El 2016 ambiental de Colombia

El 2016 será un año difícil para Colombia por la magnitud de los retos que se avecinan. Dentro de ellos, nuestra relación con el medio ambiente es la que más dolores de cabeza le traerá al Gobierno en su intento por alejarnos de los tipos productivos que, si bien son útiles en tiempos de crisis económica, le causan más daño a nuestra sostenibilidad ambiental. Estos son algunos de los temas que estarán en la agenda y que necesitan supervisión ciudadana constante. De las decisiones que se tomen el año entrante dependerá, en gran medida, el futuro ambiental del país.

Los efectos del Acuerdo de París tienen que aterrizar cuanto antes en Colombia. Según los datos del Gobierno, usados para la negociación en Francia, el país tiene cuatro puntos críticos de deforestación: Caquetá, Putumayo, Meta y Guaviare. Aproximadamente la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero del país provienen de la deforestación, la degradación de los bosques y el sector agrícola. El Ideam presentó los resultados anuales de deforestación con una mala noticia: esta aumentó 16 % en el último año.

Entre los compromisos del país, destacamos dos: llegar en cinco años a una tasa de deforestación de cero en el Amazonas y reducir para el 2030 en 20 % las emisiones del país. Los incentivos están: si se cumple la primera meta, Alemania, Reino Unido y Noruega entregarán a Colombia US$100 millones a cambio de nuestro aporte a la conservación. Si no cumplimos con la segunda, las consecuencias serán catastróficas a nivel mundial.

Sin embargo, debido a la crisis económica, la dependencia en Ecopetrol, el descontrol de la minería ilegal y del narcotráfico y la falta de preparación del país para buscar alternativas, no será fácil llegar a los resultados esperados. La presión de los colombianos tiene que ser constante.

En ese sentido, es contraproducente la creación de las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (Zidres). De acuerdo con el proyecto, que cuenta con un fuerte respaldo del sector agroindustrial, se permitiría extraer zonas de reserva forestal sin que puedan intervenir ni las autoridades locales ni el Sistema Nacional Ambiental. Ese es otro tema que debe aclarar el Gobierno.

Además, todo lo relacionado con el manejo de la tierra tiende a complejizarse si, como esperamos, se acuerda el fin del conflicto con las Farc. El texto pactado en La Habana sobre Reforma Rural Integral tiene varios compromisos que aún no es claro cómo van a articularse con la política de tierras nacional. Eso, sin mencionar todas las pugnas territoriales que se vendrán cuando las Farc dejen los espacios que controlan. El Ejército y el Gobierno deben garantizar la presencia del Estado y la protección de los derechos de los ciudadanos, así como implementar alternativas de producción que los ayuden a superar la pobreza.

El reto no es fácil, y ni siquiera hemos hablado de los problemas energéticos, ni de los humedales y páramos. En eso último también juegan las autoridades locales. Le reiteramos al alcalde electo de Bogotá, Enrique Peñalosa, nuestra solicitud de que no deje a un lado los temas ambientales, y reconsidere su posición en temas como la Reserva Van der Hammen.

Esperamos que el 2016 sea un punto de quiebre que nos encamine a ser un país más sostenible. Es necesario.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a yosoyespectador@gmail.com.

El 2016 será un año difícil para Colombia por la magnitud de los retos que se avecinan. Dentro de ellos, nuestra relación con el medio ambiente es la que más dolores de cabeza le traerá al Gobierno en su intento por alejarnos de los tipos productivos que, si bien son útiles en tiempos de crisis económica, le causan más daño a nuestra sostenibilidad ambiental. Estos son algunos de los temas que estarán en la agenda y que necesitan supervisión ciudadana constante. De las decisiones que se tomen el año entrante dependerá, en gran medida, el futuro ambiental del país.

Los efectos del Acuerdo de París tienen que aterrizar cuanto antes en Colombia. Según los datos del Gobierno, usados para la negociación en Francia, el país tiene cuatro puntos críticos de deforestación: Caquetá, Putumayo, Meta y Guaviare. Aproximadamente la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero del país provienen de la deforestación, la degradación de los bosques y el sector agrícola. El Ideam presentó los resultados anuales de deforestación con una mala noticia: esta aumentó 16 % en el último año.

Entre los compromisos del país, destacamos dos: llegar en cinco años a una tasa de deforestación de cero en el Amazonas y reducir para el 2030 en 20 % las emisiones del país. Los incentivos están: si se cumple la primera meta, Alemania, Reino Unido y Noruega entregarán a Colombia US$100 millones a cambio de nuestro aporte a la conservación. Si no cumplimos con la segunda, las consecuencias serán catastróficas a nivel mundial.

Sin embargo, debido a la crisis económica, la dependencia en Ecopetrol, el descontrol de la minería ilegal y del narcotráfico y la falta de preparación del país para buscar alternativas, no será fácil llegar a los resultados esperados. La presión de los colombianos tiene que ser constante.

En ese sentido, es contraproducente la creación de las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (Zidres). De acuerdo con el proyecto, que cuenta con un fuerte respaldo del sector agroindustrial, se permitiría extraer zonas de reserva forestal sin que puedan intervenir ni las autoridades locales ni el Sistema Nacional Ambiental. Ese es otro tema que debe aclarar el Gobierno.

Además, todo lo relacionado con el manejo de la tierra tiende a complejizarse si, como esperamos, se acuerda el fin del conflicto con las Farc. El texto pactado en La Habana sobre Reforma Rural Integral tiene varios compromisos que aún no es claro cómo van a articularse con la política de tierras nacional. Eso, sin mencionar todas las pugnas territoriales que se vendrán cuando las Farc dejen los espacios que controlan. El Ejército y el Gobierno deben garantizar la presencia del Estado y la protección de los derechos de los ciudadanos, así como implementar alternativas de producción que los ayuden a superar la pobreza.

El reto no es fácil, y ni siquiera hemos hablado de los problemas energéticos, ni de los humedales y páramos. En eso último también juegan las autoridades locales. Le reiteramos al alcalde electo de Bogotá, Enrique Peñalosa, nuestra solicitud de que no deje a un lado los temas ambientales, y reconsidere su posición en temas como la Reserva Van der Hammen.

Esperamos que el 2016 sea un punto de quiebre que nos encamine a ser un país más sostenible. Es necesario.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a yosoyespectador@gmail.com.