¿Por qué están muriendo los niños en La Guajira?

¿Cómo es posible que, pese a las alertas y al aparente compromiso del Estado colombiano, los niños en La Guajira y en el resto del país sigan falleciendo por desnutrición y otras causas asociadas a la corrupción? El 8 de febrero, gracias a Stevenson Marulanda, secretario de Salud de La Guajira, Colombia se enteró de la hospitalización de 16 niños de una misma familia con cuadros severos de desnutrición. Hasta la fecha se han reportado por lo menos seis muertes de niños por falta de alimentación adecuada. La situación es inaceptable y requiere de un actuar contundente por parte de las autoridades.

“La situación en realidad en La Guajira no ha cambiado, como lo hemos venido reportando desde hace más de cuatro años. La problemática de la desnutrición está exterminando nuestra niñez”, le dijo a Blu Radio Javier Rojas, líder de la etnia wayúu, la población más afectada por las deficiencias en alimentos. Según los informes que se entregaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en los últimos ocho años habrían muerto 4.770 niños de esa comunidad debido a problemas relacionados con alimentación y falta de agua potable. Por eso, entre otras cosas, la CIDH, en diciembre del año pasado, decretó medidas cautelares a favor de los niños y adolescentes de las comunidades de Uribia, Manaure, Riohacha y Maicao del pueblo wayuu. Éstas le exigen al Estado las medidas necesarias para proteger los derechos de todos los afectados, pero las cifras en lo que va corrido del 2016 demuestran, cuando menos, la impotencia de las autoridades frente a la crisis.

Es extraño, por decir lo menos, que los altos funcionarios del Gobierno se dejen distraer por un debate que se ha tornado agresivo y los ha obligado a salir a la defensiva. El Ministerio de Salud ha insistido en que no todas las muertes ocurridas en La Guajira se deben a la desnutrición. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), por su parte, después de que el presidente Juan Manuel Santos ofreciera un simbólico reconocimiento de culpa al decir que algunos de los niños que murieron estaban al cuidado de ese instituto, salió a aclarar que “los niños que murieron el año pasado en La Guajira no estaban bajo protección del ICBF”, sino que fueron atendidos de paso. ¿Cuál es la utilidad de esos debates? El centro del asunto no se soluciona respondiendo a fragmentos incendiarios de la opinión pública. Más allá de las responsabilidades —que deberán definirse cuando sea el momento adecuado—, lo que se necesita son muestras claras de las acciones de choque que se están adoptando.

La mesa de diálogo sobre La Guajira, liderada por el presidente Santos, aunque tardía, es un buen primer paso. La situación no es sencilla. La sequía, el cierre de la frontera con Venezuela, la desigualdad en la zona y los choques culturales de un Estado que no ha podido aprender a conversar con las etnias indígenas, son obstáculos para solucionar el problema. El Gobierno anunció la entrega de 98 pozos de agua potable en la zona. Bien, pero la población sigue sufriendo. ¿Qué se va a hacer con la corrupción, ampliamente denunciada por el propio ICBF, que sigue causando estragos en La Guajira y en el resto del país?

Porque ese es el otro tema: la tragedia no se limita a La Guajira. La Sociedad Colombiana de Pediatría, por ejemplo, le recordó al Ejecutivo que el último Boletín Epidemiológico del Instituto Nacional de Salud, para 2014, registró en todo el país 299 muertes de niños menores de cinco años por diferentes patologías, pero que presentaban también desnutrición en algunos de sus diagnósticos. Aun si la causa principal no es la desnutrición, evidentemente hay una situación preocupante que está pidiendo acciones a gritos.

Se habla mucho de aprovechar el posconflicto para construir un nuevo país. Esta es una prueba de fuego para que el Estado colombiano demuestre que puede existir una Colombia sin hambre y, sobre todo, sin muertes prevenibles.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a yosoyespectador@gmail.com.

¿Cómo es posible que, pese a las alertas y al aparente compromiso del Estado colombiano, los niños en La Guajira y en el resto del país sigan falleciendo por desnutrición y otras causas asociadas a la corrupción? El 8 de febrero, gracias a Stevenson Marulanda, secretario de Salud de La Guajira, Colombia se enteró de la hospitalización de 16 niños de una misma familia con cuadros severos de desnutrición. Hasta la fecha se han reportado por lo menos seis muertes de niños por falta de alimentación adecuada. La situación es inaceptable y requiere de un actuar contundente por parte de las autoridades.

“La situación en realidad en La Guajira no ha cambiado, como lo hemos venido reportando desde hace más de cuatro años. La problemática de la desnutrición está exterminando nuestra niñez”, le dijo a Blu Radio Javier Rojas, líder de la etnia wayúu, la población más afectada por las deficiencias en alimentos. Según los informes que se entregaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en los últimos ocho años habrían muerto 4.770 niños de esa comunidad debido a problemas relacionados con alimentación y falta de agua potable. Por eso, entre otras cosas, la CIDH, en diciembre del año pasado, decretó medidas cautelares a favor de los niños y adolescentes de las comunidades de Uribia, Manaure, Riohacha y Maicao del pueblo wayuu. Éstas le exigen al Estado las medidas necesarias para proteger los derechos de todos los afectados, pero las cifras en lo que va corrido del 2016 demuestran, cuando menos, la impotencia de las autoridades frente a la crisis.

Es extraño, por decir lo menos, que los altos funcionarios del Gobierno se dejen distraer por un debate que se ha tornado agresivo y los ha obligado a salir a la defensiva. El Ministerio de Salud ha insistido en que no todas las muertes ocurridas en La Guajira se deben a la desnutrición. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), por su parte, después de que el presidente Juan Manuel Santos ofreciera un simbólico reconocimiento de culpa al decir que algunos de los niños que murieron estaban al cuidado de ese instituto, salió a aclarar que “los niños que murieron el año pasado en La Guajira no estaban bajo protección del ICBF”, sino que fueron atendidos de paso. ¿Cuál es la utilidad de esos debates? El centro del asunto no se soluciona respondiendo a fragmentos incendiarios de la opinión pública. Más allá de las responsabilidades —que deberán definirse cuando sea el momento adecuado—, lo que se necesita son muestras claras de las acciones de choque que se están adoptando.

La mesa de diálogo sobre La Guajira, liderada por el presidente Santos, aunque tardía, es un buen primer paso. La situación no es sencilla. La sequía, el cierre de la frontera con Venezuela, la desigualdad en la zona y los choques culturales de un Estado que no ha podido aprender a conversar con las etnias indígenas, son obstáculos para solucionar el problema. El Gobierno anunció la entrega de 98 pozos de agua potable en la zona. Bien, pero la población sigue sufriendo. ¿Qué se va a hacer con la corrupción, ampliamente denunciada por el propio ICBF, que sigue causando estragos en La Guajira y en el resto del país?

Porque ese es el otro tema: la tragedia no se limita a La Guajira. La Sociedad Colombiana de Pediatría, por ejemplo, le recordó al Ejecutivo que el último Boletín Epidemiológico del Instituto Nacional de Salud, para 2014, registró en todo el país 299 muertes de niños menores de cinco años por diferentes patologías, pero que presentaban también desnutrición en algunos de sus diagnósticos. Aun si la causa principal no es la desnutrición, evidentemente hay una situación preocupante que está pidiendo acciones a gritos.

Se habla mucho de aprovechar el posconflicto para construir un nuevo país. Esta es una prueba de fuego para que el Estado colombiano demuestre que puede existir una Colombia sin hambre y, sobre todo, sin muertes prevenibles.

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