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El pulso por crear una sala especial para los uniformados involucrados en el conflicto armado no es nuevo. Desde que el Congreso estaba reglamentando la Jurisdicción Especial de Paz -aprobada a finales de junio de este año-, la bancada del nuevo gobierno en el Capitolio se enganchó en una fuerte pelea con el saliente de Juan Manuel Santos y se adjudicó como un triunfo el hecho de que, al final, quedaran aprobados dos polémicos artículos, hoy bajo la lupa de la Corte Constitucional: crear una sala especial para procesar a miembros de la Fuerza Pública y precisiones sobre la extradición de los exguerrilleros.
(Lea: Relato de un naufragio legislativo: así se hundió la sala para uniformados en la JEP)
En esa perspectiva, y mientras se resuelve el tejemaneje jurídico en el alto tribunal, lo hasta ahora aprobado es que el Legislativo tiene un plazo de 18 meses para crear ese procedimiento especial, según las modificaciones que logró el Centro Democrático en dicha reglamentación. Por eso, el encuentro que hace cerca de un mes sostuvieron el expresidente Álvaro Uribe y el exvicepresidente Germán Vargas Lleras se hizo trascendental: “Nos opusimos a la JEP, incluso recogimos firmas para derogarla. (…) Finalmente, logramos un acuerdo con el doctor Germán Vargas y Cambio Radical para presentar una sala especial para las Fuerzas Armadas”, anunció Uribe.
Y así aterrizó en el Congreso ese proyecto que, aunque la semana pasada parecía naufragar, hoy revive en la Comisión Primera del Senado. La antesala de esta discusión que hoy se retoma tiene un amargo traspié político para el uribismo que, contra todo pronóstico, no contó con los votos suficientes para sacar adelante la iniciativa, el quórum se hizo insostenible y, ahora, paradójicamente, pareció convertirse en el último salvavidas con el que contarán los miembros del Centro Democrático en la célula legislativa. Pero las cuentas no parecen muy holgadas y la última palabra podría quedar en manos del Partido Liberal.
(Lea: Sala especial para uniformados, la última batalla)
La Comisión Primera del Senado está compuesta por 22 senadores: cuatro del Centro Democrático, tres del Partido Conservador, y uno del MIRA que, sumados, no logran la mayoría en el recinto: son ocho. En el sector de la oposición al gobierno Duque las cuentas están así: dos de la Alianza Verde, uno de la Colombia Humana, uno del Polo y uno del partido FARC. Es decir, son cinco, pero cuentan con el respaldo de los tres “disidentes” de la U que forman parte de la comisión y que se oponen a hacer modificaciones al Acuerdo de Paz: Roosvelt Rodríguez, Armando Benedetti y Roy Barreras. Hasta ahí hay un empate seguro. Pero, ¿Cambio Radical y los liberales?
Del lado del partido de Vargas Lleras el único que abanderó la causa de este proyecto fue Germán Varón. La semana pasada, ni Temístocles Ortega ni Rodrigo Lara accedieron a las pretensiones de Paloma Valencia de crear una sala especial para uniformados. Y los tres liberales, Miguel Ángel Pinto, Fabio Amín y Luis Fernando Velasco no asistieron a la sesión. Pero, si son coherentes con el apoyo que dio la colectividad roja al Acuerdo de Paz, es de esperarse que tampoco avalen con su voto el proyecto para modificar la JEP. Y a eso se resta el voto que les hizo falta a los uribistas el jueves pasado: el de José Obdulio Gaviria, quien se recupera de una cirugía de corazón.
Ese sería el escenario de hoy, teniendo en cuenta únicamente la discusión política, pero hay un asunto no menor que también promete atravesarse en el debate y tiene que ver con los tiempos legislativos. Los que se oponen a la creación de la sala especial para la Fuerza Pública en la JEP anticipan, por ejemplo, que la asistencia a la sesión de este lunes no alcanzará para apoyar el proyecto. Justamente, a la misma hora a la que fue convocada la comisión hay una reunión de los ponentes de la reforma a la justicia y entre ellos están los senadores Paloma Valencia y Germán Varón. Es decir, los dos congresistas que quieren sacar adelante la reforma a la justicia transicional.
Pero, según sostienen los sectores de oposición, siendo positivos y pensando que las fuerzas políticas sí acudirán hoy y se volcaran hacia este proyecto mayoritariamente, de todos modos, las semanas que quedan para este período legislativo siguen siendo muy apretadas para que se logre sacar adelante. En total, son siete semanas las que comienzan a correr a partir de hoy y si entre hoy y mañana se logra aprobar el proyecto, habría que esperar ocho días más para que se radique una nueva ponencia y se abra la discusión en la plenaria del Senado. Es decir, de hoy en ocho se estaría radicando el texto, y entre martes y miércoles debería ser aprobada.
Surtido ese trámite tendrían que pasar, mínimo, 15 días más para que entre el debate a la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. Cosa que, dicen los expertos en materia legislativa, es altamente improbable, entre otras cosas porque la ponencia que se radique en dicha corporación tendrá que contener un aparte especial con las intervenciones que se hagan en la audiencia pública que por ley se exige cuando se está tramitando una reforma constitucional. Y eso también toma su tiempo. Además, el Partido de la U ya confirmó que pedirán a la Cámara que se haga una ponencia colectiva “y eso va a demorar mucho más las cosas”, sostiene una voz de la colectividad.
Hasta ahí ya los tiempos apuntan a que apenas hasta la primera semana de diciembre se estaría comenzando a discutir en tercer debate la creación de la sala especial para los uniformados dentro de la JEP y el 16 de diciembre se acaba el período legislativo. Y un asunto adicional: evidentemente hay otras materias por las cuales está preocupado el Gobierno, como la reforma política, la reforma a la justicia y los proyectos de ley anticorrupción que deben ser aprobados rápidamente. El propio presidente del Senado, Ernesto Macías, anunció que a partir de esta semana convocará a sesiones de lunes a jueves para darle celeridad a la discusión de estas iniciativas.
En últimas, no pinta fácil el panorama para los promotores del proyecto que, en todo caso, tampoco contará con el aval del Gobierno, según lo anticipó en diálogo con El Espectador la propia vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. La senadora Valencia ha venido advirtiendo que, si no se aprueba el proyecto, insistirá en el referendo para tumbar la JEP, a lo que Ramírez ya le tiene respuesta: “Una cosa es el Centro Democrático y otra el gobierno. Las iniciativas de varios miembros de su partido siempre las tomaremos en cuenta con el mayor interés, pero las decisiones del Gobierno son del Gobierno y por esa razón, por ejemplo, el referendo que había para tumbar totalmente la JEP es una decisión que jamás avalaremos”.