Crimen y no castigo

Un documento con fecha del 20 de enero de este año ayudaría a entender por qué el Ejército estaba perfilando, espiando y chuzando a abogados del Colectivo José Alvear Restrepo y del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, como lo denunció la revista Semana en su especial titulado “Las carpetas secretas”.

El documento tiene 195 páginas y en ellas se presenta un completo informe que contiene una serie de patrones en la planeación, la ejecución y el encubrimiento de los asesinatos extrajudiciales llevados a cabo por el Ejército, conocidos como “falsos positivos”. En el documento se demuestra que esta era no solo una práctica tolerada, sino que también se ejecutaba desde los altos mandos, como pasó en el Batallón La Popa durante la comandancia del coronel Hernán Mejía.

Tras escuchar 40 versiones que dieron 32 exintegrantes del Batallón La Popa, en las que figuran 146 víctimas que habrían sido ejecutadas extrajudicialmente entre 2002 y 2005, el Colectivo José Alvear Restrepo y el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos realizaron el informe de observaciones que ya está en manos de la JEP.

El reporte narra diez elementos que demuestran que las víctimas del Ejército para los falsos positivos eran cuidadosamente escogidas y seleccionadas por determinados rasgos como ser indígena, ser señalado de guerrillero o desmovilizado, o por cosas tan simples como estar indocumentado, tener antecedentes, ser menor de edad o de bajos recursos, como recicladores y habitantes de la calle. (Ver Observaciones).

Qué horror.

El criterio de selección para las muertes también incluía a personas en situación de discapacidad o pertenecientes a la comunidad LGBT, como lo dijo un militar el 7 de diciembre de 2007 en Valledupar cuando confesó que ejecutaron a un joven que se les acercó a hablar, simplemente porque se veía “como gay”. El objetivo, vaya novedad, era presentarlo después como un guerrillero muerto en combate.

Todo esto ocurrió bajo la comandancia del coronel Publio Hernán Mejía Gutiérrez. Por eso es importante recordar las múltiples declaraciones del coronel Mejía frente a los indígenas. El alto oficial estigmatizaba y acusaba constantemente a esas a poblaciones de ser “terroristas o amigos de los terroristas”. (Ver Revictimización).

Según las versiones de los mismos militares que hacían parte de ese batallón, indígenas de las etnias wiwa y kankuamo, habitantes de la Sierra Nevada de Santa Marta, fueron recurrentes víctimas de falsos positivos, ya que “eran personas que eran retenidas en retenes y no tenían papeles”. (Ver Etnias).

Incluso un teniente dijo a la JEP que un indígena fue golpeado e interrogado hasta que fue obligado a “confesar” que colaboraba con la guerrilla. Después recibió su sentencia, que fue la muerte para ser presentado como un terrorista caído en combate. El delito finalmente se descubrió, ya que tenía puesto un uniforme de la guerrilla con otras prendas de las Auc. Espeluznante y mal ejecutado.

Por su parte, el coronel Mejía insiste en que él desconoce los delitos de los que se le acusa por su comandancia del Batallón La Popa y no reconoce los hechos, como lo ha hecho también frente a varias columnas que he escrito documentando estos temas. (Ver Desconocimiento).

Por eso es que el Ejército, como lo reveló Semana, ha espiado los movimientos de los funcionarios del Colectivo de Abogados, para saber la estrategia de defensa de las víctimas de los falsos positivos. (Ver Las carpetas secretas).

La pregunta importante es quién o quiénes han sido los receptores de esta información ilegal y de esas carpetas secretas.

No se puede olvidar que el coronel Mejía es un amigo cercano de la representante a la Cámara por el Centro Democrático María Fernanda Cabal y de su esposo, el ganadero y presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie.

Pese a que en 2013 el Juzgado Sexto Especializado de Bogotá condenó al oficial Mejía a 19 años de cárcel por aliarse con el paramilitarismo, como consecuencia de toda la evidencia que existía en su contra, además de la nueva que se conoce gracias a los procesos en la JEP, el militar sigue siendo tratado como un héroe por un grupo político.

Como se ha dicho en esta columna, cuando el coronel Mejía, desde su condena en una instalación militar en Bogotá, publicó un libro titulado Me niego a arrodillarme, fue acogido como un texto de quien defiende el honor militar y no de un comandante que abusó de su poder y terminó involucrado en asesinatos extrajudiciales. (Ver Más sobre el coronel Mejía)

De acuerdo a un reporte de Noticias Uno de ese momento, al dirigirse a los asistentes en el lanzamiento del libro, la representante Cabal estableció que “desde hace nueve años yo visito al coronel Hernán Mejía y a muchos otros soldados injustamente encadenados por haber enfrentado el terror”.

Incluso el expresidente Álvaro Uribe Vélez le envió un mensaje al oficial en el que decía: “Estimado coronel Mejía, lo felicito por su entereza. Solamente alguien de su fortaleza moral, en medio de tanta persecución, es capaz de producir el libro que hoy presenta. Hemos sufrido una larga noche de injusticias que tendremos que superar”. (Ver Felicitaciones).

Equivocado el expresidente, ya que persecución es lo que hizo el Batallón La Popa bajo la comandancia del coronel Mejía en contra de indígenas, homosexuales, indocumentados, discapacitados, menores de edad e indigentes para asesinarlos y presentarlos como logros de combate.

Y persecución es la que se está haciendo ahora con labores de espionaje ilegal contra los periodistas y abogados que se atreven a denunciar estas graves violaciones a los derechos humanos cometidas por integrantes de las Fuerzas Armadas.

Un ciclo en el que el Ejército continúa cometiendo delitos para tapar sus delitos anteriores.

@yohirakerman, akermancolumnista@gmail.com