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En medio de la Cumbre de Gobernadores, realizada entre el martes y miércoles de esta semana en Paipa (Boyacá), un delicado asunto rondaba en el ambiente y se vivía una “calma chicha”: mientras se desarrollaban paneles sobre las estrategias para garantizar la protección de los derechos de la niñez, espacio en el que participó la nobel de Paz Rigoberta Menchú, los mandatarios miembros de la Federación Nacional de Departamentos (FND) se referían, en voz baja, a las acusaciones que, desde hace unos días, cuestionan la gestión de Carlos Camargo Assis, el director ejecutivo de la agremiación y uno de los candidatos más fuertes a ser el próximo registrador nacional.
Y es que son varios los señalamientos: la Fundación Paz y Reconciliación aseguró en un informe que ha “entregado contratos de la Federación a diestra y siniestra, privilegiando a exmagistrados del Consejo de Estado, familiares actuales y renombrados políticos” para, supuestamente, favorecer su aspiración. Según reveló, existen diez contratos con Liliana del Rosario Araújo y Ciro José Muñoz, hermana y primo de Rocío Araújo, magistrada del Consejo de Estado; con la exsenadora Olga Suárez Mira; el exfiscal Eduardo Montealegre y con María Ordóñez, hija de Alejandro Ordóñez, exprocurador y actual embajador de Colombia ante Naciones Unidas, entre otros.
Catherine Juvinao, líder de la iniciativa #TrabajenVagos, por su parte, dijo que eran 300 los contratos que ha “regalado” y cuestionó el manejo de la tarjeta de crédito corporativa de Fededepartamentos. Juvinao publicó el extracto bancario de agosto en el que se registra, por ejemplo, la compra de rosas por $451.000, un producto de Tommy Hilfiger por $229.000 o $1,2 millones en una tienda de Salvatore Ferragamo. “Sr. Camargo, usted gana $33 millones. ¿Qué hace comprando accesorios de lujo en tiendas de ropa, joyas, flores y demás? Los colombianos merecemos una explicación”, escribió en Twitter. Según la revista Semana, este habría explicado que las compras personales con la tarjeta fueron por $4 millones, que ya reintegró.
De otro lado, en notas de prensa aparece la duda sobre el viaje que realizó Camargo al Distrito de Innovación de Madrid, en compañía de los gobernadores de Atlántico, Cauca, Santander y Valle del Cauca, y el equipo técnico de la FND, con motivo de una misión académica, del 21 al 25 de julio. El viaje costó $238 millones y el portal Corrupcionaldia.com expresó que mandatarios que no asistieron lo tildaron de tener un tono más “social que institucional”.
Múltiples señalamientos, por lo que fue imposible que el tema no se tocara en la asamblea extraordinaria que celebraron los gobernadores, justamente, el 7 de agosto. A ella asistieron los 32 mandatarios, algo que hace años no pasaba. Lo que se dice es que no fue una coincidencia y que todos hicieron esfuerzos por sacar el tiempo para hablar de las delicadas pruebas.
Desde el pasado 2 de agosto, Carlos Amaya, gobernador de Boyacá y actual presidente de la FND, había propuesto cinco asuntos, entre ellos, una reforma de los estatutos de la agremiación. Y, aunque la reunión se hizo con acelerador y con varias interrupciones, con motivo de la firma del Pacto por la Niñez con el presidente Iván Duque, al final se concretaron varias modificaciones estatutarias. Una de ellas, precisamente, afecta la figura del director. “Se propone incluir el numeral 12: remover anticipadamente al director ejecutivo de la Federación, previa evaluación insatisfactoria del informe anual de gestión”, fue el apartado avalado.
Ahora, son diversas las opiniones de los gobernadores sobre las acusaciones. Cuando se le preguntó qué opinaba sobre el asunto y la aspiración del director ejecutivo a registrador, Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca, señaló que, a su juicio, esa candidatura es algo personal y él, con sus cargos anteriores, ha demostrado ser idóneo y tener una hoja de vida que le permite buscar el puesto. Por su parte, Javier Eliécer Zapata, de Guainía, también comentó que no sentía ninguna molestia ni incomodidad con la postulación.
Sin embargo, Guido Echeverri, de Caldas, expresó que sí siente preocupación, lo cual obliga a “reflexionar y discutirlo”. Y otro gobernador, que pidió mantenerse anónimo, dijo: “El temor es que terminemos untados de una cosa en la que el director ejecutivo tiene autonomía. Es una situación delicada. Si no se estuviera pensando en que él va a renunciar o que lo quieren sacar del cargo, pues no se hubiera aprobado ese parágrafo”. Pero, en la asamblea, no hubo malestar solo por los contratos, la tarjeta de crédito y el viaje a Madrid.
Llamó la atención otro asunto: en 2016, bajo la dirección de Amylkar Acosta, se hizo un contrato por $18.000 millones para adquirir un software que midiera el impoconsumo en algunos productos en los departamentos, el cual nunca funcionó. “Camargo propuso que, con un informe de auditoría, se asumiera la plataforma del software (que se supone centralizaría el control del impuesto al consumo) para corregir las inconsistencias que no se corrigieron hace dos años y que no han permitido que funcione. Lo que yo reclamé es por qué no se hicieron efectivas las pólizas o no se declaró la liquidación unilateral si han transcurrido dos años de incumplimiento”, le explicó Echeverri a El Espectador. Luis Pérez, de Antioquia, también hizo referencia al tema: “Habría que hacerlo público, porque han pasado dos años y no se ha resuelto”.
Así las cosas, son muchos los cuestionamientos que hoy le caen a Carlos Camargo y, dada la decisión de reforma de estatutos, es claro que están haciendo eco dentro de la FND. Este diario intentó hablar con él, pero declinó la conversación. No obstante, una fuente cercana a la Federación explicó que hay inconsistencias en las acusaciones y que los señalamientos obedecen a una “campaña de desprestigio” con el fin de truncar su aspiración a ser el registrador, pues es uno de los más opcionados. De hecho, agregó que los supuestos contratos a familiares de magistrados y exmagistrados no serían un argumento sólido, pues nada tienen que ver con la elección de registrador, la cual es potestad exclusiva de los presidentes de las altas cortes: Constitucional, Suprema de Justicia y Consejo de Estado.
“Es raro que hablen de más de 300 contratos para buscar apoyo político, porque en toda la planta de la Federación no hay esa cantidad de personas contratadas. Son, realmente, siete contratos, de los cuales dos fueron adscritos antes de que Camargo llegara a la dirección”, aseguró una persona cercana a la entidad, pidiendo no ser identificada. Así mismo, explicó que el viaje a Madrid sí dio resultados y a partir de este se adquirieron trece compromisos, uno de ellos el de “crear sinergia entre la FND y el Consejo de Estado para conocer los conceptos emitidos por el Consejo de Estado español, en los temas de interés para los departamentos”, según el informe de gestión de esa misión académica. Y, sobre los usos de la tarjeta de crédito corporativa, la fuente comentó que ese tipo de regalos eran para otros funcionarios y se hicieron en nombre de la Federación como forma de "representación política".
Con todo este torbellino de pruebas y descalificativos, lo único claro es que ser director ejecutivo de la FND siempre ha sido una especie de trampolín para llegar a cargos de más poder en la esfera política. Y, en caso de quedar como registrador, Camargo tendría no solo una amplia cartera financiera sino cientos de cargos disponibles a escala departamental y municipal. Por ello, Guido Echeverri anunció que planteará que el tema ascienda hasta el Consejo Directivo de agremiación para que, en un futuro cercano, se tomen medidas.