Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
En medio de la controversia que ha desatado en el país el choque de competencias entre la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, y la Fiscalía General de la Nación en relación con los bienes de las Farc, la exguerrilla emitió este viernes un comunicado asegurando que el fiscal ha distorsionado la información sobre este tema. Aseguraron que, en lo referente a entrega de bienes, han venido cumpliendo “de manera estricta”.
En la comunicación, la FARC desvirtúa las afirmaciones de Néstor Humberto Martínez sobre los bienes que presuntamente no habrían incluido en el inventario entregado al Mecanismo de Monitoreo y Verificación en agosto de 2017.
“El fiscal general vuelve a distorsionar el proceso de disposición al Estado de los bienes que constituyeron la economía de guerra de las FARC-EP, acudiendo a una presentación amañada de la información y apelando al sensacionalismo mediático”, se lee en el documento.
Según afirman, del inventario entregado, “a la fecha se ha puesto a recaudo de las autoridades 255.041 gramos de oro; 2.114’300.000 pesos en efectivo; 450.000 dólares; 205 bovinos; 19 mulares; 134 carreteras; 211 coordenadas de bienes inmuebles; y 742 equipos varios. Bienes avaluados aproximadamente en 132.325’462.300 pesos”.
Esas cifras representan un patrimonio que deberá destinarse a la reparación de víctimas y a la reincorporación de exintegrantes de las Farc. Aseguraron, además, que en este proceso de entrega de bienes han tenido un cumplimiento estricto.
Lea también: FARC anunció que 124 menores iniciaron su proceso de reincorporación
“Néstor Humberto Martínez debe ceñirse a desempeñar las funciones constitucionales de la institución bajo su cargo, y no utilizarla como instrumento político contra el acuerdo de paz, en particular para obstaculizar la puesta en marcha de la Jurisdicción Especial para la Paz y el proceso de entrega de lo que representó nuestro patrimonio de guerra”, añade la FARC.
Es importante resaltar que en días pasados, Martínez dirigió una carta a la Corte Constitucional en la que le solicita dirimir el conflicto de competencias entre el ente acusador que encabeza y la JEP, sobre la información de bienes de la exguerrilla que no fueron reportados en el inventario entregado.