Protocolos de ruptura de la negociación: ¿compromiso de Estado o decisión de Gobierno?

Guerrilleros del ELN

El Gobierno Nacional anunció este lunes que no hará efectivos los protocolos firmados, en nombre de Colombia, entre el anterior mandatario, Juan Manuel Santos, y el Eln, así como por delegados de Cuba, Venezuela, Chile, Noruega y Ecuador, países garantes del proceso de paz que se llevaba a cabo entre el Estado colombiano y el grupo insurgente. Este documento dicta que, en caso de ruptura de los diálogos, las partes se tomarían 15 días para planear y concretar el retorno al territorio nacional de la delegación de la guerrilla.

La decisión fue tomada luego de que el mismo Eln confirmara su autoría en el ataque con carro bomba a la Escuela de Cadetes de la Policía en Bogotá, sucedido el pasado jueves. Fue el canciller Carlos Holmes Trujillo quien inmediatamente solicitó al gobierno de Cuba la extradición de los 16 delegados de la guerrilla, encabezados por Antonio García y Pablo Beltrán.

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Esta determinación, sumada a las declaraciones del alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, desataron la polémica sobre la deshonra a estos compromisos. A pesar de que Ceballos asegurara en su discurso del lunes que los protocolos “no son vinculantes” para el gobierno de Duque pues, según dijo, las políticas públicas de paz son de gobierno y no de Estado, expertos en el derecho internacional y personalidades de la política nacional han reiterado que el actual gobierno sí debe cumplir con ellos porque fueron firmado a nombre del Estado colombiano.

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“No es cierto que el Gobierno Duque no hubiera retomado el diálogo con el Eln”, fue la primera objeción de Goebertus a Ceballos. “Entre agosto y septiembre hubo por lo menos siete conversaciones telefónicas entre Ceballos, el Alto Comisionado para la Paz y representantes del Eln”, indicó, añadiendo que, incluso, para finales del año pasado estuvo programada una reunión en Oslo para construir una nueva agenda, “ante la cual el gobierno cortó la comunicación”, explicó la representante verde.

Por otro lado, insistió en que “no es cierto que los acuerdos y los protocolos solo vinculen al gobierno que los firmó”, argumentando que, en el punto 2.3 de la C-630/17 se dicta que “dicha política fue adoptada constitucionalmente como política de Estado mediante el Acto Legislativo 02 de 2017, razón por la que resulta vinculante para todas las instituciones y autoridades públicas, puesto que representa el compromiso de los órganos de representación democrática, Presidente y Congreso de la República. (…) Todos estos aspectos tienen un valor estratégico, pues no dependen de los variables dinámicas de la actividad política.”

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Además, manifestó que, contrario a lo asegurado por el Gobierno este lunes, el Consejo de Seguridad de la ONU no criticó los protocolos ni hizo referencia a ellos: “Lo que están diciendo las Naciones Unidas es lo obvio, y es reiterar que los Estados tienen la obligación de llevar a la justicia a quienes cometen este tipo de delitos, no solamente este, por supuesto, sino todos los demás crímenes cometidos por el Eln, pero eso es distinto a aplicar unos protocolos de retorno”.

A su vez, declaró que “no es cierto que los protocolos perdonen los actos terroristas del Eln ni que no sea ‘ni ético ni válido’ pactar protocolos de retorno a la finalización de un proceso de paz”, como lo mencionó Ceballos. “Ellos deben responder ante la justicia por estos y todos los otros crímenes cometidos durante la guerra por los que, además, ya han sido condenados por la justicia ordinaria. No hay ninguna referencia ni a indultos, ni a amnistías ni a ningún tratamiento penal especial de sus delitos”, resaltó la representante, quien luego recordó que el mismo expresidente Uribe aplicó uno de estos protocolos, previamente acordados, para retornar al Eln a Colombia en 2007, cuando fracasó la negociación en Venezuela.

Por ahora, y a pesar de las críticas, el gobierno de Iván Duque le notificó a los países garantes su decisión.