El acuerdo camionero

Por fin, después de 45 días de negociaciones estancadas, con peticiones que no tenían en cuenta la necesidad de una reforma estructural al transporte de carga en Colombia, y opacadas por las vías de hecho que algunas personas tomaron en las carreteras del país, el pasado viernes se levantó el paro camionero con un acuerdo que, en apariencia, promete interrumpir el ciclo interminable de paros sobre este tema.

Lo dijimos en su momento: varias de las reclamaciones de los transportadores no eran sensatas y quedaba la amarga sensación de que buscaban favorecer ciertos intereses particulares. Lo frustrante es que los más desfavorecidos, los pequeños transportadores que se han visto afectados por múltiples factores ajenos a ellos, estaban siendo silenciados entre tanto caos. Y, claro, se corría el riesgo de cometer el error de siempre de tomar decisiones cortoplacistas que no harían otra cosa más que posponer el paro hasta el 2017.

Por eso, es de celebrar la actitud del Gobierno, liderado por el ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas. Se lo explicó a El Espectador esta semana: “Cuando se negocia algo insostenible, usted no le puede cumplir al generador ni al transportador. Entonces hay un nuevo paro”. Lo necesario era tomar decisiones difíciles que atendieran el problema de fondo.

En ese sentido, los dos puntos más importantes pactados son un paso en la dirección correcta.

Primero, se mantiene el esquema, lo que implica que los actores de la cadena de transporte pueden pactar libremente los precios dentro de unas tarifas de referencia y de un marco de vigilancia. En caso de que haya distorsiones en una ruta determinada, el Gobierno Nacional podrá intervenir para establecer nuevamente el equilibrio comercial. Esto, que evita revivir una tabla de tarifas que iba a incrementar los costos del transporte de manera desmedida, atiende a la idea de que en este mercado hay suficientes opciones para que los precios los regulen la oferta y la demanda, pero dejando la puerta abierta para corregir cualquier exceso que viole los derechos fundamentales de los trabajadores.

Hay que decirlo: así se favorece la competencia que tiene en aprietos a los pequeños transportadores, pero, en el balance final, esto es preferible a los sobrecostos del proteccionismo terco. En compensación, se pactaron mejores condiciones laborales para los camioneros, algo cuyo cumplimiento deberá ser vigilado con lupa.

El segundo punto controversial fue el de la chatarrización, que otorga un presupuesto de $830 millones para modernizar las flotas bajo el modelo de cambiar un camión viejo por uno nuevo. Este punto es particularmente álgido debido a las sospechas que hay sobre actos ilícitos en los procesos de chatarrización que se han adelantado hasta ahora. Rojas aceptó que la transparencia en este tema “es el reto del Ministerio”, y que ya tienen “el mapa de riesgo y, luego de haberlo revisado, estamos diseñando un nuevo procedimiento que entregaremos muy pronto y que no tendrá intermediarios ni adentro ni afuera del proceso”. Queda, entonces, comprometido el Gobierno para solucionar de una vez por todas el problema. Esperemos que su plan dé resultados contundentes.

Gracias al acuerdo, se normalizó el transporte y Colombia todavía está pagando los costos de un paro demasiado largo, como el aumento en las tasas de interés. Que esta sea una lección histórica, y que la política de transporte se haga con tiempo, en reuniones continuas con voz para todas las partes, y no de paro en paro. Ese conflicto poco le aporta al país.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a yosoyespectador@gmail.com.

Por fin, después de 45 días de negociaciones estancadas, con peticiones que no tenían en cuenta la necesidad de una reforma estructural al transporte de carga en Colombia, y opacadas por las vías de hecho que algunas personas tomaron en las carreteras del país, el pasado viernes se levantó el paro camionero con un acuerdo que, en apariencia, promete interrumpir el ciclo interminable de paros sobre este tema.

Lo dijimos en su momento: varias de las reclamaciones de los transportadores no eran sensatas y quedaba la amarga sensación de que buscaban favorecer ciertos intereses particulares. Lo frustrante es que los más desfavorecidos, los pequeños transportadores que se han visto afectados por múltiples factores ajenos a ellos, estaban siendo silenciados entre tanto caos. Y, claro, se corría el riesgo de cometer el error de siempre de tomar decisiones cortoplacistas que no harían otra cosa más que posponer el paro hasta el 2017.

Por eso, es de celebrar la actitud del Gobierno, liderado por el ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas. Se lo explicó a El Espectador esta semana: “Cuando se negocia algo insostenible, usted no le puede cumplir al generador ni al transportador. Entonces hay un nuevo paro”. Lo necesario era tomar decisiones difíciles que atendieran el problema de fondo.

En ese sentido, los dos puntos más importantes pactados son un paso en la dirección correcta.

Primero, se mantiene el esquema, lo que implica que los actores de la cadena de transporte pueden pactar libremente los precios dentro de unas tarifas de referencia y de un marco de vigilancia. En caso de que haya distorsiones en una ruta determinada, el Gobierno Nacional podrá intervenir para establecer nuevamente el equilibrio comercial. Esto, que evita revivir una tabla de tarifas que iba a incrementar los costos del transporte de manera desmedida, atiende a la idea de que en este mercado hay suficientes opciones para que los precios los regulen la oferta y la demanda, pero dejando la puerta abierta para corregir cualquier exceso que viole los derechos fundamentales de los trabajadores.

Hay que decirlo: así se favorece la competencia que tiene en aprietos a los pequeños transportadores, pero, en el balance final, esto es preferible a los sobrecostos del proteccionismo terco. En compensación, se pactaron mejores condiciones laborales para los camioneros, algo cuyo cumplimiento deberá ser vigilado con lupa.

El segundo punto controversial fue el de la chatarrización, que otorga un presupuesto de $830 millones para modernizar las flotas bajo el modelo de cambiar un camión viejo por uno nuevo. Este punto es particularmente álgido debido a las sospechas que hay sobre actos ilícitos en los procesos de chatarrización que se han adelantado hasta ahora. Rojas aceptó que la transparencia en este tema “es el reto del Ministerio”, y que ya tienen “el mapa de riesgo y, luego de haberlo revisado, estamos diseñando un nuevo procedimiento que entregaremos muy pronto y que no tendrá intermediarios ni adentro ni afuera del proceso”. Queda, entonces, comprometido el Gobierno para solucionar de una vez por todas el problema. Esperemos que su plan dé resultados contundentes.

Gracias al acuerdo, se normalizó el transporte y Colombia todavía está pagando los costos de un paro demasiado largo, como el aumento en las tasas de interés. Que esta sea una lección histórica, y que la política de transporte se haga con tiempo, en reuniones continuas con voz para todas las partes, y no de paro en paro. Ese conflicto poco le aporta al país.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a yosoyespectador@gmail.com.