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La Contraloría General hará control excepcional sobre tres contratos que firmó la alcaldía de Santa Marta entre los años 2014 y 2016 con los cuales pactó la construcción del estadio de fútbol Sierra Nevada y de las fases I y II de la megabiblioteca de la Institución Educativa Distrital Normal San Pedro Alejandrino.
Los tres contratos que revisará la Contraloría fueron firmados en las administraciones de los exalcaldes Carlos Eduardo Caicedo (2012 – 2015), y Rafael Alejandro Martínez, quien fue elegido para el periodo 2016 – 2019, pero a quien un juez le dio casa por cárcel por presunta celebración indebida de contratos.
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La decisión del Ministerio Público se dio a conocer mediante un documento firmado por Carlos Felipe Córdoba, contralor general de la República.
La Contraloría investigará el contrato GI 001/2016, con el cual se acordó la construcción del estadio de fútbol Sierra Nevada y que fue firmado por la administración municipal de Santa Marta con el contratista Consorcio Deportivo de Santa Marta, y la Interventoría Gestores & Consultores LTDA.
El motivo es que en dicho contrato “se ha presentado un retraso de ocho meses en la entrega del escenario deportivo (…) Además, se han adicionado más de $17.131.274.210 en dos oportunidades y se han hecho prórrogas en tiempos de entrega”.
El valor inicial del contrato del estadio Sierra Nevada era cercano a los $52.500 millones, pero, tras dos adiciones, quedó en poco más de $68.000 millones.
El segundo contrato que se revisará la Contraloría es el de la construcción de la fase I de la Megabiblioteca de la Institución Educativa Distrital Normal San Pedro Alejandrino. El número de dicho convenio es el 0607 de 2014, y fue firmado por la alcaldía de Santa Marta con tres contratistas: Construmarc LTDA (encargado del 45 % de la obra), Valco Constructores LTDA (encargado del 50 % de la construcción), y Rafael Bejarano Gualdro (encargado del 5 % de la obra).
Los motivos de la investigación de la Contraloría son: el retraso de más de dos años en la ejecución de la obra, las cuatro adiciones presupuestales y el incumplimiento del contratista con el tiempo de entrega de la biblioteca, a pesar de que se otorgaron varias prórrogas.
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El tercer contrato al que la Contraloría le pondrá la lupa es al de la fase II de la biblioteca mencionada previamente, y que fue firmado por la alcaldía con el contratista Consorcio Megabiblioteca 2015. Dicho documento es el 399 de 2015, justamente el año en que la obra debía estar concluida.
Sin embargo, “se han hecho cuatro suspensiones y tres adiciones presupuestales que suman $3.494.199.955 “, señala la Contraloría.
La construcción de la fase II de la megabiblioteca iba a costar inicialmente cerca de $7.000 millones, pero después de las adiciones presupuestales quedó en $10.482.603.550, es decir, un 49 % más caro.
Desde abril pasado, el alcalde encargado de la capital de la capital de Magdalena es Andrés Rugeles. Fue él quien hizo la solicitud a la Contraloría, en mayo pasado, de hacer control excepcional a los tres contratos.
Antes de ser el alcalde encargado, Rugeles se desempeñaba como secretario de Transparencia de la Presidencia del actual gobierno. El presidente Iván Duque lo nombró como mandatario encargado de Santa Marta, mientras el movimiento Fuerza Ciudadana (el cual avaló a Rafael Martínez) presentaba una terna para escoger burgomaestre en propiedad.
La terna ya fue seleccionada. La componen Ingrid Padilla, asesora del despacho municipal; Luis Guillermo Rubio, director del Sistema Estratégico de Transporte Público de Santa Marta (Sept); y Adolfo Torné, secretario jurídico de la administración. Sin embargo, aún no se ha nombrado alcalde en propiedad.
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En este momento, tanto Carlos Caicedo como Rafael Martinez enfrentan procesos judiciales por presuntas irregularidades en contratos del sector salud celebrados durante sus administraciones.