El fiscal Martínez, Uribe y 16 generales: tapen, tapen
No deja de ser una paradoja que a quienes más les disgustan los derechos humanos —y en consecuencia más los atropellan— es a los gobernantes matriculados en la extrema derecha. El caso de Álvaro Uribe es representativo, porque tras actuar 20 años como miembro del Partido Liberal llega a la Presidencia de la República a aplicar una política militarista y represiva, antípoda del liberalismo y solo equiparable con los abusos que se cometieron durante la feroz dictadura del general Augusto Pinochet en Chile, a la que este mismo calificó de ‘dictablanda’.
Mientras Pinochet desapareció a más de 3.000 personas, muchas arrojadas al mar desde aviones, el gobierno Uribe emitía desde el Ministerio de Defensa directivas como la 029 de 2005, donde puso precio de $3.800.000 por cuerpo de guerrillero muerto, en desarrollo de una escabrosa política de recompensas que según editorial de El Espectador “propició alianzas criminales dedicadas a la fabricación de cadáveres”. Con ello se referían a la genocida práctica de los ‘falsos positivos’, nombre eufemístico para los más de 4.000 asesinatos de jóvenes inermes que se presentaron en los ocho años del régimen de la mal llamada Seguridad Democrática.
Ese desprecio por los derechos humanos en el caso de Uribe se materializó además en persecución desde los aparatos del Estado, mediante interceptación de líneas telefónicas o guerra psicológica de la que fueron víctimas periodistas, defensores de derechos humanos, opositores y hasta la Corte Suprema de Justicia: sembraron micrófonos en sus salas de audiencia y escudriñaron hasta en el manejo de las finanzas de los magistrados.
No es por simple coincidencia que mientras Pinochet decía que “los derechos humanos son una invención de los marxistas”, hoy Uribe se defiende alegando que “todas las denuncias por supuesta persecución de defensores de derechos humanos se originaron como represalia a que, siendo presidente, desenmascaré la estrategia utilizada por áulicos del terrorismo, de excusarse en la defensa de los derechos humanos”. Óigase bien: todas, absolutamente todas las demandas que tiene en su contra, son “represalia”. (Ver defensa de Uribe).
En los expedientes que ‘reposan’ en los atiborrados anaqueles de la Comisión de Acusaciones de la Cámara, el nombre que más aparece es el de Álvaro Uribe Vélez. Está impreso 261 veces, en igual número de procesos inconclusos, sobre el renglón reservado para el ‘presunto sindicado’.
Sea como fuere, constituye una luz al final del túnel la visita que hizo a Colombia la fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, para indagar sobre “los pocos avances de la justicia nacional en los casos de ejecuciones extrajudiciales, sobre todo a la hora de encontrar a los máximos responsables de estos crímenes de lesa humanidad”. (Ver noticia).
Dicha visita incluyó una reunión con su homólogo el fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez. Al final del encuentro quedaron sembradas nubes negras, porque mientras este declaró socarronamente que “se estrecharon lazos de cooperación entre ambas instancias”, la CPI lo que menos encontró fue cooperación, según constancia que dejó en rueda de prensa al final de la jornada: “Necesitamos información tangible y específica que demuestre la existencia de pasos investigativos concretos adecuados para llevar esos casos a la justicia. La ausencia de información específica nos coloca en una posición muy incómoda”.
Según Fabricio Guariglia, director de la división de enjuiciamiento de la CPI que acompañó a Bensouda en la rueda de prensa, las investigaciones que ha hecho la justicia colombiana han permitido llegar “hasta los mandos intermedios de la cadena de mando". Esto significa que aún falta llegar a los 16 generales del Ejército, activos y retirados (entre ellos el actual comandante de las FF. MM., general Juan Pablo Rodríguez Barragán), sobre los cuales la Fiscalía de Eduardo Montealegre inició investigaciones, según informó Human Rights Watch (HRW) en informe titulado El rol de los altos mandos en falsos positivos. (Ver informe).
Constituye claro motivo de sospecha saber que fue en busca de esa información que la fiscal de la CPI visitó a Colombia, pero el fiscal Martínez Neira no quiso entregársela. Y sumado al desplante, tuvo además la desfachatez de pedirle “la evidencia que posea” sobre esos crímenes, lo cual suscitó este comentario de un espontáneo en Facebook: “¿Y eso, como para qué sería? ¿Quizá para advertirles a algunos generales o a un "patriota" de lo que les corre pierna arriba...?”.
Lo de patriota, dicho por el mismo Martínez Neira sobre Uribe en abril de 2015 (“Uribe no se opone a la paz, es un patriota”), permite entender con claridad por qué doña Fatou abandonó el país con las manos vacías: se advierte una coincidencia de intereses entre la Fiscalía, los generales investigados y el mismo Álvaro Uribe, de cuya majestad presidencial habrían emanado las órdenes determinantes para la puesta en marcha de la salvaje máquina de muerte conocida como los ‘falsos positivos’, que sembró de dolor de madres todos los rincones de la geografía nacional, comenzando por Soacha.
Al día presente, todo indica que para salvar la institucionalidad se les quiere dar el carácter de ‘excesos’ a los crímenes de lesa humanidad que se cometieron durante el gobierno de Uribe. Como si ya supieran lo que a él le respira en la nuca, tratan de protegerlo. Uno ve al fiscal general con su falsa sonrisa de sainete ante la fiscal delegada de la CPI, y queda con la ominosa impresión de que lo pusieron ahí para tapar y proteger los mismos intereses que por identidad ideológica le son afines a la extrema derecha.
Pero la CPI sigue haciendo su trabajo y, si de algo sirvió su visita, fue para constatar que a quienes tiene en la mira es a los mismos que la Fiscalía se empeña en sacar limpios de toda culpa. Impunes, como lo estuvo el general Pinochet hasta el final de sus días.
¿Lograrán el maquiavélico Álvaro Uribe, el cómplice fiscal Martínez y los 16 generales inculpados salirse con la suya…? O, ¿se atreverán esos oficiales a presentarse ante la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) y contar lo que saben, para quedar limpios de culpa? No deje de ver el próximo capítulo de tan intrigante serie…
DE REMATE: Esta columna fue escrita a solicitud de la periodista Juliana García para el portal Hechoencali.com, especializado en derechos humanos. Debido a la relevancia y actualidad del tema, me he permitido compartirla también aquí.
En Twitter: @Jorgomezpinilla
http://jorgegomezpinilla.blogspot.com.co
No deja de ser una paradoja que a quienes más les disgustan los derechos humanos —y en consecuencia más los atropellan— es a los gobernantes matriculados en la extrema derecha. El caso de Álvaro Uribe es representativo, porque tras actuar 20 años como miembro del Partido Liberal llega a la Presidencia de la República a aplicar una política militarista y represiva, antípoda del liberalismo y solo equiparable con los abusos que se cometieron durante la feroz dictadura del general Augusto Pinochet en Chile, a la que este mismo calificó de ‘dictablanda’.
Mientras Pinochet desapareció a más de 3.000 personas, muchas arrojadas al mar desde aviones, el gobierno Uribe emitía desde el Ministerio de Defensa directivas como la 029 de 2005, donde puso precio de $3.800.000 por cuerpo de guerrillero muerto, en desarrollo de una escabrosa política de recompensas que según editorial de El Espectador “propició alianzas criminales dedicadas a la fabricación de cadáveres”. Con ello se referían a la genocida práctica de los ‘falsos positivos’, nombre eufemístico para los más de 4.000 asesinatos de jóvenes inermes que se presentaron en los ocho años del régimen de la mal llamada Seguridad Democrática.
Ese desprecio por los derechos humanos en el caso de Uribe se materializó además en persecución desde los aparatos del Estado, mediante interceptación de líneas telefónicas o guerra psicológica de la que fueron víctimas periodistas, defensores de derechos humanos, opositores y hasta la Corte Suprema de Justicia: sembraron micrófonos en sus salas de audiencia y escudriñaron hasta en el manejo de las finanzas de los magistrados.
No es por simple coincidencia que mientras Pinochet decía que “los derechos humanos son una invención de los marxistas”, hoy Uribe se defiende alegando que “todas las denuncias por supuesta persecución de defensores de derechos humanos se originaron como represalia a que, siendo presidente, desenmascaré la estrategia utilizada por áulicos del terrorismo, de excusarse en la defensa de los derechos humanos”. Óigase bien: todas, absolutamente todas las demandas que tiene en su contra, son “represalia”. (Ver defensa de Uribe).
En los expedientes que ‘reposan’ en los atiborrados anaqueles de la Comisión de Acusaciones de la Cámara, el nombre que más aparece es el de Álvaro Uribe Vélez. Está impreso 261 veces, en igual número de procesos inconclusos, sobre el renglón reservado para el ‘presunto sindicado’.
Sea como fuere, constituye una luz al final del túnel la visita que hizo a Colombia la fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, para indagar sobre “los pocos avances de la justicia nacional en los casos de ejecuciones extrajudiciales, sobre todo a la hora de encontrar a los máximos responsables de estos crímenes de lesa humanidad”. (Ver noticia).
Dicha visita incluyó una reunión con su homólogo el fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez. Al final del encuentro quedaron sembradas nubes negras, porque mientras este declaró socarronamente que “se estrecharon lazos de cooperación entre ambas instancias”, la CPI lo que menos encontró fue cooperación, según constancia que dejó en rueda de prensa al final de la jornada: “Necesitamos información tangible y específica que demuestre la existencia de pasos investigativos concretos adecuados para llevar esos casos a la justicia. La ausencia de información específica nos coloca en una posición muy incómoda”.
Según Fabricio Guariglia, director de la división de enjuiciamiento de la CPI que acompañó a Bensouda en la rueda de prensa, las investigaciones que ha hecho la justicia colombiana han permitido llegar “hasta los mandos intermedios de la cadena de mando". Esto significa que aún falta llegar a los 16 generales del Ejército, activos y retirados (entre ellos el actual comandante de las FF. MM., general Juan Pablo Rodríguez Barragán), sobre los cuales la Fiscalía de Eduardo Montealegre inició investigaciones, según informó Human Rights Watch (HRW) en informe titulado El rol de los altos mandos en falsos positivos. (Ver informe).
Constituye claro motivo de sospecha saber que fue en busca de esa información que la fiscal de la CPI visitó a Colombia, pero el fiscal Martínez Neira no quiso entregársela. Y sumado al desplante, tuvo además la desfachatez de pedirle “la evidencia que posea” sobre esos crímenes, lo cual suscitó este comentario de un espontáneo en Facebook: “¿Y eso, como para qué sería? ¿Quizá para advertirles a algunos generales o a un "patriota" de lo que les corre pierna arriba...?”.
Lo de patriota, dicho por el mismo Martínez Neira sobre Uribe en abril de 2015 (“Uribe no se opone a la paz, es un patriota”), permite entender con claridad por qué doña Fatou abandonó el país con las manos vacías: se advierte una coincidencia de intereses entre la Fiscalía, los generales investigados y el mismo Álvaro Uribe, de cuya majestad presidencial habrían emanado las órdenes determinantes para la puesta en marcha de la salvaje máquina de muerte conocida como los ‘falsos positivos’, que sembró de dolor de madres todos los rincones de la geografía nacional, comenzando por Soacha.
Al día presente, todo indica que para salvar la institucionalidad se les quiere dar el carácter de ‘excesos’ a los crímenes de lesa humanidad que se cometieron durante el gobierno de Uribe. Como si ya supieran lo que a él le respira en la nuca, tratan de protegerlo. Uno ve al fiscal general con su falsa sonrisa de sainete ante la fiscal delegada de la CPI, y queda con la ominosa impresión de que lo pusieron ahí para tapar y proteger los mismos intereses que por identidad ideológica le son afines a la extrema derecha.
Pero la CPI sigue haciendo su trabajo y, si de algo sirvió su visita, fue para constatar que a quienes tiene en la mira es a los mismos que la Fiscalía se empeña en sacar limpios de toda culpa. Impunes, como lo estuvo el general Pinochet hasta el final de sus días.
¿Lograrán el maquiavélico Álvaro Uribe, el cómplice fiscal Martínez y los 16 generales inculpados salirse con la suya…? O, ¿se atreverán esos oficiales a presentarse ante la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) y contar lo que saben, para quedar limpios de culpa? No deje de ver el próximo capítulo de tan intrigante serie…
DE REMATE: Esta columna fue escrita a solicitud de la periodista Juliana García para el portal Hechoencali.com, especializado en derechos humanos. Debido a la relevancia y actualidad del tema, me he permitido compartirla también aquí.
En Twitter: @Jorgomezpinilla
http://jorgegomezpinilla.blogspot.com.co