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El pasado martes, las Comisiones Primeras del Senado y Cámara de Representantes tenían en su agenda la discusión en primer debate sobre la ley de procedimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que reglamenta las facultades de la justicia transicional acordada en el pacto firmado entre el Gobierno y la antigua guerrilla Farc, luego de que algunos congresistas presentaron sus proposiciones.
Para esto, se designó una Subcomisión Accidental encargada de definir si aquellas proposiciones eran o no procedentes. “La Subcomisión acogió varias proposiciones presentadas con el fin de mejorar el presente proyecto. Sin embargo, otras fueron negadas de común acuerdo, la mayoría de estas por ir en contra de lo ya aprobado en el La Ley Estatutaria de la JEP y del Acto Legislativo 01 de 2017”, indica el informe presentado en el inicio del debate.
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Varios congresistas, al ver que la mayor parte de sus propuestas de cambio al proyecto de ley no fueron aceptadas por el estudio, se retiraron del recinto en el momento de votar. El ministro del Interior, Guillermo Rivera, rechazó dicha actuación. “Se conformó una Subcomisión, la que trajo el informe, pero estamos en una semana compleja por la proximidad del debate electoral y algunos senadores no pudieron venir. Además, lamentablemente, otros acogieron esa mala práctica de retirarse en el momento de la votación, lo que hizo que nos quedáramos sin quorum”.
Entre los que abandonaron sus sillas, estuvieron los pertenecientes a la bancada del Centro Democrático, por considerar, entre otras cosas, que este tribunal “premiaría” a los miembros de las Farc que cometieron delitos en el contexto del conflicto armado.
A su vez, el partido Mira denunció que en el texto estaba presente la “ideología de género”, así que se apartó de la votación. Según el senador Carlos Baena, esto significa que “se quiere burlar el No del plebiscito, en el cual Colombia votó por redefinir el enfoque de género para dejarlo tal y como está inscrito en el acuerdo, que habla de la igualdad de hombres y mujeres. No queremos una reglamentación que se salte lo ya pactado”.
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Otras proposiciones tienen que ver con el artículo 75 del proyecto, en el que se posibilita reorganizar la estructura y operación la Procuraduría General de la Nación. El representante Inti Asprilla, quien junto a Armando Benedetti impugnó esa medida, aseguró que esta entidad no requiere de una reforma estructural ni ampliar, modificar o suprimir empleos para cumplir su papel en el posconflicto. “La reforma pone el riesgo más o menos 4 mil puestos de trabajo de personas que han ganado concursos de méritos”, señaló Asprilla.
El próximo debate del proyecto de ley presentado por el Gobierno, por contar con carácter de urgencia, está convocado para el próximo lunes. “Esperamos darle trámite a este proyecto, que es urgente. El gobierno se ha empeñado en que, antes del 20 de junio, se haga su trámite total en el Congreso de la República para que la JEP cuente con unas reglas de procedimiento”.
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