Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
El procurador, Fernando Carrillo Flórez, está convencido de que, un año después de su puesta en marcha, el proyecto Medimás fracasó. Para el jefe del Ministerio Público, el consorcio que opera esta EPS —que sucedió a la extinta Cafesalud— no ha cumplido con los estándares de calidad prometidos, ni con la experiencia en gestión en salud ofertada, ni tiene el músculo financiero necesario para atender a casi 4,2 millones de usuarios en Colombia. Por esa razón le acaba de enviar una carta a la agente liquidadora Ángela María Echeverri para que revoque cuanto antes la venta de Cafesalud. Un negocio de $1,4 billones con múltiples problemas advertidos por distintas autoridades, adjudicado en mayo de 2017 al consorcio Prestasalud.(Lea ¿Se justifica acabar Medimás?)
El documento, en poder de El Espectador, detalla una cronología de yerros administrativos documentados por la Procuraduría y la Contraloría, así como súbitos cambios societarios en el consorcio Prestasalud, que según el organismo de control constituirían un fraude al Estado. Para Carrillo y sus investigadores, hoy los dueños de Medimás no son los mismos a los que la liquidadora Echeverri les vendió Cafesalud y, por tanto, asegura, lo que hubo detrás del negocio fue un acuerdo empresarial para engañar a la Nación. En ese sentido su petición fue tajante: revocar la venta de Cafesalud “de manera condicionada a que la Superintendencia de Salud adopte las medidas para garantizar el aseguramiento y la continuidad de la atención para los afiliados de Medimás”.
La génesis de este enredo jurídico se remonta al 30 de diciembre de 2016, cuando se publicaron las reglas de juego de la venta de la EPS Cafesalud. Allí se dejó expresa constancia de que la empresa del consorcio interesado que acreditara gestión en salud no podía tener menos del 50 % de la sociedad. En ese contexto, el 30 de enero de 2017 se conformó Prestasalud, un consorcio de 13 clínicas y hospitales en el que estaba el Centro Nacional de Oncología, el único de todos que acreditó gestión en salud. En efecto, para cumplir la norma, esta entidad figuraba con el 50 % de Prestasalud. Así se avanzó en el negocio y el 17 de mayo de 2017 Prestasalud ofertó $1,4 billones por Cafesalud. El negocio se cerró una semana después. Hasta ahí no hubo líos.
Pero el 9 de junio del año pasado —es decir, apenas 16 días después de la adjudicación del negocio—, ante la Cámara de Comercio de Bogotá se registró la sociedad Prestnewco, con casi las mismas compañías de Prestasalud, pero con variaciones sustanciales en los porcentajes de participación. La Clínica Medilaser ya no estaba y el Centro de Oncología aparecía con menos acciones. Y, finalmente, el 17 de agosto, por decisión de la asamblea de Prestnewco, fueron excluidos de ese consorcio el Centro de Oncología y las fundaciones Esensa y Saint. De acuerdo con el procurador, Fernando Carrillo, estas modificaciones a la sociedad que opera Medimás violaron cláusulas pétreas del reglamento de venta de Cafesalud, por lo cual la revocatoria del negocio está justificada.
Carrillo Flórez invoca la cláusula que dice que en “caso de que con posterioridad a la adjudicación se determine que cualquier información o documentación presentados en cualquier etapa del proceso de venta fue falsa o inexacta, dicha adjudicación será revocada”. El procurador sostiene que al mismo tiempo que Prestasalud presentaba una oferta de compra de Cafesalud, acreditando en apariencia todos los requisitos exigidos, de forma paralela tomaba forma Prestnewco, otro consorcio que terminó por apoderarse del negocio. Con la gravedad, subraya, de que se materializó “esta maniobra defraudatoria” sin que el gobierno Santos o la liquidadora Echeverri tomaran cartas en el asunto.
“La exclusión del Centro Nacional de Oncología por mandato de la asamblea de accionistas de Prestnewco, que dejó a la EPS (Medimás) con cero por ciento de experiencia acreditada en gestión en salud, representa el fracaso de todo el proceso de venta y del seguimiento a la ejecución del contrato de compra de las acciones de Cafesalud. De igual forma, la exclusión de esta sociedad, más las sociedades Fundación Saint y Fundación Esensa restaron más del 50 % de la capacidad financiera acreditada”, resalta la carta del procurador. Y añadió: “Como consecuencia de estas maniobras, Prestnewco no ostenta las calidades y condiciones de tipo técnico, financiero, jurídico y de experiencia”.
Pero hay más. Se constató que los dueños de Medimás —que se comprometieron a pagar $1,4 billones en cinco años— le adeudan al Estado más de $24 mil millones correspondientes a los meses de abril, mayo y junio de 2018. Todo esto, a pesar de que reciben mensualmente cerca de $320 mil millones por el número de afiliados que tienen. Además, según la última auditoría fiscal, la EPS giró en el último año más de $718 mil millones a proveedores médicos sin los soportes necesarios o las pólizas indicadas, y presenta cuentas por pagar repletas de inconsistencias. A esta radiografía se suma que en servicios esenciales como inmunología apenas se ha llegado a una cobertura del 23 % y que la EPS, al parecer, estaría beneficiando a ocho IPS de su red de hospitales.
También se indagan denuncias en las que se asevera que varios socios de Medimás estarían destinando recursos de la salud al pago de la compra de Cafesalud. La carta de Carrillo es así de dura: “La irregular operación de Medimás ha puesto en riesgo la salud y la vida de sus afiliados, tal como ha sido denunciado durante el último año por este y otros órganos de control”, en donde las pesquisas administrativas evidenciaron “la inexistencia de una red integral de prestación de servicios médicos, inconsistencias en pagos a proveedores, sobrepaso al límite de gastos administrativos, incumplimiento de capital mínimo y patrimonio adecuado, fallas en el modelo de atención en salud y violación al límite de integración vertical”.
A pesar del largo etcétera de críticas por parte de la Procuraduría, el presidente de Medimás, Néstor Arenas, ha señalado en distintas entrevistas que han hecho un esfuerzo para depurar las fallas administrativas, que sí tienen una red adecuada para soportar la atención a sus usuarios, que tienen un promedio de 1,7 tutelas por cada 10 mil usuarios, muchas menos que otras EPS, y que en los seis meses de plazo que le otorgó la Superintendencia de Salud, so pena de una intervención, van a lograr la estabilidad de la compañía. Pero, además, también ha anunciado que le reclamará al Estado $475 mil millones por servicios que, asegura, Cafesalud dejó de prestar. Por ahora, así va el pulso en este caso mientras la liquidadora Echeverri evalúa la carta del procurador. ¿Qué hará?