Engaño oculto en el Consejo Nacional Electoral, ¿para beneficiar al presidente?

​En algún lugar del El Príncipe, advierte Maquiavelo,:“Cuando veas a un enemigo cometer un gran error, desconfía porque seguro que hay detrás algún engaño oculto”. Algo o mucho de eso puede predicarse ahora de lo que pretende hacer el Consejo Nacional Electoral, en relación con el enjuiciamiento de las cuentas de la campaña electoral que en 2022 llevó al presidente Gustavo Petro a la Presidencia de la República. Veamos por qué.

En medio de una tensión creciente de la que da cuenta el comunicado público de aclaración emitido este sábado 14 de septiembre por el CNE pidiendo que se garantice la estabilidad institucional y la seguridad de sus funcionarios, la presidenta Maritza Martínez ha confeccionado un orden del día cuyo punto primero es tan absurdo y contrario a derecho que, de prosperar, supondría que el posible enjuiciamiento del presidente Petro no pueda llegar a tener lugar nunca.

Para decirlo en cristiano, detrás de la farfulla y palabrería de la aclaración del CNE, en el debate previsto para mañana lunes, 16 de septiembre, se masculla un vicio jurídico tan garrafal, que ni un estudiante de grado sería capaz de cometer, que invalida a priori cualquier enjuiciamiento para siempre. Un error de bulto que contradice flagrantemente la sentencia de la Corte Constitucional cuyo ponente fue el magistrado Juan Carlos Cortés, que establece que la competencia del CNE estriba exclusivamente “para la campaña presidencial”.

Pues bien, en contra de dicho criterio, el documento preparado para iniciar el proceso de enjuiciamiento dice literalmente “Por medio de la cual se ABRE INVESTIGACION y se FORMULAN CARGOS contra los ciudadanos GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO, en calidad de candidato presidencial, RICARDO ROA BARRAGÁN en calidad de gerente de campaña…”. Una afirmación sencillamente inadmisible porque la función del CNE se limita a enjuiciar contablemente una determinada campaña a fin de determinar si sobrepasó los topes de financiación legalmente establecidos, y nada más.

Todo lo que sobrepase esa atribución excede de su competencia y constituye un abuso. Un abuso del fuero constitucional que corresponde al CNE y que de prosperar tendría en derecho dos consecuencias claras:

Primero, introduciría un vicio de nulidad insuperable en todo lo que se actuase abocando al proceso a su finalización antes de comenzar. Lo que significaría la exoneración de sus potenciales cargos a los presuntos responsables, es decir, a que cualquier proceso al respecto quedara muerto antes de comenzar.

Pero además de ello implicaría una toma de posición de un órgano constitucional contra el presidente de la República, prejuzgando una culpabilidad que, de existir, no le correspondería en ningún caso juzgar al CNE. Es decir, “contaminaría” a los ocho miembros del CNE que formularan el cargo de mala disposición hacia el presidente Petro, impidiéndoles intervenir en cualquier juicio futuro que lo envolviera. Todo ello sin perjuicio de la posible responsabilidad personal en que incurrirían por prevaricato quienes hubieran suscrito el acta de imputación.

Lo único que puede hacer mañana el CNE, si finalmente se reúne, es disponerse a iniciar el proceso por enjuiciamiento de una campaña electoral y nada más. Todo el resto sobra.

Y digo si se reúne en términos potenciales, porque el CNE sigue sin reponer, por decisión presidencial de Maritza Martínez, al magistrado Altus Baquero bajo pretexto de no haber recibido comunicación expresa y directa de la sentencia de tutela de la Corte Constitucional que lo impone. Otra decisión ridícula desde el momento en que los comunicados de la Corte resultan de obligado cumplimiento y esta reposición ya ha sido comunicada públicamente.

Es posible que lo burdo del error lleve a algún lector a considerar increíble el engaño, como diría Maquiavelo. Quien así piense recuerde que, hace unos años, el procurador Alejandro Ordóñez, de infausto recuerdo, cometió un error semejante con el entonces alcalde de Bogotá, que determinó que además de que el alcalde no rindiera cuentas de su desastrosa gestión municipal, se convirtiera en víctima de una persecución judicial injusta que hizo de él un mártir y lo catapultó hacia la presidencia de la República.

Es posible que, sin el error de Ordóñez de entonces, Petro nunca hubiera sido presidente, como ahora también lo es que, sin el error del CNE de ahora, Petro no llegue a ser enjuiciado nunca.

La pregunta que procede entonces es ¿Estamos ante a un error atribuible a la ignorancia o frente a un verdadero engaño? El cui prodest? romano vuelve a cobrar sentido para aclarar a quién beneficia un error que todo apunta a ser un verdadero engaño.

​En algún lugar del El Príncipe, advierte Maquiavelo,:“Cuando veas a un enemigo cometer un gran error, desconfía porque seguro que hay detrás algún engaño oculto”. Algo o mucho de eso puede predicarse ahora de lo que pretende hacer el Consejo Nacional Electoral, en relación con el enjuiciamiento de las cuentas de la campaña electoral que en 2022 llevó al presidente Gustavo Petro a la Presidencia de la República. Veamos por qué.

En medio de una tensión creciente de la que da cuenta el comunicado público de aclaración emitido este sábado 14 de septiembre por el CNE pidiendo que se garantice la estabilidad institucional y la seguridad de sus funcionarios, la presidenta Maritza Martínez ha confeccionado un orden del día cuyo punto primero es tan absurdo y contrario a derecho que, de prosperar, supondría que el posible enjuiciamiento del presidente Petro no pueda llegar a tener lugar nunca.

Para decirlo en cristiano, detrás de la farfulla y palabrería de la aclaración del CNE, en el debate previsto para mañana lunes, 16 de septiembre, se masculla un vicio jurídico tan garrafal, que ni un estudiante de grado sería capaz de cometer, que invalida a priori cualquier enjuiciamiento para siempre. Un error de bulto que contradice flagrantemente la sentencia de la Corte Constitucional cuyo ponente fue el magistrado Juan Carlos Cortés, que establece que la competencia del CNE estriba exclusivamente “para la campaña presidencial”.

Pues bien, en contra de dicho criterio, el documento preparado para iniciar el proceso de enjuiciamiento dice literalmente “Por medio de la cual se ABRE INVESTIGACION y se FORMULAN CARGOS contra los ciudadanos GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO, en calidad de candidato presidencial, RICARDO ROA BARRAGÁN en calidad de gerente de campaña…”. Una afirmación sencillamente inadmisible porque la función del CNE se limita a enjuiciar contablemente una determinada campaña a fin de determinar si sobrepasó los topes de financiación legalmente establecidos, y nada más.

Todo lo que sobrepase esa atribución excede de su competencia y constituye un abuso. Un abuso del fuero constitucional que corresponde al CNE y que de prosperar tendría en derecho dos consecuencias claras:

Primero, introduciría un vicio de nulidad insuperable en todo lo que se actuase abocando al proceso a su finalización antes de comenzar. Lo que significaría la exoneración de sus potenciales cargos a los presuntos responsables, es decir, a que cualquier proceso al respecto quedara muerto antes de comenzar.

Pero además de ello implicaría una toma de posición de un órgano constitucional contra el presidente de la República, prejuzgando una culpabilidad que, de existir, no le correspondería en ningún caso juzgar al CNE. Es decir, “contaminaría” a los ocho miembros del CNE que formularan el cargo de mala disposición hacia el presidente Petro, impidiéndoles intervenir en cualquier juicio futuro que lo envolviera. Todo ello sin perjuicio de la posible responsabilidad personal en que incurrirían por prevaricato quienes hubieran suscrito el acta de imputación.

Lo único que puede hacer mañana el CNE, si finalmente se reúne, es disponerse a iniciar el proceso por enjuiciamiento de una campaña electoral y nada más. Todo el resto sobra.

Y digo si se reúne en términos potenciales, porque el CNE sigue sin reponer, por decisión presidencial de Maritza Martínez, al magistrado Altus Baquero bajo pretexto de no haber recibido comunicación expresa y directa de la sentencia de tutela de la Corte Constitucional que lo impone. Otra decisión ridícula desde el momento en que los comunicados de la Corte resultan de obligado cumplimiento y esta reposición ya ha sido comunicada públicamente.

Es posible que lo burdo del error lleve a algún lector a considerar increíble el engaño, como diría Maquiavelo. Quien así piense recuerde que, hace unos años, el procurador Alejandro Ordóñez, de infausto recuerdo, cometió un error semejante con el entonces alcalde de Bogotá, que determinó que además de que el alcalde no rindiera cuentas de su desastrosa gestión municipal, se convirtiera en víctima de una persecución judicial injusta que hizo de él un mártir y lo catapultó hacia la presidencia de la República.

Es posible que, sin el error de Ordóñez de entonces, Petro nunca hubiera sido presidente, como ahora también lo es que, sin el error del CNE de ahora, Petro no llegue a ser enjuiciado nunca.

La pregunta que procede entonces es ¿Estamos ante a un error atribuible a la ignorancia o frente a un verdadero engaño? El cui prodest? romano vuelve a cobrar sentido para aclarar a quién beneficia un error que todo apunta a ser un verdadero engaño.