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En medio de la incertidumbre por la crisis del coronoavirus, el Congreso de la República comenzará este martes las sesiones ordinarias correspondientes al segundo período de la legislatura 2019-2020. Por ahora, la mesa directiva ha adoptado medidas para minimizar los riesgos de contagio del Covid-19, como el teletrabajo de sus funcionarios y la restricción de visitantes, y existe la posibilidad de que se aplace por unos días el comienzo de labores en Senado y Cámara de Representantes. Más allá de eso, este nuevo ciclo, de apenas tres meses, servirá de termómetro para saber si el presidente Iván Duque ganó gobernabilidad con los movimientos que hizo en su gabinete, al tiempo que los partidos políticos -oficialistas, independientes y de oposición- jugarán sus cartas, bien sea en apoyo a la agenda gubernamental o con la suya propia, teniendo en perspectiva, así luzca lejano, el debate electoral de 2022.
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Con un ingrediente adicional: la presencia de Alicia Arango como nueva ministra del Interior, quien será la encargada de establecer el puente entre Ejecutivo y Legislativo para que las iniciativas impulsadas desde la Casa de Nariño fluyan. La idea, por lo que ha dicho, es “trabajar en equipo para sacar adelante una agenda programática que impacte en el país”. En la lista de proyectos del Gobierno aparecen, por ahora, la reforma a la justicia, la conciliación de los pliegos tipo, seguridad ciudadana y la regulación para la implementación del nuevo Sistema General de Regalías. En remojo están la reforma política, con las propuestas que ya han ventilado los partidos Liberal y de la U; la reforma electoral, y falta ver qué decisión se toma con respecto a la culebrera reforma pensional.
En lo que tiene que ver con el Centro Democrático, el partido de gobierno, en una cumbre esta semana en Paipa (Boyacá), el expresidente y hoy senador Álvaro Uribe definió las líneas a seguir en este período legislativo, centradas en dos ejes: la defensa del gobierno Duque y la eliminación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Además, el uribismo insistirá en su idea de una Corte única de la justicia; el bono pensional para los recién nacidos de hogares de menores ingresos; la depuración de las EPS, incluyendo una ley de punto final; menos impuestos para las empresas, y mejores salarios para los trabajadores. Cruzadas, como la de la JEP o la Corte única, en la que es consciente de que no tiene las mayorías. Aun así, se habla de dar la pelea: “La política es un proceso de pedagogía permanente que al final se cimenta en la credibilidad derivada de la coherencia”, comentó Uribe.
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Ese escenario que plantea el uribismo es el que temen los liberales, pues creen que presentar esas propuestas podría -como sucedió con las objeciones a la ley estatutaria de la JEP- congestionar la agenda legislativa, de apenas tres meses, además de la posibilidad de que se pospongan las sesiones por el coronavirus. “Con la reforma a la justicia, si se le hace un mal manejo, se podrían enredar los tiempos en el Congreso. Y los que insisten no son los del Gobierno, sino los amigos del Gobierno”, dijo el senador Luis Fernando Velasco, quien lidera la reforma política de su partido.
También no descarta que durante los próximos días se haga necesario hablar de la situación compleja que abre el brote del coronavirus, pues habrá voces que le pidan a Duque mantener una comunicación directa con Venezuela con el fin de definir estrategias conjuntas para contener su propagación. Su compañero en Cámara y presidente de la Comisión Primera, Juan Carlos Losada, alertó de lo preocupante que sería atrasar las sesiones. En su lista aparecen las reformas a la justicia y electoral, un proyecto de reestructuración de la Fiscalía y quizás una reforma laboral. Sin contar, además, con las iniciativas que vuelven a surtir el segundo ciclo, como la cadena perpetua para violadores de niños y el de la región metropolitana Bogotá-Cundinamarca.
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Como bien es sabido, la anterior reforma a la justicia, que presentó el Gobierno y se hundió a finales de 2018, contó con el apoyo de Cambio Radical, y para este semestre ese tema será una prioridad para su bancada, que viene trabajando el tema con la ministra Margarita Cabello. Esta colectividad anuncia otras iniciativas, como la que busca regular la consulta previa y unas reformas a los regímenes departamentales y municipales, y a las corporaciones regionales, según lo indicaron Temístocles Ortega y José Daniel López. Por otra parte, en sus huestes también han expresado preocupación por las medidas que adoptará el Congreso en relación con el coronavirus y esperan que las decisiones no perjudiquen los tiempos apretados para tramitar dichos proyectos.
Las prioridades en la Alianza Verde están en el trámite de las iniciativas de la agenda anticorrupción derivada de la consulta de 2018 y los proyectos de implementación del Acuerdo de Paz. Según el senador Antonio Sanguino, esto último tendrá que ver con la reforma agraria, las curules de paz y el tratamiento penal especial para pequeños cultivadores. También intentarán adelantar una agenda ambiental “antifracking”, el proyecto de plásticos de un solo uso, la eliminación del icopor y la defensa del agua y los páramos.
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Por parte del representante Mauricio Toro, por ejemplo, se adelantará una agenda de desarrollo económico basada en el trabajo digital y la regulación de las plataformas de transporte. Sobre las reformas pensional y laboral del Gobierno, la posición es abogar para que no afecte al ciudadano ni sea pensada únicamente para el beneficio de los empresarios. Aunque, enfatizó, falta esperar la radicación de ambos proyectos. “Este es un gobierno de anuncios y no de acciones”, comentó Toro.
En esa misma línea están algunos congresistas del Polo Democrático. En la agenda del senador Iván Cepeda está hacer una “firme oposición” a las anunciadas reformas laboral, de justicia y política que presentaría el Gobierno. Para Cepeda, las dos últimas contienen intereses particulares y en la de la justicia se pretendería eliminar la JEP y unificar las cortes, las dos banderas del uribismo que no han podido llegar a buen término. Sobre la reforma política, cree que es un intento de movilizar congresistas para hacer realidad el transfuguismo, pero que evitará incluir en ella las recomendaciones hechas por la Misión Electoral durante el proceso de paz, en las que se habló de abrir el ejercicio de la política a más actores. “El Gobierno debe decirle al país qué pretende con las reformas”, afirmó.
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Ahora, aunque la bancada del Polo aún no ha concertado qué temas defenderá, tiene claro que su línea será insistir en que la administración Duque explique las dudas sobre su presunta relación con el Ñeñe Hernández. Es decir, la idea es adelantar varios debates de control político, algo que seguramente tomará gran parte de la discusión en el Congreso.
Los conservadores, que se reunieron en Cartagena el jueves y viernes, no tocaron el tema de las reformas pensional y laboral, pero sí le apostarán a una estrategia de generación de empleo y emprendimiento. Según el senador Efraín Cepeda, se trabajará un proyecto para fortalecer el capital semilla y los microcréditos. Para empezar a confeccionar dichas iniciativas, habrá una reunión esta semana con exministros como Mauricio Cárdenas, Juan Camilo Restrepo y Juan Carlos Echeverry, para recibir lineamientos al respecto. En segundo lugar, se tiene planeado reforzar los nexos con las regiones. “Queremos que haya una conexión del partido con los departamentos, esto lo haremos una vez el coronavirus lo permita, y la idea es viajar a cada ciudad”, comentó Cepeda.
Por su lado, el Partido de la U, aunque aún no cuenta con una postura sentada frente a las anunciadas reformas, advirtió que no apoyará ningún proyecto para modificar el sistema pensional ni laboral del país. Además, Roy Barreras y Juan Felipe Lemos Uribe, dos de sus senadores, comunicaron que la crisis económica derivada del coronavirus y la capacidad fiscal del país para afrontarla es un tema que debería ser clave en este período legislativo. “Yo reclamo medidas económicas y epidémicas para enfrentar el virus. Frente a esto, el silencio del ministro de Hacienda es atronador”, dijo Barreras. Ahora, en lo único que parece estar en sintonía la bancada de la U es en la premisa de seguir defendiendo la paz desde sus curules, dado que es conocido que la bancada está fragmentada y sus congresistas, pese a contar con un ministro del Trabajo, jalan hacia diferentes esquinas.
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Por los lados del partido Mira, sus esfuerzos estarán centrados en impulsar una reforma electoral. “Consideramos necesarios que se revise el código electoral, que es del 86. Nosotros creemos que una reforma política debe ir de la mano de la reforma electoral”, dijo el senador Carlos Eduardo Guevara. Entre los objetivos de este proyecto estaría proveer garantías a los partidos minoritarios, financiación “preponderantemente pública” y el voto electrónico. Este último apartado se basa en la sentencia del Consejo de Estado que pide establecer ese mecanismo en el país. Sin embargo, la legislatura es corta, y aun no se sabe si el tiempo y el coronavirus dejarán que estas iniciativas lleguen siquiera a ser discutidos en el Capitolio.