Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Este jueves, Emilio Archila, alto consejero para la Estabilización, envió una carta a Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), como respuesta a la misiva del movimiento Defendamos la Paz, en la que reclamó por la percepción que tiene el organismo internacional sobre el compromiso del presidente Iván Duque con la implementación del Acuerdo de Paz.
Exactamente, la carta del movimiento ciudadano fue enviada al secretario general en la edición número 49 de la Asamblea General de la OEA, que tuvo lugar el pasado mes de junio, en Medellín. En ella, los firmantes de la misma, aseguraron que no era cierto que, como dijo Almagro, el Gobierno Duque haya “hecho todo” por cumplir con lo pactado en La Habana. Ante ese hecho, Archila compartió su carta con Almagro para que, según expresó, tenga un “contexto real y no se vaya a basar en lo que no es cierto”, sobre el camino recorrido para construir una paz estable y duradera en Colombia.
“Ellos hicieron pública esa carta y mencionaron tres temas de la implementación: la funcionalidad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el programa de sustitución voluntaria de cultivos y la protección a excombatientes. Ahora, si bien que yo creo que [el movimiento] está actuando de buena fe, desconocen la muy fuerte convicción del presidente Duque en cumplir con los Acuerdos”, declaró el alto consejero. En ese sentido, explicó que en la carta hacen relación de “las inmensas ejecutorias” que demuestran que el presidente en sus 10 meses de gobierno “ha logrado ya más avances” que los que se consolidaron en los 20 meses anteriores a la posesión de Duque.
Sobre la Jurisdicción Especial para la Paz
En la carta, Archila le manifestó a Almagro que este Gobierno ha sido “absolutamente respetuoso” de la independencia del tribunal para la justicia transicional. De los tres puntos que toca en la misiva, este fue el más corto. Sin embargo, sobre él recalcó que “no ha existido ni un sólo acto de esta Consejería u otra dependencia del Gobierno respecto de ninguna de las actuaciones de esa jurisdicción”. A la par que se refirió al cuidadoso manejo que le han dado a los recursos del ente.“A nuestro arribo a la administración existían algunos dineros por ejecutar en la vigencia de 2018 y conjuntamente con la Secretaría General de la JEP y el Fondo Colombia en Paz (FCP) los resolvimos. Con el mismo cuidado, a mayo de este año se habían ejecutado alrededor de $26,500 millones para facilitar sus labores”, puntualizó.
(Le recomendamos: ¿Qué le falta a la JEP para mejorar su funcionamiento?)
Archila se devolvió al episodio de las objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la JEP. Desglosó, para el secretario general de la OEA, el trámite que dio como conclusión el hundimiento final de los peros del presidente Duque, no sin antes incluir que “una vez que surtió el trámite y llegó al Ejecutivo, fue sancionada en menos de una semana”.
Sobre la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos
Archila remembró la gestión del gobierno anterior para explicar la situación actual en esta materia, algo que en distintos escenarios le han catalogado al Gobierno Duque como uso de “espejo retrovisor” para hablar sobre su propia gestión. Puntualmente, el alto consejero aseguró que el programa para erradicar los cultivos de coca les fue entregado sin planeación pero que, en estos 10 meses de trabajo, han sustituido alrededor de 10.000 hectáreas.“Cuando nos entregaron el Programa se había hecho una feria de ofrecimientos y vinculaciones, pero no se planearon, ni financiaron, ni se dieron las contrataciones para que las otras etapas fueran posibles. Muy grave. Por ello, durante estos primeros 10 meses hemos tenido que afrontar los muy serios problemas con que recibimos el Programa de sustitución de cultivos, en los frentes financiero, operativo, legal, de planeación y de ejecución. Ha sido un esfuerzo enorme para cumplirles a las familias que creyeron en la promesa del Estado y que, de no ser por este juicioso ejercicio, habrían visto frustradas sus esperanzas”, comunicó Archila.
(Para ampliar: Vicepresidenta y gobernador de Nariño enfrentados por glifosato)
De esa forma, le manifestó a Almagro que ante la situación encontrada determinaron nuevos tiempos, cantidad de familias incluidas en el programa e inversión, factores importantes para la efectiva sustitución de cultivos ilícitos. “El presupuesto 2019 se proyectó por un valor de $1.9 billones de pesos, para incluir 33 mil familias que hacen parte de acuerdos colectivos suscritos y no fueron presupuestadas antes. Para la presente vigencia el Ministerio de Hacienda anunció una disponibilidad presupuestal para la implementación del Programa de $565 mil millones. Con base en esa información se han solicitado los recursos y a la fecha se ha recibido asignación de $42.800 millones. A su vez el Ministerio de Hacienda y crédito público asignó $257.999.995.966”, aseguró.
Sobre la seguridad a excombatientes
“En el tema de la protección a excombatientes le recuerdo que el presidente mismo ha encargado que la consejería en la que estoy coordine su protección y que apenas la semana pasada adoptamos 26 acciones adicionales para proteger a los excombatientes”, reiteró Archila como contraste a lo dicho por Defendamos la Paz. Cabe recordar que en el momento en que el movimiento ciudadano emitió su carta, el gobierno aún no había sacado las nuevas medidas mencionadas por el consejero.En ese sentido, en la carta dirigida a la OEA, la Consejería para la Estabilización reafirma “el compromiso del Estado con la seguridad de los excombatientes y sus familias, así como con la seguridad de los miembros del hoy partido político Farc”, se lee en la misiva. De esa forma, Archila aseguró que el Gobierno “no propicia ni tolera la violencia contra los excombatientes. La seguridad de los excombatientes de las Farc que hicieron dejación de armas y están genuinamente comprometidos con la legalidad y la reincorporación y de sus familias es una prioridad para el Estado y, dentro del mismo, para la Administración del Presidente Iván Duque”, dijo.
(Lea: Gobierno responde a ONU sobre su preocupación por seguridad de excombatientes)
En cuanto a las cifras, la carta expuso cómo de las 13.068 personas que hicieron dejación de armas (quienes fueron acreditados por la oficina del alto comisionado para la paz), 11.922 se encuentran en proceso de reincorporación a la vida civil con la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN). “La generalidad de ellas está recibiendo apoyo psicosocial para la reincorporación y una renta básica temporal, salvo los que ya se han vinculado a actividades laborales o productivas”, manifestó el consejero.
“Confío, señor secretario, contribuir de esta manera a ilustrar cómo, la decisión política histórica del Presidente Iván Duque viene, en todos los frentes de la implementación y el cumplimiento del Acuerdo, acompañada de una planeación seria y ejecutorias contundentes”, fue el mensaje con el que finalizó su mensaje.