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Arranca la semana definitiva para el futuro de las objeciones que hizo el presidente Iván Duque a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) y, aunque pareciera que su derrota está cantada de antemano en el Congreso, será en ese terreno donde a partir de hoy se escuchen las voces a favor y en contra de los peros del Gobierno al sistema de justicia transicional. Desde las 2:30 de la tarde, en la Cámara de Representantes, se lleva a cabo una audiencia pública a la que asistirán distintos sectores de la sociedad, altos funcionarios del Estado, víctimas del conflicto y representantes de la academia para evaluar si son procedentes o no dichas objeciones, y si los argumentos que usó Duque para objetar la JEP corresponden, realmente, a asuntos de inconveniencia.
Pero el panorama no está nada fácil para el presidente. En términos prácticos, las cuentas, hasta el momento, no le dan para sumar los votos que necesita para que Senado y Cámara le aprueben las objeciones y, en el plano político, se verá enfrentado a un verdadero titán que al final resultó inclinando la balanza en su contra: el exvicepresidente Germán Vargas Lleras. Ayer, en su columna en el diario El Tiempo (ver arriba), el jefe natural de Cambio Radical se atrevió a dar los nombres de quienes estarían presionando a los congresistas para que salven los proyectos del Ejecutivo en el Capitolio —como el Plan Nacional de Desarrollo— a cambio de cargos, y no dudó en afirmar que esa será la misma actuación del Gobierno de cara a la discusión de las objeciones a la JEP.
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“Si estas presiones se han ejercido para aprobar en comisión un plan que, incluso, podría haber sido expedido por decreto, me pregunto qué no estará dispuesto a hacer el Gobierno en una materia tan delicada como la discusión de las objeciones a la JEP o la anunciada reforma constitucional para modificar los acuerdos de paz”, señaló Vargas Lleras. Y para rematar, ni las reiteradas posturas que adopten hoy las voces a favor de las objeciones, ni el tono más conciliador que lleven a la audiencia estos sectores, lograrán modificar la ponencia que redactó la subcomisión creada para estudiar los reparos que hizo Duque a la JEP y que indica que el Congreso no es competente para evaluar tales objeciones, como lo reveló este diario el viernes de la semana pasada.
“Si el presidente estuviera dispuesto a retirar las objeciones, podríamos abrir una discusión amplia con todos los sectores políticos, incluyendo a la FARC, por supuesto, sobre elementos que, sin reformar la Constitución, sin transformar los temas esenciales del Acuerdo de Paz, nos permitan trabajar conjuntamente por la construcción de la paz”, señaló la representante de la Alianza Verde Juanita Goebertus, integrante de la subcomisión de Cámara y copartícipe de la ponencia de rechazo a las objeciones. Pero para Jaime Felipe Lozada, del Partido Conservador, la discusión no debe darse en blanco y negro. Él fue uno de los dos congresistas —junto con Álvaro Hernán Prada, del Centro Democrático— que se abstuvieron de firmar el texto que será radicado hoy en la Cámara. Sin embargo, dijo que antes de redactar uno paralelo, prefiere buscar consensos.
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En tal sentido, anticipó que a las 6 de la tarde, cuando acabe la audiencia pública, pedirá una nueva reunión con los integrantes de la subcomisión para llegar a un acuerdo que permita radicar una sola ponencia. “Esta es una oportunidad histórica para generar consensos y lograr algunas modificaciones que lleven a superar la polarización que vive el país. Les pedimos que abran la posibilidad de escuchar nuestras razones y ojalá de llegar a puntos comunes”, señaló Lozada. Pero es evidente que llegar a ese consenso será una misión imposible, principalmente porque implica convencer a los defensores del Acuerdo de Paz de que las objeciones que hizo el presidente sí son por inconveniencia y no por inconstitucionalidad, que el Congreso no estaría incurriendo en ningún delito al controvertir la sentencia de la Corte Constitucional que dio luz verde a la ley estatutaria de la JEP y que, a pesar de las salvedades del jefe de Estado a la norma, no pretende desconocer los compromisos adquiridos en las negociaciones de La Habana.
“Buscar un consenso nacional implica traer a distintos sectores a la mesa, no darle un puño a la mesa. Por eso, no creo que, de ninguna manera, al menos de mi parte, haya posibilidad de radicar una ponencia favorable”, sentenció Goebertus. Entre tanto, el representante liberal Carlos Ardila dijo que respetará la postura que ya asumió su colectividad y, aunque se mostró dispuesto a abrir el diálogo con Lozada y Prada, no cederá en sus argumentos. Entre otras cosas, porque dijo estar convencido de que la decisión del presidente Duque de objetar la JEP obedeció más a una postura “proselitista”, para mantener contentos a sus electores y al jefe natural de su bancada, el expresidente Álvaro Uribe, que a genuinas preocupaciones alrededor del Acuerdo de Paz. “Porque las objeciones de jurídico tienen poco. Son objeciones que, bajo el ropaje de la inconveniencia, son materialmente de inconstitucionalidad”, señaló.
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Lozada insiste en que “nosotros no tenemos banderas de guerra” y que lo único que está tratando de hacer el Gobierno es lograr que el sector que votó por el No en el plebiscito se sienta representado en el Acuerdo de Paz. En todo caso, la papa caliente de las objeciones llegará esta semana a la Cámara de Representantes. De no lograrse un consenso, los congresistas defensores de los peros a la JEP redactarán un nuevo documento que plantearán a la plenaria, y será allí donde se dará, verdaderamente, el juego político, se medirán los pulsos y, una vez más, quedará puesto a prueba el liderazgo de un presidente con aparentes minorías parlamentarias y en el marco de una relación Ejecutiva-Legislativa que no termina de cuajar en casi un año de mandato.