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Por debajo de la puerta de la casa de Yirley Velasco, líder de El Salado, entró un sobre envuelto en una cinta negra el pasado domingo. “Tu no has querido entender que no te queremos en los montes de maria. Vas hacer (sic) la próxima líder asecinada (sic). Te vamos hacer (sic) igual o peor lo que le hicimos a maria del pilar. Tu eres una sapa, guerrillera, sabemos todo de ti”. La amenaza aparece firmada por las AUC y, cuentan desde la región, llegó luego de un acto de reconocimiento de la Comisión de la Verdad a las víctimas de esa región.
Pero lo ocurrido con Velasco es un elemento más que se suma a la preocupación en los Montes de María por lo que sería el regreso del paramilitarismo, un fenómeno violento que parece nunca haberse ido. Voces de esa zona denuncian, bajo el temor de ser asesinados, que el oscuro capítulo de violencia y amedrentamiento por parte de los armados ilegales de extrema derecha regresó y se está fortaleciendo en la zona de la alta montaña. La senadora Aída Avella lanzó una alarma el 14 de junio pasado. A través de Twitter, expresó que había combates en esa zona: “Urgente. Combates en la parte alta de El Carmen de Bolívar, los habitantes dicen que hay tres muertos. Los paramilitares están por los Montes de María. Salven a los campesinos”.
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“Lo que dijo la senadora Avella es cierto. Aunque no se han confirmado muertes, heridos o capturados, sí hubo un enfrentamiento de estos actores armados con la Infantería de Marina que, según la comunidad que lo presenció, duró alrededor de una hora. La aseveración de Turbay desconoce las realidades territoriales. Es grave. Él, siendo gobernador de la zona, en vez de ser prudente y mesurado para indagar con las autoridades y verificar qué pasó, sale a negar los hechos, cuando está también la evidencia de los impactos de las balas que quedaron en las casas”, expresó Ramírez.
De hecho, según Ramírez, varios representantes de la comunidad comentaron que el combate fue contra las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). Varios líderes contaron, dice Ramírez, que dos o tres hombres llegaron a sus casas, se presentaron como comandantes o emisarios de las AGC y pidieron su apoyo para entrar a la comunidad y ejercer control en el territorio. “Nos han expresado que desde finales de abril han visto grupos de personas que no son del lugar, algunos con camuflado y otros vestidos de civil, cargando fusiles. Luego, visitan a los líderes y en un tono conciliador, mostrándose amigables, dicen que quieren poner orden y limpiar a la comunidad de los ladrones, viciosos y, en algunos casos, de los maricas. Repiten que no vienen a matar, que aprendieron del pasado, que antes de asesinar harán dos llamados de atención para que las personas paren de robar o de consumir drogas. Si siguen haciéndolo a la tercera advertencia, las AGC comunicaron que no habrá una cuarta”, explicó.
Para Ramírez, la sola visita de estas personas a las casas de los líderes representa una amenaza, pero también asegura que hay angustia por posibles vínculos entre la administración local y actores armados: “La sensación de la comunidad es que hay una relación entre las autoridades civiles y militares y las AGC. Para nosotros es complejo y algo fantasioso que se dé un combate con la Infantería, que tiene todas las capacidades de arrinconar a 15 enfusilados y de desplegar incluso helicópteros, y que no haya habido capturas, ni heridos ni muertos. Sumado a eso, que el gobernador ponga en duda la palabra de los líderes, que es casi lo mismo que decirles mentirosos, es un hecho que rompe la confianza que la comunidad tiene en la institucionalidad”. Lo que aclara es que los líderes “no han dicho que de facto la administración tiene vínculos con ellos, pero les preocupa esa posibilidad.
El testimonio de los líderes que han manifestado sus inquietudes frente a la presencia de las AGC da luces, también sobre la inseguridad que ronda el ambiente y que impide denunciar tajantemente lo que dicen estar viviendo. “Nosotros tenemos articulaciones en espacios comunes como lo son las mesas de garantías los consejos de seguridad y los comités de justicia transicional. Además, hemos denunciado y presentado el caso a la Defensoría, Procuraduría y Fiscalía. Pero, ante la negación del propio gobernador, estamos en la necesidad de denunciar públicamente porque no ha habido una acción contundente para mitigar los riesgos y generar mecanismos de prevención y protección. No sabemos qué papel juegan nuestras denuncias si al final no hay directrices que prohíban la violación de los Derechos Humanos”, finalizó.
Autoridades descartan descarta presencia de paramilitares organizados
En diálogo con El Espectador, el gobernador Turbay sostuvo que, por la información que proviene de la Fuerza Pública que opera en la zona —Policía y Armada Nacional—, se descarta “de plano” la presencia de grupos paramilitares organizados en esa región, tal como estuvieron en el pasado. “Lo que se ha determinado por inteligencia de las autoridades es que hay algunos delincuentes comunes que, utilizando el nombre de los paramilitares, hacen fechorías. Esa es la tesis que manejamos, pues utilizan esa zona para planear y ejecutar actos delincuenciales”, dijo Turbay. Sin embargo, dice ser consciente de que la comunidad que habita en los Montes de María “es frágil frente a la amenaza de que pueda regresar la violencia”.
Sobre la denuncia de la senadora Avella, Turbay explica que no hubo combates precisamente sino una “acción de control” por parte de la Armada en contra de un grupo desconocido de seis personas que estaban ubicados en una zona limítrofe entre los municipios de María La Baja y El Carmen de Bolívar, conocida como El Floral, que, por ser boscosa y de alta montaña, se convierte en un refugio perfecto para el accionar delincuencial: “Es un sitio considerado muy complejo, en donde la tropa hizo disparos frente a una actitud sospechosa, pero no hubo combates y no hubo muertos”.
En ese sentido, explicó que, desde la Gobernación de Bolívar, en conjunto con la Fuerza Pública, se han atendido las denuncias de la comunidad y determinado una serie de acciones, como la actuación de manera unificada con la Fiscalía, la Policía y la Armada para hacer operativos de control del territorio. A este proceder, dice, también se han unido las autoridades de Sucre, departamento con el que Bolívar comparte de las tierras de los Montes de María. Anunció la convocatoria para el próximo 11 de julio a la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General, el Ministerio de Defensa, la Fuerza Pública y la Fiscalía para hacer presencia en una zona limítrofe entre ambos departamentos.
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“La idea es que la Fuerza Pública pase al tablero y dé cuenta a los organismos de control de las labores que se desarrollan para proteger a la probación y que indiquen de qué manera pueden garantizar una defensa efectiva ante cualquier tipo de amenaza y qué acciones de control y vigilancia se despliegan en contra de esos delincuentes que se hacen pasar por paramilitares organizados. Tiene que quedar claro que en los Montes de María no hay espacio para los bandidos. En esa pasada al tablero me incluyo yo, y vamos a invitar a la Comisión de Paz del Congreso de la República”, comentó el mandatario local.
Lo que no niega es que ha recibido reportes de visitas irregulares de individuos no identificados a los Montes de María, pero asegura tener un diálogo fluido con los líderes sociales y ha transmitido las preocupaciones de los habitantes de esa región a la Policía y la Armada. “Es importante lo que ellos denuncian, y toda la información es valorada, pero hoy puedo decir, con toda certeza, que lo que hay son personas que utilizan el disfraz de los paramilitares para delinquir”, concluye Turbay.
Sobre la situación de orden público en Montes de María también se pronunció el ministro de Defensa, Guillermo Botero, el pasado viernes. Desde Coveñas, Sucre, el jefe de esa carteta aseguró que la región en cuestión “continúa estando en paz”. “Si bien ha habido rumores de prensa sobre el regreso del paramilitarismo, se pudo corroborar que no es cierto, que ha habido brotes de delincuencia común, algunas caletas han sido desenterradas, pero la Policía ha decomisado aquellos armamentos viejos que había, como también municiones y otros materiales de guerra. Podemos dar un parte de tranquilidad”, expresó Botero.
Las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo
Respecto de esa región existe, por lo menos, tres alertas tempranas vigentes expedidas por la Defensoría del Pueblo. La más antigua es una nacional —026 de febrero de 2018— contempla en la localización geográfica del riesgo varios municipios de los Montes del María, como María La Baja, San Juan Nepomuceno, San Jacinto, El Carmen de Bolívar, Córdoba y Zambrano, en el departamento de Bolívar, y Los Palmitos y Ovejas, en Sucre. El 12 de junio, una alerta temprana de inminencia específica sobre El Carmen de Bolívar le llegó al exministro del Interior, Guillermo Rivera. En ese documento se advierte sobre la presencia de “grupos armados posdemovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia, que en los últimos años se han reconfigurado en el municipio”.
“Entre 2011 y 2013 hubo disputas entre Los Rastrojos, las Águilas Negras y las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Clan del Golfo. Este último grupo ha logrado controlar los corredores de movilidad del mercado local y regional del narcotráfico (…) Resulta muy útil la ubicación geográfica de El Carmen de Bolívar al servir de eje estratégico de movilidad para articularse con la troncal de Occidente, la troncal del Caribe y la transversal de los Contenedores”, explaya el documento.
También puso en contexto acciones más recientes como un paro armado en ese municipio declarado por las AGC en abril de 2016, la captura el 23 de mayo de 2017 de Manuel Vergara, alias Monín, quien se trataría de un “jefe militar de las AGC”; el asesinato el 4 de noviembre de ese mismo año de Edwin Morales, alias Emmanuel, presunto miembros de ese grupo armado; el hallazgo en noviembre de 2017 de una caleta en la vereda Roma de ese municipio con armas presuntamente de las AGC; y la captura, el 30 de enero de 2018, de tres hombres presuntamente miembros de las AGC en el sector El Aguacate, del corregimiento de Macayepo. La Defensoría también expuso presiones para el rearme de excombatientes de las Farc y la aparición de pinturas alusivas al ELN en el corregimiento de El Salado y la vereda Guamanga.
Otra alerta temprana de enero de 2019, es decir, expedida hace cinco meses, atiende la situación en María La Baja y advierte que “la consolidación de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC o Clan del Golfo) en el municipio, que en la actualidad es el factor que produce el mayor riesgo para la población civil”. Explica que las AGC “ejercen la violencia a través de grupos delincuenciales locales y pandillas juveniles, a los cuales cooptan e instrumentan, para concretar la amenaza y garantizar que sus exigencias se cumplan”, aunque aclara que estas agrupaciones, sin pertenecer directamente a la estructura armada, les sirven a sus necesidades de manera temporal con participaciones en “economías ilegales locales tales como microtráfico, narcomenudeo, préstamos a tasas de usura, extorsión de menor cuantía, abigeato y robo a mediana escala”.
Lo que queda claro en esa alerta temprana es que las AGC “realizan amenazas, homicidios selectivos bajo la modalidad de sicariato y uso y utilización de niños, niñas, adolescentes y jóvenes”. La Defensoría pone de presente conflicto por las tierras, tensiones en el programa de restitución y reparación colectiva y la llegada de hombres armados sin identificar que estarían actuando presumiblemente en nombre de un exjefe paramilitar que operaba en la región y que exigen “una hectárea de tierra para el patrón”.
“Para las víctimas de la violencia les resulta doloroso aceptar que, mientras ellas aún mantienen una ardua lucha ante las agencias del Estado para ser reconocidas y reparadas por los daños ocasionados durante el conflicto armado, este exjefe paramilitar transita libremente por la región administrando sus negocios, constituyendo su presencia un factor adicional de intimidación y miedo frente a la gestión que realizan para obtener acceso a la justicia, verdad y reparación”, anota la alerta temprana. Los Montes de María reclaman mayor atención, al ser una región con líderes en casi todas las veredas, ser el escenario de masacres históricas que llenaron de sangre las páginas de la historia de Colombia y ser hoy una comunidad que teme por su vida.
¿Cómo estarían operando los armados ilegales en los Montes de María? Esto cuentan los líderes
El Espectador conoció cuatro testimonios de líderes de la región que contaron de qué manera hacen presencia los actores armados ilegales en los Montes de María. Los nombres y lugares fueron omitidos por petición y seguridad de quienes hablaron.
Testimonio 1
“Tres personas, dos costeños y un paisa, vinieron a mi casa y se identificaron como los gaitanistas. Me dijeron que no vienen al territorio con ánimo de matar a ninguno, sino a hacer control social. Ellos están aquí en la zona, por mi casa pasan todos los días. Ellos andan a pie, en motos y han venido camionetas. Yo estoy entre la espada y la pared porque soy un líder. Uno no se atreve a confesar y decir que nos están visitando, porque más me demoro yo en llamar a la Infantería que ellos en saber, tienen infiltrados en esa autoridad. Cómo es posible que, si hay batallones, esta gente ronde por aquí tranquilamente. Dicen que vinieron a acabar el microtráfico y con los ladrones, pero son personas que no son de acá de la zona. Dicen que quieren traer seguridad, pero no creo en esas intenciones. Lo que me ha tranquilizado es que vienen en tono conciliador”.
Testimonio 2
“Según nos dijo la comunidad, el 4 de junio sucede el enfrentamiento en la vereda El Floral: hubo 15 tipos con fusiles vestidos de civil, llegó el Ejército y se dio un intercambio de disparos que duró aproximadamente una hora. Sobre eso hemos analizado, porque nos parece raro que no hubieran ni heridos ni capturados. Pero antes de eso el grupo ilegal estaba probando unas armas. Ahí fue cuando se escucharon unas ráfagas y entonces las autoridades pusieron unos retenes y activaron unos puestos de control, pero por unos lugares donde no estaban pasando los paramilitares. Con eso, lo que yo veo es que la autoridad no está buscando a nadie. Hay desconfianza en el territorio, incluso se sabe que ya se desplazó una familia. Lo que hemos hecho es darle tranquilidad a la gente, pero hay un desespero total, la gente está diciendo que si eso sigue así se van, porque hay antecedentes. Qué hicieron los grupos aquí: llegaron diciendo que no matarían a nadie, y luego se dieron los asesinatos”.
Testimonio 3
“Me dijeron que no iban a matar como lo hicieron anteriormente. Por esos días, once personas, algunos con pistolas, convocaron a una reunión. En ella dijeron que estaban recorriendo la zona para hablar con cada uno de los líderes. Y es preocupante, aquí nos llaman todos los días. Hay gente amenazada y por eso algunos se han ido ya. De a uno o dos, pero no regresan. Después del enfrentamiento, ellos (los ilegales) han seguido con sus actividades. Dijeron que si se enteraban de que algún campesino los denunciaba, que lo mataban. Ellos tienen gente por todo lado. Entre líderes hemos hablado sobre la situación y las acciones para protegernos los unos a los otros. Lo que podemos decir es que no se sabe qué va a pasar”.
Testimonio 4
“En abril y mayo empezaron a pasar por nuestras casas a hablarnos sobre la limpieza social que quieren hacer. En mi caso, me dijeron que necesitaban hablar conmigo. Los dejé pasar, aunque traían su arma. Me hablan de la política, que ellos vienen a acabar con la política corrupta. Me dijeron también que querían acabar con los rateros, los viciosos, las ollas podridas. Me pidieron que los líderes nos paráramos en una tarima y que dijéramos que apoyamos a los gaitanistas. Y que, si no lo hacíamos, se unirán al otro grupo, es decir, Los Rastrojos, según ellos.
Sobre el control en el territorio me explicaron que tienen dos modalidades para sancionar a quienes pelean, roban o consumen vicio: dicen que, primero, cobran y, si no pagan, los matan. Pero si no hacen eso, los ponen a trabajar a quienes incumplan. El primer caso fue de el de un muchacho al que iban a matar por deber 600.000 pesos de droga. Pero la familia pagó y lo dejaron quieto”.