OCDE: el eje de la ley TIC debe ser competencia y protección de usuarios, no promoción de inversión
Es sabido que La Ley TIC enfrenta muchas críticas. Todas coinciden en que el proyecto es importante, necesario y tiene aciertos, pero necesita ajustes. Una pensaría que las críticas deberían aportar razones suficientes para provocar cambios estructurales. Sin embargo, el Gobierno insiste en su visión, desconociendo observaciones de diferentes actores.
Repasemos acá algo de lo que dicen organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) (en carta difundida por Cambio Radical) o la UNESCO y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA (en comunicaciones dirigidas a la representante Pizano).
La independencia del nuevo regulador está comprometida. Esta es una preocupación de los tres organismos. Las disposiciones del proyecto de ley no logran separar las funciones regulatorias de las políticas, a pesar de que ese debería ser el principal objetivo de crear un regulador independiente. De hecho, este proyecto de ley lleva el problema a nuevos niveles porque, como lo habíamos advertido, las funciones de la ANTV de supervisión del sector no pasan a la CRC, sino que se quedan en el Gobierno.
El regulador no puede ser convergente a medias. Un regulador convergente debe incorporar a la CRC, a la ANTV y a la ANE. Actores nacionales han insistido en esta crítica, que también comparten estos tres organismos. El Gobierno tiene argumentos para mantener la gestión del espectro como bien público a cargo del gobierno, pero son difíciles de sostener si lo que se busca es convergencia. En todo caso, leyendo las críticas está claro que, como mínimo, las funciones de vigilancia y sanción deberían ser de la CRC (en todo, para el espectro y también para infraestructura y medios).
El sistema de gobernanza que se creó para este nuevo regulador pone en cuestión su autonomía. Para la OCDE, la norma debe buscar evitar influencias indebidas en la toma de decisiones del regulador, solo así se logra confianza. La OCDE coincide con las organizaciones de sociedad civil al señalar que el mecanismo de elección une al ente autónomo a la voluntad del Gobierno. Por ejemplo, señala la OCDE que el nombramiento directo de comisionados por el Presidente no es una opción válida.
Es particularmente interesante como la OCDE indica que el eje del proyecto debe ser la promoción de la competencia y la protección de los consumidores, y no la promoción de la inversión. Este argumento es importante porque, en su apuesta por incrementar la infraestructura del país para privilegiar conectividad, el Gobierno de Duque se ha volcado a garantizar la inversión de las grandes empresas. Sin minimizar la importancia de la inversión privada para el desarrollo del sector, nuestro argumento desde hace meses para indicar que este modelo es insuficiente es que, en la llamada “última milla”, donde la conectividad a internet no llega y no interesa a grandes empresas por su poca rentabilidad, la ciudadanía tiene la capacidad de desarrollar su propia conectividad a través de las redes comunitarias.
Precisamente, lo que necesitan de la ley es que el Estado reconozca su existencia y les allane la cancha para ser competitivas e incorporar elementos de protección y desarrollo de sus consumidores (su comunidad).
En concreto sobre redes comunitarias, la OCDE elogia los ajustes al marco legal hechos en el proyecto, sobre todo, en lo relacionado con elevar barreras económicas para garantizar criterios de inclusión social que facilitará la creación de las redes comunitarias, aspecto muy elogiado también en lo local. Pero, también indica y resalta que esto es positivo si el efecto es similar a la normativa mexicana. Y allí es donde reside el problema de la norma colombiana, pierde en la comparación. La propuesta del Gobierno no garantiza que las redes comunitarias sean verdaderas herramientas que llenen vacíos y proporcionen servicios a poblaciones desatendidas por el mercado, como sucede en México o en Argentina, para agregar otro ejemplo de la región.
Por esto, se requiere el reconocimiento y la habilitación legal de las redes comunitarias, lo que servirá para disminuir la brecha digital y, sobre todo, la brecha digital de género que carga Colombia.
Desde Karisma, donde trabajo, insistimos en que el Gobierno debe hacer cambios sustanciales al proyecto de ley. Señores congresistas, aprovechen la reflexión de Semana Santa, guiados por los consejos de los organismos internacionales y escuchando a los actores locales, se puede mejorar este proyecto de ley o archívenlo, y volvamos a empezar. Esta norma es necesaria para fortalecer el desarrollo del país, pero como está ampliará inequidades.
Es sabido que La Ley TIC enfrenta muchas críticas. Todas coinciden en que el proyecto es importante, necesario y tiene aciertos, pero necesita ajustes. Una pensaría que las críticas deberían aportar razones suficientes para provocar cambios estructurales. Sin embargo, el Gobierno insiste en su visión, desconociendo observaciones de diferentes actores.
Repasemos acá algo de lo que dicen organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) (en carta difundida por Cambio Radical) o la UNESCO y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA (en comunicaciones dirigidas a la representante Pizano).
La independencia del nuevo regulador está comprometida. Esta es una preocupación de los tres organismos. Las disposiciones del proyecto de ley no logran separar las funciones regulatorias de las políticas, a pesar de que ese debería ser el principal objetivo de crear un regulador independiente. De hecho, este proyecto de ley lleva el problema a nuevos niveles porque, como lo habíamos advertido, las funciones de la ANTV de supervisión del sector no pasan a la CRC, sino que se quedan en el Gobierno.
El regulador no puede ser convergente a medias. Un regulador convergente debe incorporar a la CRC, a la ANTV y a la ANE. Actores nacionales han insistido en esta crítica, que también comparten estos tres organismos. El Gobierno tiene argumentos para mantener la gestión del espectro como bien público a cargo del gobierno, pero son difíciles de sostener si lo que se busca es convergencia. En todo caso, leyendo las críticas está claro que, como mínimo, las funciones de vigilancia y sanción deberían ser de la CRC (en todo, para el espectro y también para infraestructura y medios).
El sistema de gobernanza que se creó para este nuevo regulador pone en cuestión su autonomía. Para la OCDE, la norma debe buscar evitar influencias indebidas en la toma de decisiones del regulador, solo así se logra confianza. La OCDE coincide con las organizaciones de sociedad civil al señalar que el mecanismo de elección une al ente autónomo a la voluntad del Gobierno. Por ejemplo, señala la OCDE que el nombramiento directo de comisionados por el Presidente no es una opción válida.
Es particularmente interesante como la OCDE indica que el eje del proyecto debe ser la promoción de la competencia y la protección de los consumidores, y no la promoción de la inversión. Este argumento es importante porque, en su apuesta por incrementar la infraestructura del país para privilegiar conectividad, el Gobierno de Duque se ha volcado a garantizar la inversión de las grandes empresas. Sin minimizar la importancia de la inversión privada para el desarrollo del sector, nuestro argumento desde hace meses para indicar que este modelo es insuficiente es que, en la llamada “última milla”, donde la conectividad a internet no llega y no interesa a grandes empresas por su poca rentabilidad, la ciudadanía tiene la capacidad de desarrollar su propia conectividad a través de las redes comunitarias.
Precisamente, lo que necesitan de la ley es que el Estado reconozca su existencia y les allane la cancha para ser competitivas e incorporar elementos de protección y desarrollo de sus consumidores (su comunidad).
En concreto sobre redes comunitarias, la OCDE elogia los ajustes al marco legal hechos en el proyecto, sobre todo, en lo relacionado con elevar barreras económicas para garantizar criterios de inclusión social que facilitará la creación de las redes comunitarias, aspecto muy elogiado también en lo local. Pero, también indica y resalta que esto es positivo si el efecto es similar a la normativa mexicana. Y allí es donde reside el problema de la norma colombiana, pierde en la comparación. La propuesta del Gobierno no garantiza que las redes comunitarias sean verdaderas herramientas que llenen vacíos y proporcionen servicios a poblaciones desatendidas por el mercado, como sucede en México o en Argentina, para agregar otro ejemplo de la región.
Por esto, se requiere el reconocimiento y la habilitación legal de las redes comunitarias, lo que servirá para disminuir la brecha digital y, sobre todo, la brecha digital de género que carga Colombia.
Desde Karisma, donde trabajo, insistimos en que el Gobierno debe hacer cambios sustanciales al proyecto de ley. Señores congresistas, aprovechen la reflexión de Semana Santa, guiados por los consejos de los organismos internacionales y escuchando a los actores locales, se puede mejorar este proyecto de ley o archívenlo, y volvamos a empezar. Esta norma es necesaria para fortalecer el desarrollo del país, pero como está ampliará inequidades.