En vista de que hasta el momento la reforma agraria no ha despegado del todo, el presidente Petro ha querido dinamizarla. Se planteó un decreto que agilizaría la extinción de dominio y se ha hablado de la promoción de la organización y la movilización campesina. En respuesta, el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, llamó a la creación de “brigadas solidarias ganaderas” para el “apoyo cuando eventualmente se pueda dar cualquier amenaza a la propiedad privada”.
Lafaurie, que hasta el momento había venido cumpliendo con seriedad la parte del acuerdo que firmó con el Gobierno, debería estar consciente de las implicaciones de sus palabras. El término “brigada” es elocuente, de una manera más bien siniestra. Es que Lafaurie habla desde un gremio que estuvo involucrado en la guerra paramilitar y que promovió incesantemente figuras como las Convivir. La mayoría de los grupos paramilitares del país contaron con grandes ganaderos que los crearon (o los invitaron a sus respectivas regiones). Con frecuencia, también, los lideraron. Figuras claves de su gremio estuvieron asimismo involucradas en el paramilitarismo (desde Visbal hasta Rodrigo García, para no nombrar sino a dos; me faltaría espacio en esta columna para presentar una lista más o menos completa). Dada esa trayectoria, usar desde la presidencia de Fedegán aquella terminología es, al menos, una irresponsabilidad mayúscula.
Lafaurie dice que propende por el “desarrollo fraterno” del agro colombiano. Esa es una preferencia respetable. Sería interesante analizarla y discutirla. Lo que no puede pretender es obtener el derecho a vetar las decisiones gubernamentales por medio de un chantaje apenas velado y con una terminología que recuerda épocas terribles. Entre otras cosas, porque si quería que cambiara de orientación, con tal chantaje público puso al Gobierno en una situación que le impide hacerlo.
Además, no debería. No veo por qué, si los grandes ganaderos tienen el derecho a organizarse y a contar con masiva financiación estatal, los campesinos colombianos —las grandes víctimas del conflicto, según la Comisión de la Verdad— no.
Tampoco veo por qué haya que temer a los segundos y no a los primeros. Lafaurie, en entrevista radial a la W (no oigo esos programas, pero estaba en un taxi), presentó su caso, intentando mostrar que promover la organización campesina es peligrosísimo. Afirmó, por ejemplo, que unos labriegos habían degollado en Los Pozos a un agente del Esmad. Si esto en realidad ocurrió (y no fueron disidencias ni otro actor armado), naturalmente es un evento terrible. Sin embargo, el listado de damnificados de los campesinos organizados ha de ser corto. Los campesinos han creado asociaciones y sindicatos, no brigadas. Tales entidades podrán tener víctimas a cuestas, pero son pocas. Si el Estado las incorpora a programas de inclusión y de reforma, eso más bien invita a una interacción institucionalizada entre ellos y otros actores del agro.
En cambio, les han disparado sin cesar durante décadas. En parte no despreciable, esas balas provinieron de brigadas ganaderas. Ellas tomaron múltiples formas y casi siempre fueron respaldadas por el Estado. Pero constituyeron durante años un peligro aterrador, aunque por desgracia no haya en la W alguien que pueda o quiera recordarlo. Mataron en masa y a placer, no solo degollando, sino masacrando, torturando, despojando, violando, quemando casas. Lo dijo muy bien Benito Osorio Villadiego, dirigente ganadero (exgerente del Fondo de Córdoba) quien participó en la experiencia: éramos pirómanos. A propósito: también pasando masivamente por encima de los derechos de propiedad de los campesinos. ¿O es que esos derechos no cuentan?
No es algo muy fraterno ni edificante. Ni tampoco tiene mucho sentido que un sector de la sociedad, que ha disfrutado (con razón o sin ella; ese es otro debate) de permanente promoción y financiación estatal masiva, se declare en estado de alarma porque se promueva a otro sector, golpeado y vulnerable. ¿No sería mejor mantener conversaciones serias y cuidadosas sobre lo construido?
En vista de que hasta el momento la reforma agraria no ha despegado del todo, el presidente Petro ha querido dinamizarla. Se planteó un decreto que agilizaría la extinción de dominio y se ha hablado de la promoción de la organización y la movilización campesina. En respuesta, el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, llamó a la creación de “brigadas solidarias ganaderas” para el “apoyo cuando eventualmente se pueda dar cualquier amenaza a la propiedad privada”.
Lafaurie, que hasta el momento había venido cumpliendo con seriedad la parte del acuerdo que firmó con el Gobierno, debería estar consciente de las implicaciones de sus palabras. El término “brigada” es elocuente, de una manera más bien siniestra. Es que Lafaurie habla desde un gremio que estuvo involucrado en la guerra paramilitar y que promovió incesantemente figuras como las Convivir. La mayoría de los grupos paramilitares del país contaron con grandes ganaderos que los crearon (o los invitaron a sus respectivas regiones). Con frecuencia, también, los lideraron. Figuras claves de su gremio estuvieron asimismo involucradas en el paramilitarismo (desde Visbal hasta Rodrigo García, para no nombrar sino a dos; me faltaría espacio en esta columna para presentar una lista más o menos completa). Dada esa trayectoria, usar desde la presidencia de Fedegán aquella terminología es, al menos, una irresponsabilidad mayúscula.
Lafaurie dice que propende por el “desarrollo fraterno” del agro colombiano. Esa es una preferencia respetable. Sería interesante analizarla y discutirla. Lo que no puede pretender es obtener el derecho a vetar las decisiones gubernamentales por medio de un chantaje apenas velado y con una terminología que recuerda épocas terribles. Entre otras cosas, porque si quería que cambiara de orientación, con tal chantaje público puso al Gobierno en una situación que le impide hacerlo.
Además, no debería. No veo por qué, si los grandes ganaderos tienen el derecho a organizarse y a contar con masiva financiación estatal, los campesinos colombianos —las grandes víctimas del conflicto, según la Comisión de la Verdad— no.
Tampoco veo por qué haya que temer a los segundos y no a los primeros. Lafaurie, en entrevista radial a la W (no oigo esos programas, pero estaba en un taxi), presentó su caso, intentando mostrar que promover la organización campesina es peligrosísimo. Afirmó, por ejemplo, que unos labriegos habían degollado en Los Pozos a un agente del Esmad. Si esto en realidad ocurrió (y no fueron disidencias ni otro actor armado), naturalmente es un evento terrible. Sin embargo, el listado de damnificados de los campesinos organizados ha de ser corto. Los campesinos han creado asociaciones y sindicatos, no brigadas. Tales entidades podrán tener víctimas a cuestas, pero son pocas. Si el Estado las incorpora a programas de inclusión y de reforma, eso más bien invita a una interacción institucionalizada entre ellos y otros actores del agro.
En cambio, les han disparado sin cesar durante décadas. En parte no despreciable, esas balas provinieron de brigadas ganaderas. Ellas tomaron múltiples formas y casi siempre fueron respaldadas por el Estado. Pero constituyeron durante años un peligro aterrador, aunque por desgracia no haya en la W alguien que pueda o quiera recordarlo. Mataron en masa y a placer, no solo degollando, sino masacrando, torturando, despojando, violando, quemando casas. Lo dijo muy bien Benito Osorio Villadiego, dirigente ganadero (exgerente del Fondo de Córdoba) quien participó en la experiencia: éramos pirómanos. A propósito: también pasando masivamente por encima de los derechos de propiedad de los campesinos. ¿O es que esos derechos no cuentan?
No es algo muy fraterno ni edificante. Ni tampoco tiene mucho sentido que un sector de la sociedad, que ha disfrutado (con razón o sin ella; ese es otro debate) de permanente promoción y financiación estatal masiva, se declare en estado de alarma porque se promueva a otro sector, golpeado y vulnerable. ¿No sería mejor mantener conversaciones serias y cuidadosas sobre lo construido?