del que toma las corrientes en su punto de inicio el río Putumayo. La preocupación es que bajo presiones y engaños se ha tratado de minimizar el tema del impacto ambiental. No se analiza, ni se consulta, ni se informa a las comunidades, sino que los títulos se conceden y ya”, agregó Sigindioy.

La próxima semana habrá una reunión en la que varias organizaciones ambientales y consultorios jurídicos comenzarán a definir una ruta a seguir para frenar ese proceso de explotación minera en el Alto Putumayo. “Va a haber una tragedia ambiental y social. Mocoa Ventures puede empezar a talar árboles y a remover la capa vegetal, alterando y contaminando los cauces. El agua que baja de las montañas de la cordillera de los Andes se llenará de cianuro y mercurio, que terminará llegando al río Amazonas. Tenemos que unirnos para impedirlo”, dice Luis Ernesto Gómez, exviceministro del Interior, quien estuvo recientemente en la zona y se ha dado a la tarea de liderar la oposición al proyecto.

También el representante a la Cámara electo por Putumayo, Carlos Ardila, ha dialogado con las comunidades afectadas: “Colombia entera debe enterarse de lo que está pasando con esta riqueza natural. Toda la cuenca amazónica depende del agua pura que baja de esas montañas”, indicó. De hecho, ya hay una causa ciudadana para que la gente se exprese en defensa de la protección ambiental del Putumayo, que tiene la etiqueta #PorElAguaDeLaAmazonia.

El Espectador trató de contactar a los voceros de Mocoa Ventures para conocer su posición, pero no fue posible obtener respuesta. Según dijo Iaku Sigindioy, la empresa no ha propiciado acercamientos y aunque hay quienes dicen que tiene sus temores de seguir adelante con su proyecto por el rechazo de la comunidad, no se entiende que haya adelantado todo el proceso administrativo de hacer las solicitudes de las licencias y la misma suspensión de términos de la explotación varias veces, sin contar con el consentimiento de las comunidades.

*En este artículo se incurrió en una imprecisión sobre el nombre la empresa involucrada en estos títulos mineros. Lea aquí la explicación de la compañía Anglo American: De Anglo American sobre el Alto Putumayo.